Según el fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, “nuestro sistema jurídico no coloca en pie de igualdad en el castigo al sujeto que pretende quitar la vida a una persona con aquél que provoca ese resultado sin intención y en el marco de una actuación funcional, porque el grado de injusto es menor. Pero obtenerlo en un exceso de su ejercicio no necesariamente lo exime de sanción”. Por ello confirmaron la acusación por delito de “Homicidio calificado por el uso de arma en exceso de legítima defensa”, llevando a Luis Chocobar a juicio. Delito cuya pena podría llegar a los seis años y ocho meses de prisión según nuestro Código Penal.
Los jueces sostuvieron que aquel 8 de diciembre de 2017 en “no más de tres minutos” ocurrieron los hechos. De los datos que brindan surge que en el lapso de un minuto cuarenta segundos se consumó el ataque a Joe Wolek, por lo cual la intervención de Chocobar duró unos 80 segundos aproximadamente. Esos ochenta segundos son hoy materia de este juicio.
Es decir que la Justicia entendió que el policía no obro con intención de matar, pero que resulta necesario ventilar en juicio si hubo un exceso en su actuación. Por otra parte, si bien sostiene que “no lo pone en pie de igualdad con quien mata intencionalmente”, sí se los sienta juntos en el banquillo de los acusados.
Un minuto cambio muchas vidas: un joven abatido, Wolek con la oportunidad de sobrevivir, y el policía a juicio. Un minuto que abre infinidad de interrogantes que, desde la comodidad y seguridad de un sillón, alimentan debates y apresuran juicios. Para quienes el disparo fue un exceso, los agresores huían y el hecho había terminado, pero ¿cómo saberlo en ese momento? ¿Acaso no fue razonable pensar en ese contexto que otras personas podrían estar en riesgo? ¿Quién lo puede aseverar con certeza? ¿Y si solo las balas pusieron fin a ese derrotero criminal? Respuestas que no tenemos y que tal vez surjan en juicio. Pero veamos lo que esos “no más de tres minutos” develan la perversidad de un sistema que por años y mientras estos jóvenes sumaban conductas violentas, atravesando por diversas instituciones (familia, escuela, Justicia, Institutos de menores), nada ni nadie los pudo parar. Un sistema que no puede, no quiere, no sabe o no le interesa dar respuestas a la problemática de inseguridad y que arroja a personas correctas a convertirse en asesinos involuntarios, a la vez que con su inoperancia y discursos buenistas generosos con la sangre ajena condenan a los delincuentes a vivir o morir enredados en delitos y a las víctimas al más brutal desamparo.
Tras la mal llamada “Doctrina Chocobar” se enmascara el aborrecimiento, de algunos, del sistema penal y su pretendido aniquilamiento. Bajo absurdas vacilaciones sobre la sanción moral que todo delito conlleva o poniendo dudas acerca de si cierta conducta es o no un delito -aun cuando desde hace casi un siglo se la describe como tal- subyace cierto guiño complaciente para con la delincuencia y la consiguiente orfandad de la sociedad arrojada a su suerte. Necesitamos una Policía profesional y preparada, es hora de menos cometarios y más política de seguridad y criminal, pero fundamentalmente necesitamos mensajes contundentes, no hay vacilaciones posibles entre lo que está bien o mal eso debe estar muy claro.
La autora es jueza de ejecución penal de Quilmes