Cuando se analiza la composición del gasto público tomando los datos de lo ejecutado hasta el 7 de agosto último se puede ver en primer término, claramente, que lo que se llama gasto social representa 67,5% del total, lo más alejado de un Estado liberal y lo más cercano a un estado “progresista”.
En segundo lugar, por importancia del gasto, está lo que se denominan servicios económicos, recursos que básicamente están destinados a tener tarifas de los servicios públicos artificialmente baratas para la población.
Y en tercer orden aparecen los intereses pagados de la deuda pública. Más allá de que no es bueno que el Estado tome deuda para financiar su gasto corriente, lo cierto es que Argentina no está colapsada por exceso de endeudamiento sino por el populismo que domina la economía que lleva a destruir la calidad institucional y condenarla al fracaso si no se cambia ese rumbo.
Dentro del rubro servicios sociales, el grueso corresponden a las jubilaciones y pensiones, donde la mayoría de los 7 millones de jubilados cobran la mínima; el gasto en salud no se refleja en el estado de los hospitales o en lo que se le paga a un médico y al resto del personal de la sanidad; el sistema educativo muestra los peores resultados; y la promoción y asistencia social se ha transformado en un gran clientelismo político, más que una situación transitoria para la reinserción laboral.
La mayoría de los argentinos creyeron que los políticos tenían el monopolio de la solidaridad y que, con ellos cuidando a la población todos tendrían una jubilación digna, salud, educación de calidad para sus hijos, etc. Es decir, con su infinita bondad iban a brindarle a la población la mejor condición de vida jamás vista.
La mayoría de los argentinos creyeron que los políticos tenían el monopolio de la solidaridad y que, con ellos cuidando a la población todos tendrían una jubilación digna, salud, educación de calidad para sus hijo
Este perverso sistema del Estado presente, por el cual muchas veces se pretendió inculcar que los políticos tienen el monopolio de la solidaridad, ha transformado al Estado en algo inmanejable que destruyó las instituciones básicas del país, entendiendo como tales las reglas, normas, leyes, códigos, costumbres que regulan las relaciones de las personas entre sí y de las personas con el Estado.
El peor de los caminos
Por un lado, Argentina dejó la cultura del trabajo y creó la cultura de la dádiva, dando lugar al clientelismo político por el cual los que reciben las dádivas se acostumbraron a vivir del trabajo ajeno. Empleo público y planes sociales de todo tipo suman millones de votos cautivos destruyendo el concepto de república.
Por ejemplo, a mayo pasado, había 5,8 millones de empleados privados en blanco en relación de dependencia y 3,2 millones de ocupados en la administración empleados estatales, es decir, los empleados públicos solos (nacionales, provinciales y municipales), representaban el 55% de los empleados privados.
A mayo pasado, había 5,8 millones de empleados privados en blanco en relación de dependencia y 3,2 millones de ocupados en la administración empleados estatales
La primera ruptura institucional viene por el lado del gasto. Gente que se acostumbra y se considera con derecho a ser mantenida por otros. Los políticos “solidarios” le vendieron a la gente el argumento de que ellos tienen derecho a vivir del fruto del trabajo ajeno. A que unos son pobres porque otros son ricos, por lo tanto hay que aplicar un impuesto a las grandes fortunas. Perseguir al que progresa porque invierte, trabaja y se esfuerza. Esta escalada de clientelismo político, sustentada en el resentimiento social, llevó el gasto público a niveles del 47% del PBI, en el agregado nación, provincias y municipios.
Todo ese aumento del gasto público condujo a buscar la forma de financiarlo. Y aquí se produce el segundo destrozo institucional. El Estado avanzando sobre los derechos individuales para apropiarse del trabajo ajeno y repartirlo.
La presión impositiva alcanzó niveles tan asfixiantes para las empresas y trabajadores que terminaron espantando inversiones y generando problemas de desocupación. Esta falta de trabajo condujo a un nuevo aumento del gasto público vía planes sociales para mantener a los que no tienen empleo remunerado, o bien nombrarlos en la administración pública para encubrir el desempleo real. Lo concreto es que hasta la Ley de Procedimiento Fiscal viola los derechos más elementales de los contribuyentes.
El Estado avanzando sobre los derechos individuales para apropiarse del trabajo ajeno y repartirlo
Así fue que para financiar la mala calidad institucional del gasto público en que se basa el populismo, derivó en más fuentes discrecionales. Llevó a niveles insospechados la carga tributaria en que casi la mitad del año hay que trabajar para pagar impuestos y, en el caso de las empresas, al punto que, de acuerdo a datos del Banco Mundial, Argentina es el país que más presión impositiva aplica sobre las empresas luego de Comoros, una isla frente a África.
No conforme con eso, el Estado vivió pidiendo prestado en el mercado internacional para financiar su déficit fiscal, creando el problema de la deuda externa, pero con la característica que luego consideran que los que quieren cobrar sus deudas son buitres; y de ese modo se transformó en un defaulteador serial.
También el Estado se cansó de confiscar ahorros internos. Plan Bonex 1989, corralito, corralón, pesificación asimétrica, fines de 2001 y principios de 2002; y confiscación de los ahorros en las AFJP a fines de 2009, que hicieron que el sistema financiero quedara reducido a la más mínima expresión y, para peor, el Banco Central se lleva el 50% de los escasos depósitos del sector privado para financiar el gasto público. De ahí que la gente no quiera ahorrar en el sistema financiero argentino.
Finalmente, el Estado abusó de la emisión monetaria como forma de financiar el gasto público destruyendo 5 signos monetarios, teniendo una de las inflaciones más altas del mundo. Hasta julio pasado, la emisión monetaria para financiar el gasto público representó el 66% de los ingresos tributarios del Sector Público Nacional.
Es decir, se destruyeron las reglas de juego de la cultura del trabajo y fueron reemplazadas por la cultura de la dádiva y el clientelismo político llevando el gasto a niveles insospechados y de pésima calidad. Y, por otro lado, se destruyó la seguridad jurídica con políticas tributarias expropiatorias, defaulteando la deuda tomada, confiscando depósitos y destruyendo una moneda detrás de otra.
Hará falta que varios gobiernos y la mayoría de la dirigencia política muestre un mínimo de seriedad en el manejo de la cosa pública como para recuperar la confianza para atraer inversiones y empezar a crecer. Y cuánto más se tarde en llegar la seriedad, más larga será la agonía argentina, porque más difícil será bajar los índices de pobreza.
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