La Justicia tiene que ser repensada. Pero no en este momento, y definitivamente no de esta forma. Estamos atravesando una de las mayores crisis socioeconómicas de las últimas décadas por lo que, en vez de seguir agrandando la burocracia estatal, deberíamos enfocarnos en hacer más eficiente el sistema que ya existe.
Probablemente no solo quienes formamos parte del Poder Judicial, sino también una importante porción de la sociedad, estemos de acuerdo en que es necesario revisar el funcionamiento de la Justicia. En este sentido, el gobierno nacional propone hoy -en plena pandemia- una reforma con el objetivo principal de generar nuevos cargos que, sumados a los pliegos de designaciones retirados del Senado, totalizan más de 300 vacantes de jueces a disposición del Poder Ejecutivo. También propone discutir el funcionamiento de órganos tan trascendentes como la Corte Suprema de la Nación y el Consejo de la Magistratura a instancias de un consejo de expertos integrado en su mayoría por referentes que, en muchos casos, poseen preconcepciones manifiestas sobre varios de los puntos a debatir.
Una comisión con semejante responsabilidad debería ser plural y representativa. Debería estar integrada por juristas que no solo estén a la altura del desafío por su trayectoria, sino que además sean inobjetables desde lo político. No hay en la conformación actual especialistas en Corte Suprema ni en Consejo de la Magistratura: hay en cambio penalistas y referentes de Justicia Legítima, defensores de funcionarios y ex funcionarios en causas de altísima gravedad institucional.
El gobierno nacional quiere que creamos en un cambio de paradigma pero, ¿quién garantiza que los nuevos magistrados no serán designados con la misma lógica política que el Presidente dice querer combatir? ¿Cómo nos aseguramos de que no vayan a repetir las mismas prácticas? ¿Y por qué se decide crear más juzgados si supuestamente vamos hacia un sistema acusatorio, donde quienes investigarían y tendrían mayor responsabilidad serían, en definitiva, los fiscales?
Una de las grandes enseñanzas que nos dejará esta cuarentena es que no podemos aceptar que en pleno siglo XXI la Justicia nacional no esté digitalizada, que no les garantice el acceso a los sectores más vulnerables, que la tramitación de una causa se prolongue indefinidamente. Nos merecemos un debate más profundo que la cantidad de miembros de la Corte Suprema de la Nación. Un debate que incluya a todos los actores de la sociedad y que se de en un momento oportuno, cuando no nos apremien de esta forma tan voraz problemáticas como la salud, la economía y la seguridad. Un debate que beneficie a todos los argentinos y no solo a unos pocos. No queremos una Justicia a la medida del gobierno de turno. Queremos una Justicia verdaderamente para todos.
El autor es vicepresidente 1° Consejo de la Magistratura CABA