La sociedad se resiste a ser conducida como un rebaño

Los argentinos se han manifestado masivamente en defensa de la República. Todos los intentos del gobierno para detenerlos han sido vanos. Trataron de infundirles miedo o culpa con un discurso que osciló entre la agresión verbal acusando a quienes llenarían las calles de despreciar la salud de sus semejantes o de ser exponentes de la oposición. Por el contrario, nada impidió que tuviese lugar la expresión más numerosa de rechazo a un gobierno desde 1983. No dudamos que esto fue así, ya que hasta ahora, las manifestaciones importantes se produjeron exclusivamente en los principales centros urbanos con epicentro en la Capital y en otras grandes ciudades del interior. Esta vez la protesta se expandió en ciento cincuenta localidades a lo largo y a lo ancho del país. Fue una expresión que no respondió a bandería política alguna y que fue convocada a través de las redes a partir de un trabajo cuidadoso a lo largo de varias semanas.

El gobierno peronista parece haber olvidado su raíz popular siempre proclive a llamar a manifestar y se muestra molesto pues ya no domina el espacio público. Hoy éste le pertenece a una vasta alianza social que abarca a todos los sectores de la clase media inclusive a muchos que votaron al Frente de Todos. La sociedad se resiste a ser conducida como un rebaño.

Fueron pocos los que se pronunciaron contra la cuarentena a pesar de lo que se afirma desde el oficialismo. El reclamo, que mayoritariamente y que a voz en cuello se escuchó, fue el rechazo visceral a la reforma de la Justicia que hoy se propone, conjuntamente con otros temas, en su gran mayoría también de naturaleza institucional. Gritaron contra la corrupción y sobre todo contra el peor de sus correlatos, la impunidad, con la que de ninguna manera quieren tranzar. La lectura de los numerosos carteles que portaban los manifestantes giraban en torno a la división de poderes, a la independencia del Poder Judicial, al pleno goce de las libertades, al respeto del sentido del voto popular, de la propiedad privada entre muchos otros, que pusieron de manifiesto el conocimiento y el compromiso en defender la Constitución.

La modificación que se pretende es inoportuna e innecesaria en el marco de una tragedia caracterizada por el aumento desmedido de la pobreza (según UNICEF el 63% de los niños se encuentran por debajo de la línea de pobreza), la destrucción de la fuerza productiva, la inexistencia de moneda, la ayuda alimentaria a once millones de personas, para sólo enumerar a algunas de las aristas de la tragedia en la que estamos inmersos. Pero además, la reforma ignora las necesidades de justicia de los sectores más relegados. Lo que pretende la sociedad argentina es una justicia más ágil, más veloz a la hora de dictar las sentencias. La mayoría la percibe muy lejana ya que no tiene asegurado el acceso a ella. Vive cada vez con mayor desesperación la respuesta de los denominados jueces de la “puerta giratoria” que consideran el interés de los victimarios en detrimento del de las víctimas. El desprecio por los sectores más vulnerables se pone de manifiesto cuando la doctora Poggi, fiscal nacional de la minoridad, denuncia que desaparecerá el único fuero de menores que existe en el país en abierta violación a la Convención sobre los Derechos del Niño que exige jurisdicción y normativa propias.

Se plantea una gran reforma de la Corte con la modificación del número de sus miembros e inclusive en el alcance de su competencia de modo de poder intervenir en los procesos en trámite en los tribunales inferiores, como ya se trató de hacer sin éxito. Se quiere remover a empellones al Procurador General de la Nación Provisorio.

No obstante lo anterior, la Vicepresidenta está demostrando que está dispuesta a todo para que se concrete la reforma y así conseguir la tan ansiada impunidad. El último capítulo de esta saga que comenzó poco después de la instalación de la nueva administración con la designación de amigos al frente de los órganos de control, ha sido la desobediencia de una orden judicial que impedía el inicio del trámite de revisión retroactiva y en contra del parecer de la Corte Suprema, del traslado de jueces federales que se han pronunciado en contra de los intereses de la ex Presidenta en causas que la comprometen seriamente, hecho que ha dado nacimiento a un grave conflicto de poderes que amenaza acentuarse en los días venideros. ¿Cuál será el próximo paso?

Frente a esta suerte de autismo que ignora o no se interesa por lo que ocurre en el humor de los representados, los argentinos han demostrado que están dispuestos a definir la agenda, la que no está integrada por los temas que sólo interesan a la Vicepresidenta, que necesita ser sobreseída en una serie de procesos en los que está denunciada por la comisión de gravísimos hechos de corrupción. Para alcanzar tan ansiado logro necesita que vea la luz una reforma que destruye la independencia de la Justicia y que la premia con la impunidad. Una parte importante de la sociedad le ha hecho saber de manera pacífica pero contundente que si algo no quiere es precisamente que se haga realidad esta pretensión, ya que de producirse, arrastraría consigo a las instituciones de la República.

El autor es profesor titular y Director de la Carrera de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires