“Abandoné toda esperanza en este país”, afirmó el actor Oscar Martínez. Esta declaración conecta mucho más seriamente con lo que les pasa a mucho argentinos que casi todas las declaraciones políticas. La degradación política, la decadencia institucional, la catástrofe económica y el drama de la inseguridad en la población le dan a esa reflexión una categoría de razonabilidad altísima. Es el Gobierno, no la pandemia, lo que está llevando a la Argentina a una situación límite. Frente a situaciones de crisis, los gobernantes pueden comportarse de manera virtuosa o pueden sacar su peor cara y comportarse como miserables. En Argentina el oficialismo es la expresión misma de la miserabilidad política y moral.
Los ciudadanos ven cómo se derrumba su situación económica y personal por un manejo estrafalario del encierro. Mientras impresentables científicos, políticos mediocres y comunicadores del régimen siembran el miedo y la culpa en los ciudadanos, el Estado los tiene de rehenes. Una vez consumada esa nefasta manipulación ciudadana, el poder en la Argentina considera que tiene carta blanca para avanzar sobre el estado de derecho de forma descarada. Planea avanzar, sin prisas pero sin pausa, en la operación más dañina, desde la vuelta de la democracia, la utilización de instituciones de la república para asegurar impunidad a corruptos.
En esa línea se inscribe el proyecto de reforma judicial y ampliación de la Corte. Alberto Fernández no le da ningún valor a su palabra. Eso se sabe hasta el hartazgo y sólo buscando unos minutos en Internet pueden encontrarse innumerables cuestiones en las que sostenía ciertas posiciones y observar cómo ahora, siendo Presidente, hace exactamente lo contrario. La degradación de la palabra de Fernández es reflejo de su extraordinaria inmoralidad política. Él sostenía que no había que tocar la Corte Suprema y ahora crea una insólita comisión para que sostenga que hay que ampliarla e instalar eso como tema para cumplir con los designios de CFK y crear una mayoría automática que garantice la impunidad de todos los que han usado el poder para saquear el país. El único dato relevante de esa comisión es la presencia de Carlos Beraldi y León Arslanian. Sólo en un país que no tiene ninguna aspiración de seriedad dos abogados defensores de políticos corruptos participan de una alta instancia de reforma del máximo tribunal.
La falta de ética es descomunal.
CFK necesita un salvoconducto para no ser condenada en causas donde hay innumerables pruebas contra ella, su familia y miembros de su administración. Como las causas que avanzaron son muy groseras, dado el extraordinario saqueo que realizaron y la desprolijidad con la que robaban, hay que modificar la Corte. Para eso, montan una comisión integrada por los abogados de CFK y de muchos ex funcionarios corruptos. Al mismo tiempo, el oficialismo da media sanción a una necesaria moratoria para los ciudadanos y en la misma incluyen un salvataje a Cristóbal López, empresario riquísimo cuyo único mérito profesional fue ser amigo de la familia Kirchner, que está en juicio por presunta defraudación al Estado al no haber pagado el impuesto a los combustibles del cual su empresa era el agente de retención. 8.000 millones de pesos. Hacen leyes para favorecer a sus socios. Un mecanismo mafioso tradicional, sólo que el ámbito de funcionamiento mafioso es el Estado argentino. Lo que quieren hacer no es nuevo. Ya lo hizo el chavismo en Venezuela: una reforma judicial y una ampliación del máximo tribunal. Luego de la reforma colocaron sólo jueces chavistas. Así es cómo los países se convierten en dictaduras.
La mafia no ataca al Estado: el Estado es la mafia.
Están dando el paso necesario para que Argentina pase a ser considerada en el mundo un exótico lugar donde hay 50 por ciento de pobres y el poder hace reformas y leyes para poder disfrutar de las fortunas que robaron sin padecer contratiempo alguno. Hacen esto entretanto tienen a la gente hace meses sin poder trabajar y todos los días cierran empresas mientras otras se van del país. Es muy legítima la reflexión de Oscar Martínez, que es compartida por millones de argentinos.
¿Queda lugar para la esperanza? Lo más nítido que aparece es un sector de la ciudadanía que está muy alerta y que levanta banderas republicanas y defiende la libertad. Y hay sectores dispersos de la oposición que defienden lo mismo. Esa es la única masa crítica republicana que ve los peligros que acechan a la Argentina.
En términos políticos, sólo pueden enfrentarse estas situaciones con una oposición que despliegue estadistas y personas valientes, que comprendan la profundidad del problema y que tengan el coraje de enfrentar las situaciones. Los miembros de la oposición que pretendan lograr algo trascendente mediante apelaciones al “fin de la grieta” no comprenden que esas condiciones pierden toda validez cuando hay una sector que tiene como objetivo poner a las instituciones a su merced. Los acuerdos de Estado se hacen cuando existe una necesidad de fortalecer el estado de derecho. Cuando un sector produce un avance autoritario y mafioso sobre las instituciones no hay acuerdo posible. A esos sectores se los enfrenta y se les debe ganar. Caso contrario se quedarán ellos con un país a su disposición, con leyes e instituciones diseñadas para que esa secta se adueñe del país. No entender eso es no saber de historia. Ahí están los que decían que se podía dialogar con el chavismo en Venezuela. Podría dar muchísimos ejemplos de lo que les ocurre a los opositores que negocian con los que se llevan las instituciones por delante. No suelen tener un lugar destacado en la historia. A los autoritarios se los enfrenta. Cuando el Estado está ocupado por las mafias hay que ganarles. Y sin pelear no se gana.
No se puede negociar democráticamente con los que no tienen una posición ética frente a la democracia. No se negocian las instituciones con los que las colonizan.
Sólo existen dos modelos: los que defienden un sistema mafioso que pone al país bajo los designios de una secta y los que enfrentan a las mafias defendiendo así a las instituciones. Los opositores que quieren buscar una camino intermedio entre ambas opciones pueden quedar como funcionales al sistema mafioso.
Luego de que varios políticos de la oposición hablaron de “acabar con la grieta”, el oficialismo respondió con el proyecto de ampliación de la Corte y la inclusión de empresarios K en la moratoria. Es una buena manera de entender que no se puede dialogar con el que no quiere escuchar razones republicanas y respetuosas de la ley.
La historia nos enseña eso y en la Argentina se comprueba cada día.