La semana pasada se puso de manifiesto una vez más cuán lejos estamos de resolver los problemas de fondo que atañen a la niñez y a la adolescencia en la Argentina. A todo lo que ya conocemos, se sumó la aprobación de un Presupuesto recortado y la renuncia del defensor nacional adjunto de la Defensoría Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
¿Por qué resulta sumamente relevante hablar de Presupuesto? Porque estamos haciendo referencia a la distribución que se le dará a los escasos recursos con los que cuenta el Estado y, por ende, definiendo las prioridades del Gobierno. En este punto, el Presupuesto aprobado recientemente por el oficialismo en Diputados presenta el desfinanciamiento de uno de los mayores programas de cobertura a la niñez, que integra las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH), con una quita, en términos reales, del 7 por ciento. En tanto, los fondos totales destinados a la primera infancia disminuyen un 2,7%, según alerta la propia Oficina de Presupuesto del Congreso.
En un contexto de fragilidad social, donde la pobreza extrema afecta al 18,7% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA), y donde la pobreza infantil llegaría al 62,9% hacia fines de años, según informes de UNICEF, resulta sorprendente, por irrisoria, la decisión de seguir profundizando las desigualdades en la distribución de ingresos y el vaciamiento de las políticas alimentarias.
Esta situación se ve agravada, por la denuncia que el defensor nacional adjunto de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Fabián Repetto, presentó al momento de renunciar, en la que señala una situación de pasividad de la Defensoría frente al desfinanciamiento del presupuesto de la infancia, la falta de debate interno, la ausencia de información pública hacia dentro del organismo y la nula articulación con las defensorías provinciales.
Recordemos que la conformación de este organismo, que debiera controlar y velar por la protección y la promoción integral de los derechos de los niños y adolescentes, requirió más de quince años de espera y que se logró después del esfuerzo enorme de muchos sectores de la sociedad. Por lo que su conformación y funcionamiento no deberían ser nunca teñidos por la mediocridad de quienes creen que estos espacios deben responder a los gobiernos de turno y no a la niñez.
El anuncio sobre la ampliación de la AUH, así como la búsqueda de los niños y adolescentes que no tienen protección de la seguridad social es necesario, por esa razón fue una de las prioridades de nuestro gobierno y vemos fundamental su continuidad. Sin embargo, el anuncio del Presidente no acuerda con el recorte presupuestario votado horas antes nada más.
Elisa Carrió, con el proyecto sobre Ingreso Ciudadano a las Niñez, sentó las bases de lo que entendemos debe ser una política real de distribución de ingresos y de prioridad en el sector más vulnerable de nuestra sociedad, que, indefectiblemente, debe ser acompañado de políticas universales como la educación y la salud, y focalizadas para que puedan llegar realmente a los sectores más postergados. Sin embargo, seguimos instrumentando políticas paliativas que nos alejan de resolver los problemas de fondo.
Debemos ser conscientes del momento histórico en que nos encontramos. No es tiempo para que la política partidaria se meta en las decisiones públicas, ni para silencios cómplices, ni de relatos vacíos, es tiempo para luchar por una Argentina más justa e igualitaria, que tenga a la niñez como eje de sus decisiones.
La autora es economista, pertenece a la CC-ARI y fue directora de Niñez, Adolescencia, Juventud y Género de Anses.