La dirigencia política ha perdido su capacidad de generar confianza para resolver los problemas económicos, complejos y estructurales, que tiene el país.
Con más voluntarismo que ideas, el Gobierno viene apostando a generar confianza para la tan ansiada recuperación basada en varios puntos como el acuerdo de la deuda.
Sin embargo, aún persiste la desconfianza generada en gran medida por el sector del oficialismo que lidera Cristina Kirchner, a quien no le importa ni déficit fiscal ni la emisión monetaria. Hay funcionarios que livianamente dicen que la emisión no genera inflación o que esa inflación es un problema del Ministerio de la Producción, o que lo que se necesita es más Estado sin siquiera explicar cómo se financia. Algunos, hasta sostienen que no creen en los programas económicos.
Hoy la situación es esta: déficit fiscal extraordinario, huida acelerada del peso y de los activos argentinos, bancos sin vender dólares, una brecha cambiaria en niveles máximos, una caída sostenida de las reservas, empresas y argentinos yéndose del país. La sociedad ve derrumbarse el futuro de la Argentina.
En este contexto, nos encontramos con este Presupuesto, que se suponía que iba a incluir el Programa Económico que despejara todas las dudas, y vemos un documento incompleto y desprolijo, que habla más del pasado que del futuro.
La propuesta oficial no explica cómo vamos a reducir el déficit hasta converger al equilibrio, da una pésima señal como es la suspensión de la Ley de Responsabilidad Fiscal, cuyo objetivo radica en tener ciertas reglas generales de comportamiento fiscal para las provincias y dotar de una mayor transparencia a la gestión pública.
Se proyecta una inflación del 29%, ilusoria tras dos años de emisión monetaria récord y, lo más grave, no contiene la fórmula de movilidad de las jubilaciones, con lo cual no sabemos cómo se comportará más de la mitad del gasto en caso de que esa inflación efectivamente sea mayor.
Tampoco considera la reforma tributaria que vienen prometiendo, ni referencias a la supuesta moratoria previsional. Brilla por su ausencia la recaudación del impuesto a la riqueza ni el destino de ella.
El Presupuesto 2021 carece del mínimo atisbo de acuerdos políticos que puedan traer la confianza que el país necesita en este momento para reconducir la economía. Se jactan de ser federales y no hace más que reforzar el carácter de concentración de poder en el estado nacional con un evidente sesgo en favor de la provincia de Buenos Aires.
Hemos vuelto a las viejas prácticas, donde la Nación concentra recursos. La participación de las transferencias automáticas (coparticipación) a provincias pasaron de representar el 26,7% de la recaudación nacional en los gobiernos de Cristina Kirchner a 32,5% en 2019. En 2020 este número ya bajó al 32,2% y el Presupuesto prevé que en 2021 represente el 31,9%. Después de 4 años donde las provincias aumentaron su participación a niveles históricos, ahora nuevamente tenemos dos años donde vuelven a caer.
El gobierno nacional dice que las transferencias presupuestarias a las provincias compensan la pérdida sufrida por la coparticipación. Sin embargo, este ha sido un beneficio exclusivo para la provincia de Buenos Aires de La Cámpora y Kicillof.
Una cosa es un acuerdo político entre todos los gobernadores como lo fue el Pacto Fiscal en 2017 y otra cosa es esta distribución sin consenso, arbitraria y sesgada en favor del bastión del kirchnerismo puro. En los primeros ocho meses de 2020, la provincia de Buenos Aires se llevó casi el 50% de las transferencias presupuestarias, y que su crecimiento triplicó el del conjunto de provincias. En el otro extremo, las cuatro provincias gobernadas por Juntos por el Cambio recibieron menos transferencias por habitante que el promedio del país.
En 2021, año electoral, las provincias tendrán más flexibilidad para gastar ya que quedan sin efecto los principales puntos de la ley de Responsabilidad Fiscal. Y esto tiene consecuencias directas sobre la calidad del empleo: el empleo público ya es más que el privado en el total provincial en aquellos que tienen más dependencia tienen de los giros de fondos nacionales (coparticipación y transferencias discrecionales). No es casual que algunos pensemos que esta falta de autonomía quita incentivos para impulsar la actividad privada. Es por ello que el actual esquema de distribución de recursos fiscales desalienta “el esfuerzo y la meritocracia y premia la mediocridad”.
Nos debemos un debate profundo y serio en vistas de promover un nuevo pacto federal, pendiente desde la reforma constitucional de 1994, y que cuestione el federalismo centralizador de origen en 1934 y profundizado en el siglo XX y lo que va del XXI, un instrumento formidable de extracción de recursos a favor de la nación y en detrimento de la capacidad recaudatoria de las provincias.
Debemos ponerle fin a la “concepción metropolitana del poder central”, como dice Natalio Botana, que no es otra cosa que la mirada nacional puesta en la provincia de Buenos Aires, puertos y vías de comunicación pero que habita en menos del 10% del territorio nacional.
El autor es diputado nacional por Mendoza y presidente de la Unión Cívica Radical