¿Están rodeados o nos están rodeando?: aumentaron los femicidios y la policía también es responsable

“Están rodeados”, es la frase de película de acción en la que la policía avisa por megáfono a los malos que los tienen cercados y que se rindan. Ayer la policía rodeó la Quinta de Olivos. Y no para cuidar, sino para invertir la ficción en realidad. ¿Quién tiene que rendirse y ante quién?

Los reclamos salariales de la policía son justos y lo único que debe discutirse es como se elaboran canales institucionales válidos para que las paritarias y la demanda salarial, equipos, materiales y condiciones laborales se puedan plantear sin poner en riesgo a la democracia ni a la ciudadanía.

Pero los patrulleros bordeando el lugar donde, en una pandemia, se toman las decisiones de Estado no es legítimo ¿Quién cuida a quién? ¿Quién cumple a quién? ¿Quién obedece a quién? ¿Debería ir el ejército o la gendarmería si las sirenas azules siguen girando? ¿Debería salirse a la calle a apoyar la democracia con el riesgo de contagio y el llamado a guardar distancia social?

En una Argentina con una larga lista de golpes militares y de amagues para conseguir impunidad –por ejemplo, con la sedición de Semana Santa y el pacto no dicho para las leyes de Obediencia Debida y Punto Final durante el gobierno de Raúl Alfonsín- una revuelta policial no es santa.

Santa es la palabra que adjudica a las mujeres la responsabilidad de ser inmaculadas para no ser brujas, putas, culpables, locas, demoniacas, yeguas, hinchas, provocadoras o dementes. Todas esas connotaciones despectivas cayeron sobre las Madres de Plaza de Mayo que pedían por sus hijos desaparecidos hasta las madres que reclamaban por los hijos muertos por el gatillo fácil y por las que pedían por sus hijas asesinadas en femicidios.

En la Argentina las fuerzas de seguridad tienen un largo prontuario de no ser parte de la solución, sino del problema. Por eso, en un contexto de pandemia, de crecimiento de la violencia de género, los femicidios y el abuso sexual, la sirena azul rodeando la residencia presidencial es un signo de alarma: no de un reclamo de mayor seguridad, sino de mayor inseguridad para quienes requieren que la seguridad sea democrática y no haga aprietes.

Los femicidios en Argentina y, especialmente, los feminicidios que son nombrados por primera vez en Ciudad Juárez, México, responden al aumento de los asesinatos de mujeres por ser mujeres a partir del aumento de fuerzas de seguridad descontroladas, el narco, el crimen organizado, militares, paramilitares, parapoliciales que no responden al Estado sino a sus propios intereses.

En América Latina hoy las democracias débiles tienen un problema que ya no se resuelve, en la mayoría de los casos, con golpes de estado a la vieja usanza sino con fuerzas de seguridad que ponen en jaque a las autoridades elegidas a través de las urnas con un poder incontrolable. No se trata de reclamos laborales, sindicales o salariales, sino de una forma de deslegitimar el poder público que pone en riesgo a la población, pero especialmente a las mujeres y disidencias sexuales.

En Argentina, durante la cuarentena, bajaron casi todos los delitos, pero subieron un 15 por ciento los femicidios según las cifras de la Defensoría del Pueblo de la Nación. En los primeros siete meses del año se registraron 168 femicidios incluyendo 2 transfemicidios y 2 suicidios de mujeres que se quitaron la vida empujadas por la violencia machista.

“El período de aislamiento social y preventivo contra el COVID-19 trajo aparejada la convivencia de la víctima con su agresor y la dificultad de protegerse. El riesgo se mantuvo latente y se advirtió un aumento de casos de femicidios”, advierte la Defensoría del Pueblo de la Nación. En 2018, en el mismo lapso, se habían producido 157 femicidios y, en el 2019, 155 asesinatos de mujeres por razones de género. La situación empeoró.

La situación es cada vez más grave. Y lo más grave es que la policía, muchas veces, no es parte de la prevención, sino de la amenaza. En doce años, del 2008 al 2019, se registraron 196 femicidios perpetrados por integrantes (o ex) de las fuerzas de seguridad, según el monitoreo de las fuerzas de seguridad.

Hay que tener cuidado si el reclamo no es solo salarial sino de un cheque en blanco para usar las armas. Solo en el 2020 se registraron 8 femicidios perpetrados por miembros actuales o ex integrantes de las fuerzas de seguridad. Una protesta policial que no respeta el límite a la autoridad no es un ejemplo de autoridad necesaria, sino un avasallamiento. Pero, además, una policía prepotente para ejercer el poder aumenta el riesgo de femicidios, violencia de género y violencia institucional. Eso no da más tranquilidad sjno más miedo. No otorga más seguridad sino que provoca más inseguridad íntima.

“Hay muchas muertes que se dan con balas estatales mientras las mujeres están indefensas”, subraya Ada Rico, directora de La Casa del Encuentro. “Para las mujeres que están o estuvieron en un vínculo con un violento que integra –o integró- alguna fuerza de seguridad, el miedo y la sensación de desprotección se acentúan al momento de denunciarlo”, recalca.

En muchos casos las víctimas de femicidas policías también son policías. Eso demuestra que portar un arma no es para las mujeres una forma segura de defensa. Y que, además de saber usar un arma, muchas veces, saben también armar la escena del crimen. El 16 de febrero Karen López, de 29 años, recibió un balazo en su casa de Merlo, en la Provincia de Buenos Aires. La causa fue caratulada como suicidio. Pero su mamá denuncia que “la asesinó su pareja” que es un agente de la policía rural.

