Juan Bautista Alberdi nos aleccionaba: “Comprometed, arrebatad la propiedad, es decir el derecho exclusivo que cada hombre tiene de usar y disponer ampliamente de su trabajo, de su capital, y de sus tierra para producir lo conveniente a sus necesidades o goces, y con ello no hacéis más que arrebatar a la producción sus instrumentos, es decir paralizarla en sus funciones fecundas hacer imposible la riqueza, tal es la trascendencia económica de todo ataque a la propiedad, al trabajo, al capital y a la tierra, para quien conoce el juego o el mecanismo del derecho de propiedad en la generación de la riqueza general.... La propiedad no tiene valor ni atractivo, no es riqueza propiamente cuando no es inviolable por la ley y en el derecho...”.
Discutir es una de las características que tenemos los argentinos en nuestro ADN. En el siglo XXI resulta difícil poner en duda la propiedad privada. Se puede reafirmar lo dicho por la Corte Suprema: “Ni el derecho de usar y disponer de la propiedad, ni ningún otro derecho reconocido por la Constitución, reviste el carácter de absoluto”. Pero más allá de revindicar que no existen derechos “absolutos”, parecería que en la actualidad, bajo el argumento de la crisis habitacional y la pandemia, la regla es avanzar sobre los derechos fundamentales.
Existen normas que protegen los derechos y deben ser garantizadas efectivamente. Así, la Constitución asegura en el artículo 14 “el uso y goce” de la propiedad, entendiendo que es conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, limite infranqueable establecido en el artículo 28 del texto fundamental, para poder concluir que ni el Estado (artículo 17 de la Constitución), ni un particular (artículo 181 del Código Penal) puede tomar la propiedad privada de forma deliberada, por cuanto uno y el otro tiene la obligación de respetarla.
Avanzar sobre la propiedad es un delito. Que existe un amplio sector de nuestra sociedad con problemas de acceso a la vivienda es real, pero la crisis ocupacional no se resuelve con más “subsidios”: la solución en primer lugar es que desde el Estado se envíen señales claras sobre el respeto a las libertades. A los argentinos nos gusta escribir lindo, pero necesitamos en algún momento cumplir con la letra de nuestra Constitución. Como dijo Carmen Argibay, “la ‘vulnerabilidad’ de muchos con ciudadanos es una experiencia cotidiana que lastima a quienes la sufren y a quienes son testigos de ella, todos los días”. Por ello, no dignificamos a los “vulnerables” otorgando más “subsidios” o apañando la violación de la ley, sino que necesitamos soluciones en el marco de la ley.
Nuestra carta fundamental en su artículo 17 establece que la propiedad es inviolable. Así, necesitamos reivindicar los derechos y concretar la plena vigencia del Estado constitucional. Y para ello deben existir canales de respeto a las libertades y que busquen dignificar a las personas. Las soluciones se deben sustentar en el diálogo, y la búsqueda de lugares comunes. Debemos reconocer los problemas que afectan a nuestra sociedad, y asumir que en este momento es fundamental encontrar soluciones, pero siempre respetando las instituciones de la república, los derechos y la ley.
El autor es abogado constitucionalista