Empecemos por un dato numérico clave: la carne porcina es la más consumida a nivel mundial, y China representa casi la mitad de ese consumo. En 2019, el país asiático sufrió un brote de peste porcina africana (PPA) que obligó a sacrificar más de 1 millón de animales. A partir de entonces, Argentina emerge como actor fundamental para China en la provisión de esta carne.
Tan es así que, en nuestro país, de las diez plantas para la faena con fines de exportación de carne a China que existen actualmente, nada menos que siete fueron habilitadas a fines de 2019, post brote de PPA en el gigante asiático y en respuesta a la consecuente apertura de su mercado (que devino en la firma de un Protocolo para autorizar la importación y exportación de carne porcina entre ambos países).
Ahora bien, si esto sucedió hace casi un año, ¿por qué resurge como tema de agenda hoy? Básicamente porque existe ahora la posibilidad de firmar un nuevo acuerdo comercial, esta vez para instalar en nuestro país granjas de producción de cerdo que provean al gigante asiático con -un mínimo de- 900 mil toneladas de carne en cuatro años.
Por supuesto, frente al actual contexto de crisis económica, que se prevé se agrave conforme avance el año, la posibilidad de generar unos 36 mil puestos de trabajo puede ser sumamente tentadora. Pero lo cierto es que se desconoce de qué tipo de trabajo, en qué condiciones, para quiénes y a qué costo -social, ambiental, para la salud de la población vecina a los establecimientos y en general- estaríamos hablando.
Lo que sí sabemos es que lograr esas 900 mil toneladas de carne porcina implicaría incrementar el stock de animales en casi 10 millones, y adicionar más de 2,2 millones de toneladas de maíz y unas 750 mil de soja para la alimentación del ganado (lo que a su vez implica sumar casi 290 mil y cerca de 250 mil hectáreas cosechadas de uno y otro grano). También que duplicaría las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) del sector porcino, y demandaría unos 12 mil millones de litros de agua potable a lo largo de toda la producción, y eso sin contabilizar el agua para la limpieza.
En China existe clara evidencia de la contradicción entre el cuidado del ambiente y la cría de cerdos, especialmente en áreas ambientalmente sensibles, cercanas a cursos de agua. Sin embargo, este nuevo proyecto de acuerdo no contempla estudios previos que permitan medir el riesgo del impacto, establecer una línea de base ambiental, y/o dar participación a la ciudadanía y las comunidades locales. Los acuerdos con China solo mencionan la importancia del cumplimiento de la legislación nacional como marco regulatorio. ¿Pero está nuestro país institucionalmente bien preparado?; la legislación, ¿provee un marco adecuado para regular estos acuerdos, no sólo en términos ambientales sino también de transparencia y acceso a la información?
Para peor, experiencias previas indican que los acuerdos y convenios firmados con la potencia asiática benefician a la parte china con adquisición directa y condiciones preferenciales, cuestiones que generan preocupación por la simplificación de procedimientos y licencias sociales, un beneficio para capitales chinos frente a cualquier otro tipo de inversión.
Y a todas esas preocupaciones se suma otra, igual de clave: ¿cuán riesgoso es profundizar el esquema de dependencia de un solo comprador para un producto específico, con las variaciones de los precios agrícolas determinados a nivel internacional y su impacto en la producción no sólo ganadera sino también agrícola, de la mano de la provisión de alimentos para el engorde?
A esta altura, son más las preguntas que las certezas. Lo que sí podemos inferir es que este posible nuevo acuerdo profundiza el patrón de inserción de Argentina en el comercio internacional con materias primas de origen agropecuario, y mantiene las dificultades en torno a una balanza comercial deficitaria con respecto a China al tiempo que refuerza una relación bilateral estrictamente basada en necesidades económicas que, tanto a nivel discursivo como en el plano formal, no hace lugar a cuestiones ambientales y/o sociales.
¿Vale la pena? Cuanto menos, permitámonos la duda.
Andrés Napoli es director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
María Marta Di Paola es directora de Investigación de FARN