Los argentinos leemos estupefactos que el embajador ante la OEA, Carlos Raimundi, expresó el rechazo del país al informe producido por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el que se informan violaciones reiteradas a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro con el argumento de que “la Argentina no hace una lectura ideológica” de los mismos.
Sorprende también que lo haga invocando el conocimiento acabado de lo que es represión por la experiencia que tuvo la Argentina durante la última dictadura. Si retrocedamos a la segunda mitad de los años, 70 veremos que esos organismos (la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanas, una parte importante del gobierno de los Estados Unidos y de Europa Occidental) condenaban ese régimen y daban apoyo y asilo a quienes sufrían persecución política y que vidas estaban en riesgo. Utilizando las categorías del embajador, la Argentina también recibió sanciones e intervenciones en sus asuntos internos por parte de esos mismos organismos y de países amigos como consecuencia de las acciones llevadas a cabo por el Gobierno. Lo que significa que en aquellos años tuvieron la misma “posición ideológica” que el embajador hoy denuncia. La reciente respuesta de Raimundi, “hay que ver ambas caras de la medalla (en Venezuela); lo que se ha sufrido por el bloqueo y las sanciones y también las expresiones que han sufrido funcionarios por supuestas o comprobadas, depende el caso, violaciones a los derechos humanos” hubiera servido perfectamente para quien fuera representante de la dictadura en su mismo lugar para soslayar el hecho. O imaginemos también que les hubiera ocurrido a muchos de los perseguidos si la respuesta internacional contra la dictadura hubiera sido otras palabras pronunciadas por Raimundi: “Hay un camino de negociación de la paz y de la no intervención como el camino adecuado y no la lógica de la estigmatización”.
Lo expresado ante la OEA deja en claro la visión del Gobierno argentino respecto de tres conceptos: la ideología, los derechos humanos y la intervención en los asuntos internos de los estados.
En cuanto a la ideología, la administración actual está dispuesta a defender a cualquier gobierno que sea populista o de izquierda y a condenar cualquier intervención contra estos aunque claramente violen masivamente derechos humanos.
Además, el Gobierno argentino se presenta como el poseedor de la única verdad sobre derechos humanos. Según esa perspectiva, los gobiernos populistas o de izquierda por definición no los violan y sólo lo hacen las dictaduras militares de derecha o los gobiernos apoyados por el Occidente descripto como decadente, neoliberal e imperialista.
Por último, las intervenciones sólo son ejercidas por los Estados Unidos y sus estados vasallos. Por eso no cuentan las denunciadas por el gobierno de Bolivia que se realizan desde la Argentina en apoyo de Evo Morales para las próximas elecciones, o las repetidas declaraciones y actividades desarrolladas por la máxima autoridad en contra de los gobiernos legítimos de países vecinos.
Al enfatizar que existe una persecución contra el régimen de Venezuela y culpar a actores externos por sus desaciertos, el Gobierno argentino guarda un silencio cómplice y justifica la corrupción, la incapacidad, la irresponsabilidad y los actos repetidos contra los derechos humanos que han conducido a ese país a una crisis humanitaria descomunal y al exilio forzoso de millones de sus ciudadanos que, en pos de horizontes mejores, padecen el desarraigo.
El autor es director de la Carrera de Ciencias Políticas y del Observatorio de Seguridad y Defensa (OSYD) de la UCEMA