Por un Estado abierto, transparente, federal e inclusivo

El pasado jueves 24 de septiembre el jefe de Gabinete de Ministros Santiago Cafiero encabezó, en representación del Estado nacional, el evento del traspaso de la copresidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés, Open Government Partnership), la cual presidió junto a Robin Hodess formalmente hasta el 30 de septiembre de 2020. Tuve el honor de acompañar este proceso desde la secretaría de Innovación Pública que conduce Micaela Sánchez Malcolm.

Este foro global, creado en 2011 por ocho gobiernos y al que nuestro país se sumó en 2012, reúne hoy a más de 75 países y 20 gobiernos locales comprometidos con el diseño participativo de políticas bianuales que pongan en valor la transparencia, la colaboración y la rendición de cuentas. Si bien el gobierno abierto como paradigma de gestión ya se venía trabajando con anterioridad a la creación de la OGP en 2011, la última década marcó un punto de inflexión en la implementación de iniciativas concretadas entre gobiernos, la sociedad civil y la ciudadanía.

Liderar un foro global en un año marcado por un contexto de emergencia sanitaria, social y económica a raíz de la pandemia del COVID-19 ha sido sin duda un desafío inmenso. En momentos de creciente incertidumbre se vuelve fundamental fortalecer la confianza en las instituciones, y las herramientas de gobierno abierto son un medio a tal efecto. Por ello entendimos que las políticas de prevención y atención al COVID-19 debían estar impregnadas de colaboración, transparencia e inclusión ciudadana como principios de un Estado presente.

Con esta convicción lanzamos la campaña #RespuestaAbierta #RecuperaciónAbierta para promover intervenciones públicas de atención sanitaria y social con una perspectiva de gobierno abierto e impulsamos el intercambio de experiencias a nivel global, regional y bilateral sobre temáticas en agenda como lo son Justicia Abierta, Gobierno Abierto Local, Transparencia Fiscal y Estado Abierto y Fiscalización Pública, con América Latina y el Caribe.

En cada respuesta argentina al COVID-19 impulsamos un enfoque de gobierno abierto, buscando garantizar en primera instancia el acceso a la información, la transparencia y rendición de cuentas. Durante la pandemia, y a partir de la resolución 70/20 de la Agencia de Acceso a la Información Pública, se ratificó el respeto a los plazos de respuesta ante los más de 2.700 pedidos de acceso a la información pública.

En el marco de la política nacional de datos públicos, se priorizó la generación y publicación de datos abiertos sobre iniciativas vinculadas directa e indirectamente a la pandemia, como por ejemplo, casos y testeos de COVID-19, beneficios y beneficiarios/as de los programas de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y de Ingreso Familiar por Emergencia (IFE), vuelos de Aerolíneas Argentinas con adquisiciones y donaciones al ministerio de Salud, entre otros datos.

Uno de los focos de mayor atención son las compras en emergencia y por eso la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) informa públicamente los procesos de compra. Al mismo tiempo, y siguiendo las recomendaciones de transparencia e integridad de la Oficina Anticorrupción (OA), se publican en datos abiertos las compras y contrataciones de los ministerios de Transporte y Salud, las áreas más involucradas en la urgencia sanitaria.

Durante la copresidencia -y en línea con el compromiso asumido por el Jefe de Gabinete en enero de este año en la reunión ministerial que se mantuvo con miembros de la OGP- trabajamos con 20 áreas de gobierno e instituciones del Estado y sociedad civil para ampliar y fortalecer los compromisos del 4° Plan de Acción de Gobierno Abierto (2019-2022).

El relanzamiento de este plan con políticas federales de educación sexual integral, acceso a la justicia, parlamento abierto, entre otras medidas de inclusión y democratización de la información, habla de la transversalidad de la agenda de gobierno abierto. Dicha agenda incluye políticas vinculadas a derechos fundamentales, al tiempo que refleja la vigencia de gobierno abierto como una política de Estado, capaz de trascender gestiones y colores políticos.

Más aún, por primera vez se integrará una perspectiva de género y diversidad en la implementación de los compromisos de gobierno abierto a partir de las recomendaciones elaboradas por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, una experiencia inédita para Argentina y con un gran potencial para la región y el mundo.

Cabe destacar que para la Argentina fue un orgullo y una responsabilidad copresidir la OGP, de la cual seguirá integrando su Comité Directivo hasta octubre de 2021. Los desafíos que tenemos por delante en el plano internacional, nacional y federal son un eje prioritario de gestión y forman parte de nuestro Plan Estratégico de Gobierno Abierto 2020-2023, el cual estamos elaborando de forma abierta y participativa.

Entendemos al gobierno abierto como un medio para la inclusión, y con este norte seguiremos trabajando para reforzar la colaboración entre los distintos gobiernos y al interior de nuestro país para fortalecer la participación ciudadana en el ciclo de políticas públicas. Considero humildemente que este es el camino que tenemos que seguir transitando las instituciones para avanzar en políticas que afiancen la transparencia y la gobernanza pública hacia un Estado presente, abierto e inclusivo.

El autor es subsecretario de Gobierno Abierto y País Digital.