Estamos quemando las últimas naves

Dos conocidos de toda la vida se juntan a tomar un café. Uno le dice al otro: “Tengo un negocio para proponerte… yo no tengo plata ni tiempo para dedicarme, por lo que vos deberías invertir la totalidad del capital y yo me voy a quedar con las ganancias y, además, voy a ir retirando el 6% del capital inicial, vaciando el emprendimiento de todo su valor”.

Nadie en su sano juicio aceptaría un trato así. Sin embargo, este es el negocio que el estado argentino le propone al promedio de las empresas medianas del país. Sumando (y pagando, claro) los 165 impuestos nacionales, provinciales y municipales, el fisco se va a quedar con toda la ganancia, más un 6%. No es un chiste malo. Y lo peor, no es nuevo. Al menos desde el año 2005 el reporte Doing Business del Banco Mundial mide la presión impositiva sobre las empresas y muestra que la imposición alcanza el 106% de la ganancia, con dos años (2014 y 2015) en el que llegó al 137%.

Argentina quiere emular los regímenes social-demócratas europeos, con un estado presente que garantice una educación pública de calidad y que atienda la salud de toda la población. Sin embargo, no deja de ser curioso que en esos países la presión impositiva sobre las empresas, tomadas del mismo reporte, sea substancialmente menor. Por ejemplo, en Francia, alcanza menos del 60%, en Finlandia está debajo del 40% y en Dinamarca no llega al 25%. Evidentemente, no hace falta destruir las empresas, fuentes de creación de valor, para garantizar derechos e igualar oportunidades a todos los ciudadanos. Datos.

¿Quién querría comenzar un negocio con estas condiciones? Nadie. Quizás por eso el país tenga la tasa de actividad emprendedora más baja de la región para los años 2017 y 2018 (GEM). Como nacen pocas empresas, y algunas mueren en el camino, en Argentina hay apenas 14 empresas cada 1.000 habitantes, mientras que en Brasil hay 25; en Uruguay, 48 y; en Chile, 58. Para colmo, están casi todas en centros urbanos. Por eso en CABA hay 41 empresas cada 1.000 habitantes mientras en el norte argentino hay solamente 7. Sin empresas no hay desarrollo ni creación de valor.

El producto bruto está estancado desde el 2008, y cada año se reduce el producto por habitante. Mientras tanto, el producto bruto de nuestros vecinos no para de crecer. En el año 2019, medido en dólares constantes, el producto por habitante de Uruguay y Chile superó en casi un 50% al de Argentina (un tercio menor medido desde ellos). Nos estamos empobreciendo en términos relativos hace años. ¿Por qué? Porque el país está diseñado para aplastar a las empresas. Y eso no es un tema de un gobierno: la estructura impositiva permaneció prácticamente inalterada en las últimas décadas.

Lo que es peor, esta absurda presión impositiva deja a muchos empresarios fuera de la legalidad para subsistir. Hay empresarios que son ladrones y son corruptos, sin dudas. También hay algunos sindicalistas y políticos que lo son. Pero los empresarios tienen la peor parte de esta sociedad, porque asumen los riesgos y porque si pagaran todos los impuestos que les corresponden, muchas empresas tendrían que cerrar. Algunos sectores son extraordinariamente eficientes, pero el resto de las pymes son empujadas a un comportamiento ilegítimo para sobrevivir. ¿Por qué diseñamos un sistema con estas reglas de juego? ¿Por qué ponemos a tantas personas en este dilema ético? Para colmo, a veces desde el púlpito político se maltrata a los empresarios como si fuesen lo más despreciable de la sociedad argentina: el empresario es el chivo expiatorio del desmanejo nacional.

En el contexto post-pandemia se discuten incentivos para reactivar la economía. ¿Y si en vez de proponer subsidios que le devuelven al empresariado lo que antes se le sacó con impuestos, se reduce la carga impositiva y se simplifica la burocracia desmedida? Nada más. Mucho más complejo, sin dudas. Mucho más importante, también.

Vassolo es profesor IAE Business School, Universidad Austral; y Sena es profesor IEEM de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo