Hace poco más de un siglo las mujeres comenzamos el largo camino hacia el pleno reconocimiento de nuestros derechos, un paso importante aunque no definitivo por las enormes barreras de acceso que aún existen para su ejercicio.
El derecho a la educación, a la propiedad, al voto, al acceso a los cargos públicos, y a la plena capacidad de decidir sobre nuestras vidas sin el tutelaje que durante años ejercieron los varones -padres, hermanos, esposos- sobre nuestros cuerpos, nuestros bienes y nuestras decisiones.
Como la igualdad formal no siempre se transforma en la igualdad real de oportunidades, al reconocimiento de los derechos desde hace años se lo acompaña con distintas medidas de acción positiva para acelerar ese proceso. Entre ellas los cupos son las más conocidas y también las más resistidas.
El principal argumento en contra del establecimiento de cupos o cuotas es que generan un beneficio indebido, un privilegio que se opone al criterio del mérito. Así los cupos en los directorios de las empresas públicas, en la integración de las listas de candidatos o para el acceso a determinados empleos es denostado por sus críticos como una política anti mérito.
Sin embargo, son medidas que han probado ser extremadamente efectivas para romper los techos de cristal y habilitar el camino de las mujeres a los lugares de toma de decisión.
En nuestro país uno de los poderes del Estado más retrasado en relación a la participación de las mujeres en los lugares de poder es el Poder Judicial.
Según el mapa de género de la Justicia argentina publicado este año por la Corte Suprema se observa que, si bien el sistema de justicia está conformado por un 56% de mujeres, su participación disminuye en las posiciones superiores. La proporción femenina en la base alcanza al 61% pero disminuye hasta el 28% en las máximas autoridades. En la justicia federal y nacional se evidencia aun más su baja participación en altos cargos ya que tan sólo el 25% del total de camaristas son mujeres.
En el proceso de selección de los jueces hay una instancia meritocrática que es el concurso de oposición y antecedentes y luego una instancia de decisión política que es la que se reserva al Presidente de la Nación para que nomine a alguna de las tres personas que mayor puntaje alcanzaron en la evaluación.
Así en la selección de los jueces hay un mecanismo que combina la posibilidad de balancear el mérito de los candidatos con la voluntad política de promover a las mujeres a los más altos cargos de decisión.
Esa fue la promesa que escuchamos del Presidente que ni bien asumió creó un Ministerio de las Mujeres en la estructura nacional, se comprometió a enviar la ley del aborto al Congreso y presentó un presupuesto con perspectiva de género. Todas señales en el camino correcto.
Sin embargo, en los hechos, cuando por primera vez en nuestra historia hay una mujer, la Dra. Alejandra Lázzaro, que está condiciones de ser designada en el máximo tribunal electoral del país -la Cámara Nacional Electoral- que ya integran dos varones; una mujer con un examen impecable, 30 años de experiencia en la justicia electoral y que fue calificada en primer lugar en el concurso, no consigue el apoyo político, ese que surge de la convicción de que podemos cambiar la historia si nos comprometemos a darles a las mujeres oportunidades reales.
Una decisión difícil de comprender. Ni mérito, ni género.
Con absoluto respeto espero que aún haya tiempo para que revea su propuesta, las mujeres merecemos que nuestro mérito sea reconocido, merecemos la oportunidad que surge de la decisión política, necesitamos varones con compromiso real dispuestos a confiar en nosotras.
La autora es diputada nacional y vicepresidenta de la Comisión de la Mujer