Juicio por el hundimiento del ARA San Juan: un tribunal con la difícil tarea de evaluar complejas cuestiones de la profesión naval

A pocos días de cumplirse el tercer aniversario del hundimiento del submarino ARA San Juan, el expediente judicial llevado adelante por la Jueza Federal de Caleta Olivia Marta Yañez está siendo sometido a revisión por el tribunal de alzada con sede en Comodoro Rivadavia que integran los doctores Javier Leal de Ibarra ( Presidente) Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman.

La tarea de estos magistrados no es para nada sencilla ya que tendrán que decidir si el criterio que ha utilizado Yañez a la hora de dictar procesamientos ha sido correcto o si por el contrario corresponde dictar la falta de mérito (tal como sugiere al menos una de las defensas).

Las querellas por su parte pedirán agravar las imputaciones a los procesados e incluir a otro grupo de funcionarios civiles y militares, incluido el ex presidente de la Nación Mauricio Macri.

El delicado equilibrio entre ciencia jurídica y naval

En esta primera jornada de audiencias, tanto la defensa del Capitán de Navío Claudio Villamide como la del Contraalmirante Luis López Mazzeo demostraron un alto grado de compenetración con cuestiones generales del arte y la ciencia de navegar en general y con el medio naval militar en particular. La ronda de declaraciones inició con los argumentos de Juan Pablo Vigliero (defensor del ex comandante de la fuerza de submarinos Capitán de Navío Villamide). A la hora de deslindar la responsabilidad de su defendido, argumentó que de la lista de fallas o pendientes que registraba el submarino (que consta en la causa principal) muchas habían sido subsanadas y otras no hacían a la seguridad en la navegación.

En tanto, también se ocupó de remarcar que si bien Villamide era el superior directo del extinto Comandante Fernández, por una elemental norma de operatoria naval, un comandante en alta mar es quien decide qué hacer o no ante cada situación o acaecimiento de la navegación. En esa línea, reiteró que la imposibilidad de contar con los restos de la nave o con el testimonio de algún sobreviviente reduce cualquier conclusión pericial referida a la tragedia al grado de conjetural.

Para colmo, avanzar con pericias sobre las más de 6.000 imágenes obtenidas por la empresa Ocean Infinity (la que encontró los restos del submarino) no permitiría arrojar ninguna conclusión certera de fondo sobre las causas del siniestro. Lo que sí han demostrado las imágenes y es de gran valor es la resistencia del casco y fundamentalmente la excelente calidad de la soldadura perimetral realizada en el astillero Tandanor cuando se volvió a unir el submarino luego de su reparación de media vida. En principio, ese dato libera de responsabilidad a todo el personal civil y militar comprometido con la reparación.

Por otro lado, en los testimonios de profesionales submarinistas ante Yañez, el defensor no discriminó entre las distintas habilidades y experiencia profesional de cada uno de los deponentes. No es lo mismo la opinión de un ex comandante de la misma nave que la de un joven oficial en formación o la de un suboficial que si bien cuente con la capacitación submarina no sea de la especialidad máquinas, electricidad o alguna otra afín con la cuestión en debate.

A su turno, Ricardo Saint Jean y su co patrocinante -ambos defensores de López Mazzeo- continuaron la labor defensiva trazada por Vigliero incrementando el concepto relacionado con la conformidad expresada por el comandante del San Juan a la hora de zarpar y remarcando que ningún comandante debe zarpar si su buque no está en condiciones. Asimismo sostuvo que el sumario administrativo efectuado en el ámbito de la Armada Argentina pudo haber influido en la jueza.

En los argumentos defensivos expuestos durante la jornada judicial, los abogados defensores avanzaron sobre el rol del comandante del San Juan y su libertad de criterio a la hora de decidir qué hacer en cada circunstancia. Si bien al momento de hacer uso de la palabra López Mazzeo dijo no tener dudas sobre la calidad profesional del hoy Capitán de Navío post mortem Fernández y sus tripulantes, subyace en sus palabras el concepto de que como superior no podía controlar a todos sus subordinados.

En esa línea, Saint Jean puso especial énfasis en la hipótesis del error humano a la hora de efectuar alguna maniobra a bordo. La estrategia común de los imputados a la hora de hacer sus respectivos descargos apunta no solo exaltar el profesionalismo de la tripulación de la nave sino además precisamente a dejar abierta la puerta al yerro humano. Asimismo rescatan sus propias cualidades profesionales en el ejercicio de sus respectivos comandos.

El tramo final del turno de las defensas correspondió al defensor oficial Francisco Martínez, quien habló en nombre del resto de los imputados (Malchiodi, Alonso, Correa y Sulia). En concordancia con sus pares, cargó las tintas contra las imputaciones de Yañez, atendiendo al supuesto buen estado de la nave antes de partir y efectuó una crítica directa al informe que la empresa fabricante del submarino (Thyssen) remitió a Yañez como respuesta a una serie de requerimientos efectuados por la magistrada.

Al igual que sus antecesores, Martínez puso en cabeza del comandante Fernández toda la responsabilidad en la verificación del estado general de la nave a su mando. En otro pasaje de su ponencia insistió en la posibilidad del error humano por parte de la tripulación. Tampoco se privó el letrado en solicitar la ampliación de las investigaciones realizadas por la primera instancia y reclamó un peritaje sin aclarar de qué especialidad dentro de la ciencia naval.

En tanto, sin decirlo y tal vez sin darse cuenta, Martínez exoneró a Srur de responsabilidad al remarcar que quien detenta el cargo de jefe en un Estado Mayor no integra la cadena de mando y no toma decisiones sino que solo asesora a un comandante antes que este las tome.

La particular misión de Martínez implica defender a cuatro oficiales de jerarquías diferentes y por ende niveles de responsabilidad muy distintos: desde un Almirante (Malchiodi) hasta un Capitán de Corbeta (Sulia). Así fue que tuvo que desgranar además de la defensa general, las particularidades del cargo de cada uno de sus defendidos. Para este objetivo se apartó de los argumentos técnicos del arte y la ciencia de navegar y conducir los mecanismos de una nave, para adentrarse en los reglamentos administrativos de la Armada y exculpar a sus pupilos de responsabilidad. Sin embargo, tal como sostienen expertos en reglamentación militar, los reglamentos no reflejan lo que en la práctica sucede en el servicio naval ya que van siendo superados por las distintas exigencias del servicio. Este hecho fue rápidamente advertido por el Presidente del tribunal quien con un par de preguntas dejó en claro que el planteo de la defensa carece de sustento.

Un punto particular de la múltiple defensa de Martínez está dado por la defensa al Contraalmirante Malchiodi, ex jefe de la Jefatura de Mantenimiento y Arsenales. En este sentido se le imputa al oficial superior el haber sido negligente en el cumplimiento de su deber de controlar el mantenimiento de la nave. No obstante la situación de este ex alto jefe naval parece estar más aliviada que la del resto de los imputados ya que por su cargo, su misión básica respecto del submarino era la de preparar su próxima entrada a dique seco y no precisamente el día a día del mantenimiento funcional de la nave.

Finalmente, el letrado oficial intentó alterar el criterio técnico para la fijación de fechas de puesta en seco de buques argumentando que los reglamentos en la materia están desactualizados y que en la actualidad los intervalos de reparación de buques son mayores. Esto es parcialmente cierto pero solo aplica a unidades nuevas.

La próxima jornada estará dedicada a las querellas, quebuscarán agravar los cargos a los seis procesados y ampliar la misma incluyendo al jefe de la Armada Almirante Marcelo Srur, al ex ministro de defensa Oscar Aguad y al ex Presidente Mauricio Macri. El consenso general de todos los peritos y especialistas en estas cuestiones es que ello no prosperará precisamente por la imposibilidad de demostrar que Aguad y Macri estuvieran al tanto del eventual mal estado del submarino ya que la propia Armada consideraba que la nave estaba en condiciones de zarpar y por ende nunca informaron a la conducción política de ninguna anomalía.

*El autor de la nota es Perito Naval

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