Los temores de la sociedad argentina

No hay noticias en la Argentina que no sean alarmantes.

Se vive en la zozobra, con las noticias que provee el Estado, o los políticos o los legisladores.

Y en medio de todo ello, el moño que pusieron a una ceremonia solemne donde se comunicó el arreglo con los bonistas vividos como un triunfo. No sólo hay acelerada preocupación económica en los ciudadanos. No sólo hay tomas de tierras más el crecimiento de la inseguridad. También se sigue el ciclo de repetición constante del COVID 19 en Europa. Hay estimaciones de científicos argentinos que advierten que el pico de contagiados puede crecer hasta un punto máximo en diciembre, o en enero del año próximo.

En Buenos Aires y en todos los cordones suburbanos, la gente dijo “basta” y abandonó total o parcialmente la cuarentena. Llenó las calles, abrieron los negocios que pudieron y los que no pudieron y la adhesión por la figura del presidente Alberto Fernández comenzó a caer, según las encuestas. Pese a que la cuarentena es la única cura que existe hasta que llegue la vacuna, dentro de los primeros meses del año que viene. Pero la demanda por el encuentro social, sea familiar o no, pesó muchísimo más. Los cuadros psiquiátricos por el aislamiento produjeron depresión, fobias, miedos, disociaciones, hipocondrías. Enfermedades que no se solucionan en corto tiempo. Aunque nada es definitivo y terminante.

Pasaron cuatro largos meses de negociaciones con la deuda externa en bonos, aunque el Gobierno había prometido que todo se arreglaría en marzo pasado. Se trató del canje de 21 series de bonos emitidos bajo legislación de Nueva York y de Inglaterra, por 66.072 millones de dólares.

Este acuerdo conlleva un menor castigo a las cuentas del Gobierno por 34.524 millones de dólares. Se comenzarán, empero, a enfrentar intereses desde el 9 de julio del 2021. Eso sí: los futuros presidentes, se verán obligados a encarar la solución en julio de 2027. ¿Estarán en condiciones de hacerlo? Si no se sabe cuánto durarán las consecuencias de la pandemia tampoco se puede asegurar si el país tendrá los bolsillos suficientemente llenos para entonces.

Pero todo lo expresado es la mitad de la deuda. Ahora viene el arreglo con el Fondo Monetario, un organismo con una cuestionada ideología ortodoxa. Eso significa que pedirán mayores aprietes fiscales, y eso se traducirá en menos obras públicas, en ausencia de sostén para hacer frente al alto nivel de pobreza. Más una repercusión que puede afectar y mucho el escaso nivel de subsistencia de los jubilados. El FMI es, fue, seguramente será inflexible. Ese panorama es preocupante. Por otra parte, habrá que salir del extremado número de cierre de empresas, quiebras y de un indicador preocupante de desocupados para fin de este año: un millón con los brazos caídos.

Hay que tener en consideración que para poder golpear la puerta del rígido FMI el Gobierno deberá entregar un plan económico muy preciso. Será a futuro una negociación muy compleja. Todos los sectores, empresarios y sociales, reclaman ese plan. Pero al mismo tiempo hubo paritarias y muchos empresarios no podrán cumplir con los aumentos.

Las limitaciones están también atacando la estabilidad que tenía, pese a la crisis que se arrastra desde 2018, la clase media en la Argentina. Se trata de la columna vertebral tradicional en el país. Se puede pronosticar que cuando las tarifas y la presión impositiva se impongan y termine el ensueño de tarifas abaratadas, sus integrantes conocerán carencias fuertes.

Por el momento, la inflación no crece desmesuradamente por la gran recesión. No hay mejoras significativas en las ventas en el circuito comercial anterior a la pandemia. Sí mejoró la venta online. Se duplicaron los precios de las computadoras y los electrodomésticos.

El país ha vuelto a repetir las anteriores experiencias cristinistas: creer que el valor de tarifas de los servicios será ficticio para siempre. Todo taponamiento de la realidad provoca ausencia importante de inversiones. Y sin inversiones no hay crecimiento posible.

