Un DNU que puede empeorar (aún más) la calidad de la conectividad digital

El viernes 21 de agosto el presidente Fernández sorprendió con el anuncio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que declaró servicios públicos a la telefonía, internet y la televisión paga y congeló las tarifas de esas prestaciones hasta el próximo 31 de diciembre.

Las telecomunicaciones, al igual que el resto de los servicios públicos, fueron desarrolladas por inversión del Estado argentino durante años y privatizadas en los 90 por iniciativa y votación del mismo partido político que hoy gobierna.

El acceso a la tecnología, en este caso de información y comunicación, hace al desarrollo integral de la persona humana, lo que convierte a este servicio en un “derecho esencial” cuya accesibilidad y calidad debe ser garantizada por el Estado. En la actualidad millones de compatriotas no tienen garantizado ese derecho.

En los servicios públicos, la densidad de usuarios define costos y calidad de prestación, o sea que las localidades de menor población y/o más alejadas de los grandes aglomerados urbanos tienen costos de servicios más altos y/o de menor calidad. Ahí el Estado debe concurrir para garantizar el acceso en calidad y precio justo.

La infraestructura del servicio de Tics tiene rápido envejecimiento tecnológico, dada su velocidad de innovación y desarrollo, y debe estar integrada a escala global por lo que su servicio exige inversiones constantes a largo plazo para mantener los niveles de calidad. Para ello es necesaria la inversión privada que demanda un diseño normativo: seguro, sistémico, transparente y previsible. Ahí está mi principal controversia con el DNU, dada la débil institucionalidad que lo envuelve, la que aumenta la incertidumbre y puede fulminar la posibilidad de inversión. Véase la caída del financiamiento internacional por USD 600 millones a una de las compañías prestadoras mayoristas a raíz de su dictado.

Modificar una ley por DNU debería ser la excepción. El Gobierno pretende convertirlo en la norma. Eso vulnera la república, empaña la transparencia, profundiza la inseguridad jurídica y aleja las inversiones que nuestra economía necesita para reorientarnos hacia el progreso con equidad.

Los cambios de reglas deben hacerse de formas abiertas al debate y la opinión previa de todos los sectores involucrados, particularmente escuchando a los usuarios.

Los argentinos hemos experimentado, en esta etapa de recuperación democrática, diferentes estadíos en lo referido a la prestación de los servicios públicos con diferentes características de prestadores, calidad y precio. Tuvimos servicios públicos: estatales con accesibilidad amplia, precios bajos y deficiencias de calidad en los 80; privatizados en los 90 con regulaciones laxas y controles débiles que favorecieron concesionarias con alta rentabilidad, baja inversión y calidades diferenciadas por precio y lugar geográfico. El quiebre de la convertibilidad desmoronó el andamiaje privatizador y abrió paso al populismo tarifario manteniendo las concesiones privadas que derivaron en el colapso macroeconómico y de la calidad de las prestaciones en los 2000, del que, aún hoy, arrastramos sus consecuencias negativas.

En telecomunicaciones, la ley 27.078 derogó el decreto ley de la dictadura, en 2014, y definió un escenario de competencia, habilitando la convergencia de redes y reforzando el rol del Estado como regulador. Lamentablemente dejó puntos claves librados a su reglamentación que inhabilitaron el consenso de la oposición.

Fue un paso adelante pero no resolvió la accesibilidad con calidad y precio justo a los servicios de la Tics. La cantidad de abonados con telefonía celular disminuyó, aumentando, dentro de ella los servicios prepagos (más caros y de mayor uso en los sectores de menores ingresos), y la conectividad a internet aumentó, ambos con las tecnologías disponibles, muchas en estado de desuso tecnológico, lo que afecta la calidad del servicio, principalmente en el interior del país.

La ley “Argentina Digital” define el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (1% de todas las tarifas percibidas por las prestatarias) que, a hoy, acumula más de $12.000 Millones (pesos: doce mil millones) que deberían utilizarse de manera federal para un plan de inversión en infraestructura tecnológica que garantice calidad y precio justo en el acceso a los servicios Tics de todos los argentinos.

Estamos perdiendo la oportunidad de capitalizar experiencias, de aciertos y errores, de todo este tiempo democrático. Si no cambiamos de actitud política e institucional seguiremos naufragando en “las vereditas”, al decir del presidente Raúl Alfonsín, con posiciones circunstanciales e irreductibles que nos alejan del camino hacia el progreso que está muy condicionado por la incorporación de la dimensión digital en la producción de bienes y servicios. Si seguimos imponiendo improvisaciones, como considero es el DNU 690/20, no solo no mejoraremos las prestaciones de servicios digitales, es probable que las empeoremos.

La oportunidad de desarrollo de nuestro país está basada, fundamentalmente, en sustentabilidad ambiental, digitalización de los procesos, integración comercial con el mundo y crecimiento de nuestra economía del conocimiento.

Para lograrlo es indispensable eliminar las inequidades y garantizar el acceso de la mejor calidad en los servicios digitales en todo nuestro territorio. Para ello son necesarios tanto el Estado -fijando las reglas del juego de forma transparente y previsible, promoviendo la extensión de accesibilidad digital en los lugares más alejados y menos poblados, subsidiando el acceso de calidad de quienes, viviendo en cualquier lugar del país, no pueden acceder a ellos por sus propios medios- como el mercado -donde el sector privado, nacional e internacional, invierta y compita por calidad y precio en los lugares más densamente poblados-. Todo bajo la regulación eficiente y el control transparente del sector público con la participación de los usuarios y consumidores.

Mientras en el mundo las potencias se disputan el liderazgo del 5G y las tecnologías de conectividad de redes con anchos de banda de varios gigabytes, en Argentina hay millones de compatriotas que no tienen acceso a la telefonía celular, ni al 4G, ni a internet, y, si tienen, no es con la conectividad de ancho de banda y rapidez que hoy exigen el teletrabajo, la educación digital, la telemedicina, la Big Data e Inteligencia Artificial, la robótica, la telemetría, etc. Esos deberían ser nuestros objetivos y este DNU no aportará nada para lograrlos.

Atarnos a confrontaciones dogmáticas de “Estado vs mercado” no ha servido para resolver nuestros problemas, ni los viejos, ni los nuevos. Se ha demostrado que el Estado puede ser exitoso ejerciendo un rol concurrente junto al mercado, como es el caso de la autopista de la información de mi provincia, San Luis, en la cual hay mucho para mejorar, pero la idea de accesibilidad universal es más cercana.

Sin la conjunción inteligente del Estado y el mercado, establecida como política de Estado, no lograremos los objetivos de disponibilidad tecnológica de punta, asequible con igualdad social y geográfica, necesaria para el desarrollo con equidad.

Entonces, al decir de un amigo, el DNU 690/20, en el mejor de los casos, habrá sido otra declamación.

No perdamos otra oportunidad. ¡Hagámoslo bien, hagámoslo juntos!

El autor es secretario de la Mesa Federal del Comité Nacional UCR