Un grito espontáneo contra la búsqueda de impunidad

Nuevamente la gente se ha expresado masivamente. Ha llenado las principales plazas del país para manifestar su oposición a las perniciosas políticas gubernamentales, su hartazgo por todo lo que está ocurriendo y lo ha hecho con verdadera unción patriótica, desprovista de banderas partidarias y con la unánime exposición de la bandera argentina. Fue un grito espontáneo, que nació de miles y miles de personas que se autoconvocaron por las redes o por comunicación personal y que lo hicieron en orden, como en anteriores oportunidades.

Múltiples factores fueron provocando su indignación. El último eslabón de la cadena fue la reforma de la justicia porque, a pesar de toda la argumentación que da el Gobierno, surge a simple vista que todo ese movimiento tiene un único y determinado fin: lograr que se libere a la vicepresidente y demás imputados de corrupción de sus numerosas causas judiciales. No importa que exista una cantidad enorme de pruebas, que son las que han provocado sus procesamientos porque, con el desplazamiento de los jueces que llevan adelante los juicios y su reemplazo por magistrados adictos, planean concretar la impunidad de los acusados. Ello se advierte con mucha más nitidez cuando se ve el intento indisimulado para aumentar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia que es la que va a resolver, en última instancia, todas las causas que se llevan a cabo contra esos acusados para poder dominar a ese tribunal y transformarlo en un vasallo del poder central. El nombramiento de un consejo asesor en el que hay mayoría kirchnerista e, incluso, lo integra el abogado personal de una múltiple imputada por esos delitos demuestra que la mayoría va a aconsejar lo que el Gobierno quiere que le digan. Como mínimo, podría decirse que se quiere avanzar con este tema en forma absolutamente inoportuna, en medio de la pandemia que estamos viviendo, donde también se aprovecha ese encierro al que nos condenan para querer expropiar empresas.

No es sólo eso. La gente ha reaccionado también contra el avasallamiento de las instituciones, que se advierte cuando en el Congreso se dificulta el uso de la palabra a los legisladores opositores, cuando se maltrata a los expertos que declaran en las comisiones por el solo hecho de tener una posición contraria a la oficialista o cuando, lisa y llanamente, el Senado desconoce un fallo judicial que ordena que no se trate la situación de dos magistrados. Esto adquiere ribetes muy alarmantes, dado que se trata de una práctica reiterada en el kirchnerismo cuando lo que dispone la justicia no se adecua a sus intereses, como ocurrió cuando no acataron varios fallos de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenaban la reincorporación al cargo del procurador de la provincia de Santa Cruz. Es que resulta muy grave desconocer los fallos de los jueces; si se los considera injustos, se los puede apelar pero hay que cumplirlos hasta que tribunales superiores puedan eventualmente llegar a resolver lo contrario. Y esto es de una enorme gravedad institucional porque no sólo significa desconocer a otro poder del Estado sino que es un peldaño más en el camino hacia la destrucción de la república. Resulta indudable que no se le puede pedir a los ciudadanos que cumplan las leyes si los propios gobernantes no lo hacen cuando no les conviene.

Es muy importante señalar que venimos sobrellevando una cuarentena eterna que, al día de hoy, cumple ciento cincuenta días sin plan alguno y sin que puedan exhibirse resultados positivos. Por el contrario, ha agravado la hecatombe económica y provocado el cierre de innumerables negocios y empresas, dejado en la calle a millones de personas y aumentado el porcentaje de pobres e indigentes a niveles nunca vistos. Esto, sin contar con el muy grave deterioro de la salud física y psíquica de mucha gente, que ha caído en depresiones y otras enfermedades. Y ahora, como gran logro, se nos dice que ya no van a pronunciar la palabra cuarentena, pero no van a dejar de mantenernos encerrados sin que sepamos exactamente hasta cuándo.

A esto se le debe agregar el malestar que produjo en la opinión pública el maltrato contra periodistas independientes y la falta de interés en solucionar uno de los principales problemas que percibe hoy la gente, que es la inseguridad. Y, por si todo ello fuera poco, se suma a esta lista la nociva alineación internacional con las peores dictaduras populistas que son condenadas por el mundo libre, percibiéndose que el gobierno se dirige en el mismo sentido en que lo hizo el chavismo y que llevó a Venezuela a ser hoy una de las naciones más pobres del mundo, donde ningún derecho tienen sus habitantes.

Todas estas circunstancias fueron exacerbando los ánimos de la gente, que quiere hacer uso del derecho constitucional de peticionar a las autoridades ya que, si bien el voto legitima el poder, también debe ser legítimo su ejercicio y el hacerse oír es su único medio de ejercer una protesta.

El futuro es desesperanzador ya que todo nos indica que se están profundizando estas políticas tan perjudiciales que sólo benefician al grupo gobernante, lo que ha provocado la reacción de gran parte de la ciudadanía. Ante tan desolador panorama, ha expresado sin titubeos que quiere seguir viviendo en una república, que se respeten las instituciones, que no se restrinjan indebidamente nuestras libertades y nuestros derechos, que se retire de inmediato el proyecto de reforma judicial, que se respete la independencia de la justicia y que los corruptos sean condenados y vayan a la cárcel. En una palabra, no va a permitir que vayan por todo y por eso ha salido a las calles a expresarlo.