El Gobierno no niega que está estudiando una reforma tributaria. Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, ha comentado sus ideas, pero advierte que subir la alícuota de los impuestos puede elevar la informalidad. La reforma debería girar en torno a una presión fiscal que es la más alta de la historia argentina, además de distorsiva. ¿Qué traen altos impuestos sino el incumplimiento? La información que indica que la “economía en negro” es tan importante como la “economía en blanco” es un hecho sabido desde hace décadas. Consecuencias de un apriete que deja sin aire a todos por igual.

El rechazo a la reforma de la Justicia es grande y hasta participa en ese grupo la vicepresidenta Cristina Fernández, aunque lo hace con objetivos políticos como es mostrar diferencias que castigan a Alberto Fernández. La “grieta” dentro del gobierno entre dos bandos: el “albertismo” y el “cristinismo” es evidente y tampoco se puede ocultar la que existe dentro de Juntos por el Cambio. No se ha empezado a especular sobre las elecciones del año que viene, pero surgen diferencias entre los líderes, que incluye al radicalismo.

Más allá de las divisiones internas, el cristinismo (con una proposición de Máximo Kirchner y el diputado Carlos Heller) presentó el proyecto para gravar grandes fortunas. Caería a plomo sobre 12.000 personas, se supone, con patrimonios superiores a 200 millones de pesos. Sostienen que podrían recaudar 300.000 millones de pesos. Pero está por verse si lo logran. En todo caso, traducido, sería algo así como 3.000 millones de dólares. Si fuese así, ¿ayudaría esa cifra a un Banco Central con pocas reservas, con cepo y que limita importaciones, pero que continua con el permiso de la compra de 200 dólares para centenares de miles de argentinos?

Tal como lo advirtió en una entrevistas el intendente Mario Ishii, del partido de José C. Paz, agosto fue un mes clave para demostrar una parte del desborde social. Las ocupaciones de tierras tanto fiscales como privadas, de día o de noche, no cesan. El argumento que usan es el peligro de la promiscuidad real que sufren y que ponen en peligro la extensión del COVID-19. Las ocupaciones no tienen una geografía específica. Se dan en el cordón suburbano y en otras importantes ciudades capitales de provincia.

Adquirió, por ejemplo, una importante dimensión periodística las acciones en Villa Mascardi.

Los aborígenes mapuches han roto viviendas, quemado galpones y paralizadas las rutas. Los vecinos salieron a protestar y a exigir el amparo del Estado. Los cuestionó la misma ministra de Seguridad, la antropóloga Sabina Frederic. Se quejó por la manifestación civil y llegó a declarar: “La toma de tierras no es un tema de seguridad”. Si no lo es ¿qué es entonces?

Para Frederic, los aborígenes son “víctimas del sistema”. Es toda una posición ideológica. Si sigue por ese camino terminará por condenar al ex-general y presidente Julio Argentino Roca por su conquista del Desierto y por dominar la Patagonia apetecida por Chile. A Chile su territorio le quedaba chico: al norte todo es desierto y mirando al sur no podían llegar al extremo por la permanente sublevación indígena en la Araucania. El país trasandino tuvo que guerrear a lo largo de 300 años y, en 1861, pudo llegar al Cabo de Hornos. La guerra se repitió entre 1953 y 1955, en esa oportunidad por conflictos religiosos y fronterizos. La bandera de lucha de los mapuches armados era esencialmente el reclamo de tierras.

Sergio Massa, titular de Diputados, reclamó frente a la actitud de Frederic, la presencia de gendarmería para cuidar a los vecinos. La afirmación del ex-presidente Eduardo Duhalde cuando declaró la posibilidad de un “golpe de Estado” tuvo varios trasfondos. Por un lado, Duhalde dijo que tuvo un desvió psicótico. ¿Pero no habrá buscado rescatar la memoria del volcán de saqueos, protestas civiles en la calle y ante las puertas de los bancos que desembocaron en la suma de una cantidad significativa de víctimas hace casi dos décadas atrás?

Hay demasiados interrogantes sin contestar.