Me cuesta entender qué calificativo se debe usar para la marcha que se convoca el 17 de agosto en “defensa de las instituciones”, sobre todo, cuando escribo esto mirando por enésima vez el anuncio de los fallecidos y contagiados por COVID-19 acompañado por una canción infantil interpretada por una payamédica, con coreografía de Carla Vizzotti.
Innecesaria, desubicada, chocante, inexplicable. Aclaro que esos adjetivos se los atribuyo a esa presentación de datos médicos fatales acompañada del sonsonete infantil. La marcha en medio de la crisis del Coronavirus no tiene demasiado sentido y es peligrosa en lo sanitario. La canción del caracol y del pulpito coronan la estupefacción flagrante que causa quien ha perdido sentido de realidad.
Me cuesta entender por qué se la sometió a semejante dislate a la gran funcionaria de salud Vizzotti. Me cuesta entender que se crea que en el día del niño (o en cualquier día) los niños se paran frente a la tele para ver el reporte de fallecidos y, por eso, vale la pena poner a un payaso cantando. Me cuesta creer que eso sea un signo de desconcierto más de las autoridades nacionales.
Quizá sea necesario enmarcarlo en las últimas comunicaciones gubernamentales que, también, me cuesta entender. La marcha de los sectores opositores para el día de San Martín se hace en defensa de las instituciones. Hay demasiada ampulosidad en la convocatoria. Suena más a una marcha para tiempos de suspensión del estado de derecho que para los momentos actuales. Aunque, de verdad, haya que reclamar por falta de debate democrático en muchos aspectos. La innecesaria marcha no puede tapar que pasan cosas serias, graves, cómo no.
Me cuesta entender que muchos no vean que no hay funcionamiento republicano con plena división de poderes en esta coyuntura. Me cuesta creer que no se vea que falta Poder Legislativo y que hay un intento de atropellar al Poder Judicial.
El Presidente de la Nación dice que la cuarentena no supone la discusión de las libertades. Cuesta creer que un profesor de derecho diga eso. La cuarentena, o como se llame la restricción de libertades vigentes, existe. El nombre, cuarentena, se lo dio el propio Poder ejecutivo nacional y sus funcionarios que hasta cinco minutos antes del discurso del viernes en el que el presidente abolió por imperio de su sola voz, la invocaban. ¿Hace falta citar los cientos de discursos de ellos hablando de cuarentena? “Compro cuarentena hasta septiembre”, “no nos enamoramos de la cuarentena”, “hay que acostumbrarse a la cuarentena”, “botón rojo”, fueron frases que no tienen 200 horas de antigüedad. Dejémonos de embromar.
Se llame cuarentena o ASPO o SAS, lo que existe es un estado de restricción o suspensión de libertades constitucionales
Superando el papelón semántico, valen dos o tres descripciones. Para moverse, hay que tener un permiso y no se puede ingresar al territorio nacional sin hisopados o tests. Eso afecta la libertad de circulación. Hay miles de actividades productivas que no se pueden realizar por el virus. Eso afecta la libertad de trabajo y comercio. Las reuniones sociales están restringidas y hasta advertidas con sanción penal por un DNU del presidente. Eso afecta la libertad de reunión. Y así. Se llame cuarentena o ASPO o SAS, lo que existe es un estado de restricción o suspensión de libertades constitucionales ¿Es necesario por razones epidemiológicas? Ese es otro tema. Pero mal que le pese al Poder ejecutivo nacional (y a sus fanáticos exégetas) hay suspensión de libertades.
Y de eso deviene el debate de cómo se restringen. La emergencia nacida del vendaval del Coronavirus que se abalanzó de manera imprevisible, hizo razonable que el Ejecutivo tomase esas medidas en soledad. Las dos primeras semanas. Las cuatro, las ocho siguientes. Me cuesta entender que no sea obvio que, luego de 5 meses (dice 5 meses), no se considere que las libertades restringidas deben ser debatidas en el parlamento. Como en el resto del mundo democrático.
Me cuesta creer que Alberto Fernández no lo sepa. Dijo el viernes que su gobierno es el del Presidente y el de los 24 gobernadores. Su expresión de deseo federal se valora pero en nuestro país el ejercicio del poder está reservado al ejecutivo, al legislativo y al judicial. En el parlamento reside la representación nacional. Que crea que le alcanza al ejecutivo con decidir solo y enviar al parlamento los DNU habla del desconocimiento de lo que es un estado de excepción. Ni en situaciones de guerra el mundo (y nuestra carta magna) se olvidan de reclamar el acuerdo del Congreso para tomar decisiones centrales.
Me cuesta creer que los que se agravian por el reclamo de más institucionalidad no vean que hay un intento claro de atropellar la independencia del poder judicial. ¿Hay que dar ejemplos? Demos algunos.
La misión de horadar al procurador general Eduardo Casal para que renuncie y así asuma un representante “interino-definitivo” de Justicia Legítima es tan obvia como que el agua moja. Sucede que en nuestro país hay que explicar que el agua moja y que el abogado personal de la vice presidente está éticamente impedido de proponer reformas al órgano judicial en el que está hoy, aquí y ahora, litigando. Eso, sin tener en cuenta que la propia organización de profesores de derecho procesal penal que Carlos Beraldi integra calificó el intento de reforma judicial como viejo y amañado.
¿Me cuesta entender que no se vea como preocupante para la división de poderes pretender nombrar 800 jueces de un saque con el amparo de la subrogancia que esconde el dedo arbitrario? ¿Un ejemplo más? Una funcionaria del Ejecutivo, quizá la más valiosa, asegura que no entiende cómo un juez emite una medida cautelar que tacha de ilegítimo la irregular decisión del Senado de tratar traslado de jueces a pesar de estar vedado por mandato judicial. Me cuesta creer que Vilma Ibarra piense eso desde lo jurídico. ¿Un juez no puede versar por la legalidad de un acto del legislativo o del ejecutivo? Esto no es una cuestión política no judiciable, por las dudas de los puristas del derecho. La Secretaria dice que eso sería equivalente a que una norma del Legislativo le impida a un juez tratar un tema. ¡Y eso se hace! Fijar competencias originarias o derivadas de la Corte como propone el proyecto del Ejecutivo es eso.
Por fin, me cuesta creer que en tiempos de distanciamiento social el reclamo por la institucionalidad se haga con marchas o concentraciones. Me cuesta creer, mucho más, que no entendamos que las alertas por el debilitamiento del debate parlamentario y el acoso a la justicia son tan obvias como obvio es el ridículo de poner a un payaso para adornar el anuncio de muertos y contagiados.
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