El verdadero costo de la política se estima en 6% del PBI

Cada vez que le preguntan al Presidente por qué no se baja el gasto de la política responde: “eso es una medida demagógica” y que no altera el Presupuesto. Incluso legisladores de Cambiemos como Fernando Iglesias o Daniel Lipovetzky, ahora diputado provincial, responden descalificando esa propuesta por considerarla poco relevante en términos de gasto público.

Es más, si alguien muestra, de acuerdo al proyecto de Presupuesto 2020, que el Senado tiene asignada una partida de $12.374 millones, lo que implica un costo operativo por cada legislador de la Cámara alta de $14,3 millones por mes. Mientras que la Cámara de Diputados tiene asignado $11.943 millones, con un costo operativo por miembro del cuerpo de $3,9 millones por mes.

Y, además, la Cámara de Senadores tiene a cargo 5.762 empleados, con lo cual cada integrante tiene, en promedio, 80 empleados y la Cámara de Diputados tiene asignados 5.220 empleados con un promedio de 20 por cada miembro (datos que surgen de la página 16 del presupuesto del Poder Legislativo), al margen de los 1.420 empleados de la Biblioteca del Congreso o de los 498 empleados de la imprenta, etc.

Como se decía, si alguien muestra estos datos, la respuesta es que ese importe es un porcentaje mínimo del PBI o del Presupuesto Nacional y que, además, constituiría un ataque a la democracia. Algo así como decir: “o nos dejan vivir como reyes a nosotros y malgastar la plata de los contribuyentes o son golpistas”. Una forma muy burda de justificar el robo legalizado, como lo llama Bastiat en su libro La Ley.

¿Pero es poco representativo el costo de la política como argumentan algunos políticos para defender el negocio de su actividad? En realidad, se financia con empleos no solo en el Congreso Nacional, sino en empresas públicas, en las administraciones provinciales y municipales.

La incidencia en las legislaturas provinciales

En un trabajo de la Fundación Libertad de Rosario que preside Gerardo Bongiovanni puede verse que en 2019 todas las legislaturas provinciales tuvieron un costo de $41.000 millones, con un cargo promedio de $2,8 millones por mes por cada uno de los 1.199 representantes de los 24 distritos que hay en el país.

Si se toma el Presupuesto 2020 de CABA, la Legislatura tiene asignado $6.176 millones para 60 legisladores, lo que determina un costo operativo de $8,6 millones mensuales por cada uno.

Pero el costo de la política es mucho más que esto. En total hay 3,7 millones de empleados públicos en el país repartidos en: 739.150 en Administración Nacional; 2.380.000 a nivel de las provincias y 606.000 en el conjunto de los municipios.

Cabe resaltar que en 2005 había 2,6 millones de empleados públicos. Es decir, en 15 años se elevó más de 42%, a un ritmo de 2,8% por año, más que duplicando el crecimiento vegetativo de la población en ese período.

La masa salarial de todos los empleados públicos sumandos de nación, provincias y municipios es del 12% del PBI, con lo cual ya se ve que no es se trata de un gasto menor. Y si se resta la masa salarial de las Fuerzas Armadas, Docentes, Fuerzas de Seguridad y Salud, el gasto salarial del aparato administrativo estatal llega a 6% del PBI.

De ahí que si esa parte de la burocracia estatal hubiese tenido la consideración de bajarse un 20% sus sueldos, teniendo en cuenta que el Estado, con su cuarentena feroz, dejó sin ingresos a muchas personas humildes y provocó la quiebra de miles de pequeños comercios y empresas, con el consecuente efecto de pérdida de puestos de trabajo en blanco no menor a 300.000 puestos, se hubiese mostrado algo de solidaridad con aquellos que los mantienen y se podrían haber ahorrado $270.000 millones, casi el monto de lo que se pretende recaudar con el disparate del impuesto a las grandes fortunas.

Pero el gasto de la política no está solamente en el presupuesto de los poderes legislativos a nivel nacional, provincial y municipal, más el despilfarro que se advierte en los poderes ejecutivos y judiciales, también está en lo que los políticos llaman planes sociales pero que en realidad son una fuente de corrupción y clientelismo.

Clientelismo político también es haber llevado de 81.539 beneficiarios por invalidez laboral a 1.032.926, como puede verse en el gráfico. Casi un millón más sin haber tenido una guerra, un terremoto o un tsunami. Este programa tiene un costo de $156.487 millones para 2020, según el Presupuesto.

A esto hay que sumarle los 234.432 beneficiarios del programa Hacemos Futuro que nadie sabe de qué futuro se está proponiendo, 266.949 del Plan Proyectos Comunitarios, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo con 74.604, Becas Progresar 578.121 beneficiarios; y hay otros programas más.

Los políticos saben muy bien de qué se habla cuando se trata del gasto de la política. No es solamente el descomunal costo que genera cada diputado o senador nacional, provincial o municipal. Es todo un aparato de empleo público y “planes sociales” que han generado una gran masa de clientelismo político para tener el voto cautivo.

Claro que, en semejante masa de gasto político, los diputados y senadores tratan de justificarse diciendo que el costo que operativo de ellos, que es un verdadero disparate, no mueve el amperímetro. Esconden sus grandes beneficios detrás del inmenso gasto que no se limita al sueldo que cobra un senador, un ministro o el mismo presidente. Es la suma de todo el gasto político.

La cultura de la dádiva

Pero el mayor costo de la política que se transformó en un verdadero negocio, es el brutal cambio de valores que generó en la sociedad, por el cual se reemplazó la cultura de trabajo por la cultura de la dádiva, y donde el que es emprendedor, se esfuerza y trabaja, es castigado sin piedad con una carga impositiva asfixiante para sostener este negocio de la política, que en nombre de la solidaridad social, típico discurso para justificar un nuevo nicho de negocio de la política, no para de inventar planes sociales.

¿Por qué esta desesperación, tristeza y amargura de millones de personas que diariamente hacen el esfuerzo de levantarse para con lluvia, frío, calor, piquetes y mil complicaciones más ir a trabajar? Porque el fruto de todo su esfuerzo, que encima hoy está frenado por la eterna cuarentena, le confisca la mitad de su trabajo con impuestos para sostener el negocio de la política.

La gente decente trabaja cada vez más y vive cada vez peor porque el negocio de la política le confisca buena parte del fruto de su esfuerzo diario. ¿Esto significa que tiene que terminar la política? No, significa que tiene que terminar el negocio de la política que está destruyendo la Argentina.

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