El 19 de marzo murió Florencia Micaela Soto, de 26 años, en Vista Alegre, Neuquén. Ella recibió un balazo. Y la causa investiga un presunto femicidio. Su hija de tres años se quedó sin mamá. Su pareja es un ex policía que dice que no estaba en la casa cuando se realizó el disparo, según la información recopilada por La Casa del Encuentro.

El 16 de abril Jésica Natalia Minaglia fue asesinada golpeada por un hierro en su casa de Santa Cruz. Su hijo de tres años se quedo huérfano. El principal sospechoso es la ex pareja de Jésica y policía. El 25 de mayo murió Brenda Aylén Rojas, de 19 años, en Pehuajó, Provincia de Buenos Aires. Recibió un balazo junto a su cuñado, Felipe Lulich, que también murió. El policía Boris Iván Lulich les habría disparado y después se quito la vida con el arma. La excusa para matar: los celos de su hermano y su novia. El arma: reglamentaria.

El 10 de agosto murió Cecilia Laura Páez, de 62 años, en San Fernando, Provincia de Buenos Aires. Fue golpeada con una maza. Su esposo, ex policía de la División Custodias, quedo detenido. Son solo algunos casos del 2020. Son muestras que la policía no puede salirse de la ley para pedir por un reclamo justo. Porque, en muchos casos, el entrenamiento, el poder y el armamento los hacen salirse de la ley en contra de la vida de las mujeres.

Más allá del legítimo reclamo salarial y de mejores condiciones de infraestructura, seguridad, equipos y trabajo uno de los reclamos es que el gobierno “no respalda a las fuerzas”. No hay otro gesto que se pueda leer, a la luz de la opinión pública, que recibir a Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro en la Quinta de Olivos –rodeada después por policías- y el llamado del presidente Alberto Fernández una vez encontrado el cuerpo de Facundo. Por lo tanto, no se desacreditó a la policía, sino que se pidió investigar la muerte de un joven. ¿Si eso no es respaldar a la fuerza que significa respaldar a la fuerza?

Cristina Castro pudo enterrar a su hijo Facundo. Todavía falta que la justicia diga qué paso y condene –si no se trató de un accidente- a los culpables de su muerte. Ella cree que fue golpeado por los policías que lo detuvieron cuando él intentaba llegar desde Pedro Luro hasta Bahía Blanca para ir a lo de su ex novia Daiana, en el contexto más duro y estricto de la cuarentena. Facundo nunca llegó. Hoy está enterrado.

“Mi hijo defendía sus derechos. Y creo que a alguien eso no le gustó y se excedió. Eso pasó en Mayor Buratovich y ahí empezó su tortura”, le dijo al periodista de Infobae Fernando Soriano. Ella fue a denunciar y en la policía la maltrataron, disuadieron o ningunearon.

“¿Qué puede hacer una negrita que limpia baños en una estación de servicio?”, dijeron de ella policías según lo que le contó a la periodista Adriana Meyer en una entrevista en su Youtube. Ahora sí sabemos de todo lo que es capaz una madre para que su hijo no quede enterrado sin memoria y amor. Pero la pregunta que nos atemoriza –por las madres y sus hijos- es de qué es capaz la policía.

En el contexto de pandemia la violencia institucional no fue una excepción, sino una forma demasiado extendida. Por eso, no se necesitan más cheques en blanco sino más controles. Y no porque no se necesite seguridad, sino porque la seguridad que se necesita no puede aumentar el riesgo sino la tranquilidad.

Un informe de Amnistía Internacional releva casos de abusos de la fuerza policial y de fuerzas de seguridad en la Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Mendoza y Santa Cruz en las medidas de control del cumplimiento del aislamiento social dictado a raíz de la pandemia.

“En todos los casos notamos que hay prácticas abusivas en las fuerzas de seguridad y la mayoría de los casos se dan en contextos de pobreza. Es muy importante que se lleven adelante investigaciones efectivas e imparciales para ver quiénes cometieron los abusos. Y la repetición de la violencia son de gravedad institucional. El Estado es responsable de garantizar que el uso de la fuerza será utilizado con apego a las normas”, destaca Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Ella reclama: “Todavía es una deuda pendiente en el país el monitoreo, capacitación y rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad en el país”. Ni morir por joven, ni morir por pobre, ni morir por morocho, ni morir por ser mujer, ni morir por ser trans o travesti. Ni morir con el arma que el Estado provee para defender la vida.

Ada Rico enmarca: “El varón violento que integra la fuerza de seguridad representa la ley y porta un arma en forma legítima, una herramienta provista por parte del Estado que él utiliza para amenazar a su pareja o ex pareja y, en el extremo de la violencia de género, asesinarla y/o asesinar a las hijas o hijos”.

¿Cómo se puede solucionar el problema? Profundizando la capacitación, los protocolos y el apego a la ley. Por eso, es preocupante la prepotencia y el desborde visto en esta semana. Rico remarca: “Hay determinados requisitos y estudios psicofísicos de evaluación para comprobar si la persona es apta para el ingreso a las fuerzas de seguridad, pero la realidad es que dichos estudios no se realizan ni son aplicados desde una perspectiva de género”.

Por eso, ella recomienda: “Es sumamente importante confeccionar protocolos específicos en la temática de violencia de género porque se está entregando un arma para perseguir un delito y no para cometer un delito”.

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