Hace varios años, con motivo de una vacante que se había producido en la Cámara Federal, la entonces presidente Cristina Kirchner ordenó el traslado a la misma de un magistrado que cumplía funciones en otro tribunal. Lo hizo mediante un decreto y lo mismo sucedió posteriormente durante el gobierno de Macri con otros dos jueces. Ello provocó que, respondiendo a una consulta del Consejo de la Magistratura y del Ministerio de Justicia, la Corte Suprema mediante una acordada -la N° 7 del 11 de abril de 2018- dijo que el traslado de un magistrado nacional de la Capital Federal para desempeñar funciones de la misma jerarquía dentro de la jurisdicción nacional no requiere volver a efectuar una designación, bastando con la que ya tenía para la función que cumplía y puntualizó que ese proceder no desnaturalizaba el procedimiento constitucional de selección de magistrados. De esa manera, quedaron convalidadas las designaciones de Pablo Bertuzzi y de Leopoldo Bruglia a la Cámara Federal y la de Germán Castelli al Tribunal Oral Federal N° 7.
Así las cosas y con el aval del máximo tribunal del país, el asunto debió haber quedado terminado. Sin embargo, los acontecimientos que hemos vivido en los últimos días nos han demostrado que no es así ya que, a instancias del Consejo de la Magistratura, que hoy en día tiene un grado de politización inconcebible, el Senado con mayoría kirchnerista hizo caso omiso a lo que había resuelto la Corte y desplazó a los jueces de sus cargos. Y el Presidente, rápido como un rayo, dictó los decretos para concretarlo.
Es obvio que no se trata de una cuestión jurídica, que sería la única valedera y que ha quedado zanjada, como dijera. Estamos ante una maniobra exclusivamente de carácter personal, ya que la única razón que se tuvo en cuenta para cambiar a esos jueces es proteger a la vicepresidente por cuanto dos de ellos han resuelto en su contra en algunas causas y tienen que intervenir en otras. En el caso de Castelli, integra el tribunal que la va a juzgar en la causa de los cuadernos. Se los quieran sacar de encima porque se trata de magistrados de carrera judicial, a los que no pueden presionar para que la beneficien en sus fallos.
El Gobierno ha cerrado filas en defensa de la vicepresidente, lo que no deja dudas sobre quién ejerce el poder real en la Argentina de hoy y, para ello, no vacilaron en ignorar olímpicamente las decisiones dictadas por la propia Corte Suprema, demostrando una vez más que no tienen límites para llevar adelante sus designios. El “vamos por todo, por todo”, susurrado por Cristina el 27 de febrero de 2012 significa exactamente eso, que van a ir contra las instituciones, contra las leyes y contra las decisiones judiciales, cuando ellas interfieran con sus intereses. No cabe duda de que semejante proceder vulnera el orden republicano y suscita el rechazo de una gran parte de la ciudadanía, que ya en varias oportunidades salió a las calles a expresar su disconformidad con medidas del gobierno y a mostrar que no está dispuesta a permitir el avasallamiento de los principios y los derechos contenidos en la Constitución Nacional.
Ahora, con motivo de un recurso presentado por los tres jueces mencionados a la Corte, en el que le piden que se deje sin efecto la arbitrariedad cometida por el Senado, es dicho tribunal el que debe resolver la cuestión el próximo martes 29. Por ello, el ojo de la ciudadanía está puesto en esa decisión, ya que hay dudas sobre si van a tener una posición jurídica, manteniendo el criterio ya adoptado con anterioridad o si, por el contrario, van a hacerlo políticamente para no quedar enfrentados al gobierno. Anoche mucha gente se dio cita frente al Palacio de Justicia portando antorchas, velas, linternas o la luz de sus teléfonos bajo el lema “Una luz por la república”, que persigue la idea simbólica de iluminar la mente de los jueces supremos para que fallen conforme a derecho.
La resolución que adopten va a mostrar cuál es el camino que toma la Corte, esto es, si va a ser un freno a ese vamos por todo o si, por el contrario, no se va a animar a enfrentarse con el oficialismo y buscará la vuelta para consagrar la impunidad de Cristina. Sus integrantes deben saber que todo un pueblo los observa y que depende de ellos impedir que sigamos el camino hacia el abismo.