“En economía se puede hacer cualquier cosa, menos evitar las consecuencias”, la frase es de Keynes.
La Argentina no está preparada para enfrentar la pandemia, para crecer y para reducir la pobreza. Estamos pagando consecuencias de decisiones ya tomadas. Proponemos el ejercicio de imaginar una historia distinta: ¿qué decisiones se podrían haber tomado para estar mejor parados?
Nuestra historia contrafáctica empieza la noche del 11 de agosto de 2019, en que se conocieron los resultados de las PASO.
Esa noche, el virtual nuevo presidente, preocupado por la eventual compra masiva de dólares y el retiro de depósitos en dólares de los bancos emite un discurso tranquilizador: asegura que la Argentina mantendrá una austera política monetaria y fiscal; y que se diferenciará del gobierno saliente en la búsqueda de acuerdos para una política de desarrollo económico y para una política fiscal de largo plazo para la Argentina. Insistirá en el consenso con la oposición, los gobiernos provinciales, empresarios y gremios. El objetivo: crear miles de puestos de trabajo privados. Informa que el lunes 12 enviará a su equipo técnico a coordinar con los funcionarios de gobierno de Macri la transición, e iniciar –en conjunto- la renegociación de los vencimientos de la deuda pública. Esa misma noche, conversa con Macri para asegurar la cooperación de los funcionarios salientes.
El gesto habilita discretas conversaciones de ambos líderes con políticos nacionales y extranjeros, instituciones multilaterales, empresarios y gremialistas para calmar las aguas. A los dos les conviene: a Alberto para no encontrarse en diciembre con un país estallado. A Mauricio, para no dejar un país estallado.
Alberto Fernández hace circular en las redes viejos videos donde expone su culto a las instituciones de la República y su rechazo al cepo.
En su discurso de asunción, el presidente Fernández asegura que continuará con los esfuerzos iniciados por el gobierno saliente para que la Argentina sea miembro de la OCDE, y que espera contar con la asistencia técnica de ese organismo para fortalecer las capacidades del Estado argentino. Compromete su respeto por la independencia del Poder Judicial en los juicios por las denuncias de corrupción durante la gestión del matrimonio Kirchner. Solicita agilidad en las sentencias pero manifiesta su decisión de indultar a la Vicepresidente, en el caso que los fallos de los jueces establezcan su culpabilidad. Explica que no lo hace por favoritismos políticos sino para que no exponer en una prisión a un ex presidente y vicepresidente de Argentina.
A los pocos días, Fernández convoca a las principales fuerzas opositoras del Congreso a un pacto fiscal a diez años, al cabo de los cuales, la Argentina deberá tener superávit fiscal, menos impuestos a las empresas privadas y ninguno a las exportaciones, así como un fondo anti cíclico. Convoca a un Consejo de Asesores Económicos compuesto por los cinco viejos economistas independientes más reconocidos del país para que emitan dictámenes regulares sobre la marcha de la política económica. Luego, busca el acuerdo de los gobernadores e intendentes para asegurar que en los tres niveles de gobierno se alcance el equilibrio fiscal y la reducción de impuestos. Por fin, convoca a un Consejo Económico y Social y demanda que dicho consejo contrate capacidad técnica para no reducir los acuerdos a declaraciones de cúpulas. Asegura que acompasará la reducción de gasto asistencial según crezca el empleo privado.
Como el trabajo conjunto de ambos presidentes limita la corrida contra los dólares del Banco Central y no se retiran los depósitos, los bancos tienen “argendólares” para seguir financiando a Vicentin. La empresa sigue operando y nunca aparece en las primeras planas de los diarios.
El nuevo equipo económico alcanza un acuerdo con los acreedores en febrero. El nuevo gobierno gana credibilidad, tanto a nivel local como internacional, se abre el mercado voluntario de crédito para la Argentina a tasas del orden del 5%. Se inicia la renegociación de la deuda con el FMI.
Se acuerdan consensos de todas las fuerza políticas y sociales alrededor un plan a diez años con cuatro prioridades: 1) el equilibrio macroeconómico con el fin de la inflación, 2) política de desarrollo económico centrada en el empleo privado con un enfoque federal, 3) la educación como herramienta para el desarrollo y la reducción de la pobreza y 4) la reforma del Poder Judicial, para que nunca más la política intervenga en decisiones judiciales. Se define que el año 2020 será el de la elaboración técnica de las cuatro prioridades, con la oposición, la asistencia de la OCDE, Banco Mundial y BID.
En marzo, llega la pandemia a la Argentina. El país está preparado para enfrentarla porque los argentinos miran con confianza el futuro.
La historia contrafáctica es la expresión de un esperanza defraudada: la de tener un presidente que asume su rol institucional de liderazgo.
El autor es miembro del Club Político Argentino.