Quinta a fondo al plan sistemático de impunidad K

Mientras el país se hunde sin plan en una de las crisis económicas más profundas de las últimas décadas, el Gobierno, totalmente fuera de foco, tiene un solo objetivo claro y un plan perfectamente delineado y trazado desde mucho antes de que llegaran al poder.

Ya en junio de este año, muchos ex funcionarios del gobierno anterior con el apoyo de intelectuales, artistas y dirigentes de la oposición denunciamos este plan de impunidad que se sustenta en tres pilares bien cimentados: el relato, el embate contra el Poder judicial y la impunidad de una banda liderada por la más alta autoridad de gobierno durante los años 2007-2015.

Pero el plan siguió adelante y vemos con crispación que aun con la ciudadanía en las calles, después de banderazos como el del 17A, los pasos que fueron planificados hace mucho tiempo empiezan a transformarse en una carrera de alta velocidad hacia la recta final: que la Justicia y la historia indulte a CFK y a todos los que fueron funcionales a su banda y vengarse en el camino de aquellos que osaron en algún momento a ponerle un freno.

1. La historia del lawfare o plan de victimización

Desde el relato, el kirchnerismo pretende reescribir la historia, sin rendir cuentas de sus actos ante la justicia y la sociedad bajo la teoría conspirativa de la persecución política a la que han denominado lawfare. Bajo la estrategia de la victimización, pretenden barrer bajo la alfombra uno de los períodos más corruptos de la historia argentina, que está siendo investigado por la Justicia.

Como una moneda, el concepto de lawfare encuentra su contracara en lo que brillantemente algunos han dado en llamar “el ministerio de la venganza”.

Allí, el lawfare les resulta funcional, y ya entonces no lo llaman así, sino que se embanderan bajo el concepto de falsa justicia tratando de embarrar en el mismo chiquero a los funcionarios que los dejaron en evidencia solo por el hecho de conseguir licitaciones por obras públicas un 40% por debajo de los costos históricos de las obras K. Obras que, para peor de males, se ejecutaron con eficiencia. No somos todos lo mismo.

2. Los embates contra el Poder Judicial

El segundo pilar de este plan tiene en la mira al Poder Judicial. Ya por junio habíamos visto que bajo objetivos loables como la modificación de las jubilaciones del Poder Judicial provocaron un aluvión de vacantes. También habían retirado los 211 pliegos de candidatos a jueces que estaban para tratamiento del Senado. Hoy hay unas 400 vacantes entre juzgados y fiscalías y, en lugar de ocuparse de completar esos cargos a través de concursos transparentes, buscan perpetrar una “reforma judicial” -de espaldas a los intereses de la sociedad preocupada por la creciente ola de delincuencia- que aumentará en más de 20 juzgados la justicia federal donde se resuelven las causas de corrupción de la política, para luego cubrirlos a través de un sistema de subrogancias turbio que ya ha demostrado en el pasado que solo sirve para colocar “a dedo” jueces afines.

A dos días de la manifestación más grande que enfrentó este gobierno en contra de la reforma judicial y del plan de impunidad, desde el Senado se aceleraron los tiempos pretendiendo aprobar un dictamen sin que la mayoría de los senadores que integran el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia conocieran su contenido. El proyecto seguramente obtenga media sanción la semana entrante en el Senado, y quedaría solo una última posibilidad de frenarlo en manos de los diputados “satélite” que no deberían dar quórum para su tratamiento si realmente quieren desactivar el plan de impunidad trazado.

Por otra parte, cuando se encontraron que les faltaban cuatro votos para obtener los dos tercios en el Senado, necesarios para nombrar un procurador general “amigo” en pleno proceso de aplicación de un sistema acusatorio que le dará más poder de fuego a los fiscales, decidieron esmerilar al procurador general actual al que llaman “interino” como si ello le quitara la legitimidad que la ley le da para ocupar tal cargo.

Con un circo orquestado en el Congreso de la Nación, a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de Ministerio Público Fiscal, agrupaciones y personas individuales presentaron más de 18 notas -o mejor dicho: un único texto, casi replicado con exactitud en 18 notas- donde pidieron el juicio político del procurador bajo argumentos falaces y carentes de todo sustento.

Entre las acusaciones al Dr. Casal, se le imputa que, en una presunta extralimitación en sus funciones, haya creado la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) porque, según el relato, ésta habría contribuido a realizar tareas de inteligencia y persecuciones ilegales. Sin embargo, la SAIT lejos está de ser una Unidad Fiscal, ni una Procuraduría. Se encuentra integrada por tres funcionarios, que no revisten la calidad de fiscales: un secretario de la Procuración, un secretario letrado y una funcionaria más, sin facultades de disponer medidas de manera autónoma.

