El fenómeno de usurpación de terrenos que se viene sucediendo en la Argentina constituye un elemento de seria perturbación social y de claro apartamiento de la letra de la ley, en particular del Código Penal, que en su artículo 181 tipifica el delito de usurpación de bienes y lo condena.
Así las cosas, hemos asistido a una terrible proliferación de hechos de este tipo que hoy se multiplican en doce provincias. Las situaciones que han tomado mayor espacio público son Guernica, Patagonia y el establecimiento de la familia Etchevehere en Entre Ríos.
En el primer caso, la postergación insostenible de ordenar el desalojo por decisión de la autoridad política en abierto desafío de las decisiones judiciales ha desembocado en una evacuación violenta que ha sido más el producto de la presión de la gran mayoría de los argentinos expresada en las encuestas de opinión, que se opone a los ataques contra el derecho de propiedad, que del respeto del imperio de la ley por parte de las autoridades. Por el contrario, varios de los niveles de gobierno han callado, consentido silenciosamente o abiertamente estimulado este tipo de hechos. Hoy, a la luz del costo político que deben pagar por tan imperdonable comportamiento de parte de quienes han jurado cumplir y hacer cumplir la constitución, reaccionan y ojalá que finalmente aprendan que sólo el respeto de las instituciones asegura soluciones justas.
En Entre Ríos, hemos asistido a un verdadero “culebrón”. Una suerte de comando denominado Artigas, a las órdenes de Juan Grabois, que sacando provecho de un conflicto sucesorio familiar asestó un golpe brutal a nuestras instituciones por medio de una verdadera intervención federal de hecho. Luego, gracias a la decisión de un juez subrogante militante que decidió desoír lo dictaminado por dos fiscales se demoró el desalojo. Como consecuencia de tan incomprensible actitud se siguió prolongando un estado de cosas lamentable desde la óptica de la observancia del derecho, que es por el que la autoridad debe velar permanentemente. Finalmente, la jueza María Carolina Castagno tomó una decisión acorde con el marco jurídico vigente y a través de la convalidación de una prueba irrefutable ordenó el inmediato desalojo del campo.
La situación en varias provincias de la Patagonia es aun más peligrosa y preocupante. Se trata de bandas armadas violentas con un accionar propio de terroristas que reivindicando un supuesto origen mapuche se consideran habilitadas para usurpar tierras públicas y privadas, provocando serios daños a la propiedad, robos, saqueos, entre otros delitos. El aval abierto del INAI, cuyo vicepresidente se ocupa de trasladar a grupos de personas para que cometan el delito mencionado precedentemente, y las declaraciones de la titular de la institución, quien ha manifestado que dado que los mapuches no se sienten argentinos habría que cederles una porción del territorio para que puedan constituir su propio Estado, ponen de manifiesto el apoyo estatal a ese tipo de tropelías. Cuesta creer que la señora Magdalena Odarda esté en sus cabales, y sobre todo, que no se le haya solicitado la renuncia luego de semejantes expresiones.
Es de esperar que lo sucedido tanto en Guernica como en Entre Ríos redireccione la decisión de nuestras autoridades hacia el camino de la legalidad. Que entiendan que fuera de la letra de la ley se cae en la anarquía, en la sedición y en la violencia, es decir en situaciones descontroladas que lejos de encontrar soluciones a las situaciones de vulnerabilidad por las que atraviesa gran parte de nuestra población, nos sumirán a todos en una tragedia con un pronóstico funesto y de proporciones imprevisibles.
El autor es abogado constitucionalista