No hay ninguna justificación económica para declarar servicios públicos a Internet, la telefonía celular y la televisión por cable

La decisión del Gobierno de declarar servicios públicos la telefonía celular, el servicio de Internet y la televisión por cable, no resiste el más mínimo análisis desde el punto de vista económico, pero sí crea la sospecha que el control de las tarifas de esos servicios puede llevar a una estatización por falta de rentabilidad o bien a coartar la libertad de expresión.

Imaginemos a los dueños de un servicio de cable que tiene programas periodísticos que no le gusta al Gobierno. Perfectamente pueden no otorgarle el aumento de tarifas para ahogar económicamente a la empresa y forzarla a quitar del aire a aquellos periodistas que molestan, o bien anular ese canal. Cuando el funcionario público tiene ese poder en la lapicera, la dictadura está a la vuelta de la esquina.

Con Vicentin fueron más burdos en el proceder. Fueron directamente por la empresa violando la Constitución y la división de poderes, pero ahora pueden ser más sofisticados. No te doy aumentos de tarifas y te ahogo económicamente hasta que los accionistas de la empresa le entregan las llaves de la empresa al Estado o a algún testaferro de los políticos de turno para que transmitan lo que se les da la gana.

Estos casos se han visto a los largo de la historia económica con las dictaduras. Bajo el pretexto de defender a la población, ponen controles que pavimentan el camino hacia el control de la libertad de expresión. Es el asalto a la democracia por la vía económica. Usan la democracia para llegar al poder y luego la destruyen, y al sistema republicano, para tener el poder absoluto y mostrar una ficción de democracia.

¿Acaso el diario La Prensa no fue confiscado por Perón por mantener su libertad de opinión? El peronismo nunca fue muy adicto a la libertad de expresión.

El tema de las tarifas de los servicios públicos se puede entender, aunque no justificar. Es físicamente imposible que por la puerta de mi casa pasen 10 caños de provisión de agua potable y yo me conecte al que más me conviene. En esos casos hay todo un debate sobre el control de las tarifas y de las inversiones que deben hacer las empresas privadas que prestan el servicio de agua potable en las ciudades, pero de hecho se entiende el problema, algo que no ocurre en el campo donde la gente tiene agua de pozo.

Con una calle o una ruta pasa lo mismo. Si el Estado da la concesión de una ruta, es muy raro que haya competencia con varias rutas al lado. Si se da la concesión, la libertad de tránsito existe pero el costo de usar la ruta la paga el que la usa con el peaje. Y ahí podría entenderse que el Estado fije una tarifa de peaje e inversiones de mantenimiento, para que esa concesión no limite la libertad de tránsito.

Lo que es totalmente disparatado es declarar servicio público a Internet donde hay mucha competencia y podría haber más si Argentina no fuera tan enemiga de la seguridad jurídica. Lo mismo ocurre con la telefonía celular y los servicios de televisión por cable. Es más, ésta última tiene cada vez menos encendido y la gente se refugia en Internet para ver películas, se informa por las redes sociales, lee los diarios por Internet y hay cantidad de sitios para ver películas. Tan ignorantes parecen ser algunos políticos que no se dan cuenta que los videoclubs de barrio fueron barridos por Blockbuster y que luego Blockbuster fue barrido por la televisión por cable, y la televisión por cable tienen la competencia con la aparición de plataformas que tienen películas, series y documentales.

En lo que hace a entretenimiento, por lo menos hasta antes de la pandemia, competían el cine, el teatro, la televisión abierta, la televisión por cable, Youtube y todas las plataformas digitales. No hay ninguna justificación para declarar la televisión por cable como servicio público porque las opciones de competencia que hay en ese rubro son impresionantes. Lo único que puede explicar semejante comportamiento es el control de algunos programas.

En lo que hace al control por Internet, dado que hay millones de personas que hoy pueden competirle a los medios porque son influencers que tienen muchos seguidores y las redes sociales han democratizado la libertad de expresión, si el Estado tiene el control de la provisión, puede obligar a censurar sitios, plataformas, etc.

Argentina ya vivió la época del estatismo. Para aquellos que son más jóvenes y no vivieron los tiempos de Entel, empresa estatal de telefonía que tenía el monopolio del servicio, tener un teléfono en Argentina era todo un milagro. Los avisos de los departamentos que estaban a la venta venían con la aclaración si el departamento tenía teléfono o no. Con teléfono el departamento costaba USD 5.000 más que sin teléfono.

Había toda una mafia dentro de Entel que se encargaba de robar líneas y vendérselas a otros: quien tenía línea se quedaba sin teléfono por un tiempo. Perdón por ser autorreferencial: en la década del 80 viví en un departamento en Acassuso frente al hipódromo de San Isidro. Los fines de semana que había carreras, la mafia de los teléfonos me quitaba la línea y se la conectaba a alguien que hacía apuestas. Levantaba el teléfono y no solo escuchaba las apuestas, también escuchaba cómo transmitían las carreras. La cuenta la pagaba yo.

Los teléfonos públicos, que hoy ya casi no existen, estaban todos rotos. Obviamente no existían ni los teléfonos celulares, ni WhatsApp, mensajes de texto, ni Zoom, ni Skype, ni nada de eso. Era correo por carta o teléfono si uno lograba conseguir uno. Hoy la sociedad tiene más libertad para elegir, pero sobre todo para informarse, para informar, para difundir sus ideas. Una marcha contra un gobierno dictatorial se arma solo con mensajes de WhatsApp.

Por eso declarar como servicios públicos a la televisión por cable, la telefonía celular e Internet deja la puerta abierta para establecer un férreo control de las comunicaciones y la libertad de expresión. El control de los medios de comunicación es el primer paso para establecer una dictadura.

No hay una sola justificación económica para establecer semejante medida de declarar de utilidad pública dichos medios, solo un objetivo de limitar la libertad de expresión puede estar esperando al final del camino.

Finalmente, no estoy diciendo nada nuevo. Hay infinidad de ejemplos a lo largo de la historia de gobiernos con tendencia autoritaria que utilizan todos los pretextos posibles para anular la libertad de expresión y para que haya un solo relato. El oficial.