También lo cuestionan al Dr. Casal por presuntas persecuciones a fiscales K, pero cuando se rascan un poquito los argumentos, lo que se descubre es que el presunto perpetuador de lo que les gusta llamar lawfare, no es más que un perseguido por los constructores del relato para desgastarlo al punto de provocar su renuncia.

Si el “plan Casal” falla, no se preocupen, hay red de contención: el reciente Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público o mejor conocido como “la Comisión Beraldi”, tiene como primera misión proponer modificaciones a la ley 27.148, es decir la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, ¿y cuál es la primera modificación en la lista? Permitir que el procurador general pueda ser designado por mayoría simple en el Senado en vez de la mayoría agravada que se requiere hoy y que lo equipara, por jerarquía, a los requisitos que se exigen para el nombramiento de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En paralelo avanzan también contra los jueces que les resultan incómodos. Así, desoyendo a la propia justicia que había ordenado al Senado que se abstuviera de avanzar con el tratamiento de los traslados de los camaristas Leopoldo Oscar Bruglia y Pablo Daniel Bertuzzi, a través de una medida precautelar dictada por una jueza valiente como la Dra. Maria Alejandra Biotti, en el día de ayer se publicaron los edictos que dan inicio al “procedimiento de acuerdo” para sus respectivos traslados, junto con el de otros ocho jueces.

Bruglia es juez federal de Cámara desde 1993 y Bertuzzi, desde 2008. Fueron designados en otros tribunales con el acuerdo del Senado pertinente. Luego, en 2018, se los nombró a cargo de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, a través de dos decretos de Macri, habiéndose cumplido previamente con el procedimiento reglado para ello, dictado por el Consejo de la Magistratura.

A esta altura de los acontecimientos, ya no llama la atención la falta de disimulo para correr a los dos camaristas de la sala donde está radicada la causa de los Cuadernos de la Corrupción que investiga a funcionarios kirchneristas y empresarios de la obra pública.

3. La impunidad para la banda de “amigos”

Finalmente, el tercer pilar sobre el que se cimenta el plan de impunidad se podría resumir en la máxima del General Juan Domingo Perón: “Al amigo, todo, al enemigo, ni justicia”. Ya habíamos visto cómo, invocando la pandemia, el secretario de DDHH, Horacio Pietragalla, solicitó la liberación de Ricardo Jaime y Martín Báez. Luego vino la oleada de liberación de delincuentes violentos sin siquiera respetar la ley que dispone que antes de decidir, se debe oír a las víctimas. Disfrazados entre los violadores y criminales que se enviaron a sus casas, también salieron de las cárceles la mayoría de los empresarios y políticos investigados o condenados por corrupción como Amado Boudou, Carlos Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, Milagro Sala, Luis D’Elia y Fernando Esteche, los gremialistas Juan Pablo “Pata” Medina y Omar “Caballo” Suárez, los empresarios Gerardo Ferreyra, Cristóbal López y Fabián De Sousa, el militar César Milani, entre otros.

En materia judicial no dejaron de meter goles. La Oficina Anticorrupción desistió de su querella en los casos “Hotesur” y “Los Sauces”, en los que Cristina Kirchner y sus hijos se encuentran en pleno juicio por lavado de dinero y asociación ilícita. Otras causas de envergadura semejante, se encuentran en estado de parálisis casi total.

Sin embargo, no contentos con los resultados judiciales, luego se enfocaron en “los negocios” y decidieron allanarle el camino a empresarios como Cristóbal López y Fabián de Sousa escondiendo un “caballo de Troya” dentro de la moratoria fiscal recientemente sancionada. De este modo, se les permitirá levantar la quiebra de Oil Combustibles para quedarse con los 100 millones de dólares de la venta de la petrolera a YPF, mientras pagarán en cómodas cuotas a diez años y con quitas, la deuda que tienen con la AFIP por haber defraudado al Estado con la ayuda del ex Administrador Federal, el señor Ricardo Echegaray, quien recientemente, fue sobreseído por enriquecimiento ilícito porque la Oficina Anticorrupción se retiró del caso, entre otros golpes de suerte que viene teniendo el funcionario.

¿Y al enemigo? Habrá que ver cómo continúan los embates contra la propiedad privada en el caso de Vicentin, empresa que está pagando el precio de haber respaldado al gobierno de JxC y las causas que, aun en plena feria judicial, avanzan con un pie a fondo en el acelerador contra funcionarios del gobierno anterior.

La autora es abogada, ex subdirectora general de Coordinación Técnico Institucional en AFIP y ex jefe de Gabinete de la UIF