En estos días será votado el proyecto de ley que declara “de interés nacional” la lucha contra la enfermedad de fibrosis quística de páncreas o mucoviscidosis.
Hay dolorosas historias de vida detrás de cada uno de los casos y, sobre todo, necesidades y derechos.
Si este proyecto de ley es aprobado, el sistema de obras sociales y prepagas y todos aquellos agentes que brinden servicios médicos tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, la cobertura total del 100% de las prestaciones que necesiten estos pacientes. No sólo medicamentos, sino también suplementos dietarios y nutricionales, equipos médicos, kits de tratamientos y terapias de rehabilitación. Muchas de las prestaciones, incluso, exceden lo sanitario.
Esta es una norma que viene a dar apoyo a quienes reclaman legítimamente el derecho que les asiste a la cobertura de su enfermedad.
Pero una vez más, nuestros representantes han omitido un detalle: prever como se financiará. El sistema de la seguridad social está en un precario equilibrio entre sus ingresos y las actuales prestaciones de salud. La sanción de esta ley se sumaría a las decenas de otras leyes nuevas que obligan a la cobertura de tratamientos ultra caros y, aún fuera de lo estrictamente sanitario, ordenan también a cubrir transporte, comida y educación.
Esas leyes fueron las que, junto a una enorme carga tributaria y a la industria de la judicialización de la salud, socavaron las bases del sistema.
Parece que nuestros legisladores y legisladoras desconocieran la situación del sistema de salud que ellos mismos contribuyeron a afectar.
Esta circunstancia debilita gravemente el sistema, ya que la cobertura de un pequeño grupo de enfermedades se está llevando gran parte de la recaudación de obras sociales y prepagas, deteriorando la atención de salud de millones de personas que tienen otras patologías.
Lo paradójico de esta nueva ley es que revela que hay dos derechos en conflicto. Es decir, ampliando derechos por un lado, se recortan por el otro. En este sentido, no se puede perder de vista que los presupuestos de la seguridad social y el sistema privado dependen de la recaudación, y esa recaudación no es elástica.
En esta pandemia se está viendo claramente que es imprescindible contar con un sistema sanitario fuerte y sólido.
De un momento a otro hubo que hacer compras extraordinarias de insumos de bioseguridad y respiradores, se rediagramaron servicios y personal, se generaron protocolos y se sumaron sistemas para la teleasistencia.
La salud está en situación de quiebra. Los gastos son mayores que los ingresos. Todos los componentes del sistema están desfinanciados y la calidad de cobertura y atención, en un rápido proceso de deterioro.
Este escenario es aún más grave para las empresas pequeñas y medianas, muchas de las cuales ya están contra las cuerdas. Hay obras sociales que ni siquiera están pudiendo cubrir las prestaciones del Programa Médico Obligatorio.
En realidad, reconocer nuevas coberturas es totalmente legítimo y esperable en una sociedad justa, con deseo de brindar salud equitativa, accesible y mayor bienestar a la población. Pero esto no puede llevarse a cabo sin atender todos los aspectos que significan nuevos gastos y su correspondiente recurso para atenderlos.
Por eso es preciso fijar pautas y modalidades de cobertura claras y plausibles de concretar y sostener en el tiempo, con criterio sanitario, pensadas para las necesidades de salud de todos los usuarios del sistema. Atendiendo a esto, que es de máxima responsabilidad por parte de los legisladores, en el texto de la ley se debe especificar de dónde saldrán los fondos para estas prestaciones que hoy terminan dirimiéndose con expedientes judiciales porque su costo ya es inabarcable para cualquier obra social o empresa.
Obras sociales y prepagas son parte de las políticas públicas y, entre todos los sectores, durante muchos años han logrado uno de los sistemas sanitarios con mayor cobertura y más solidarios del mundo. Pero para volver a esa situación es necesario que entre todos los sectores se busquen consensos para diseñar e implementar formas que permitan cubrir estos tratamientos especiales, y hacerlo con la responsabilidad de que esto no se imponga en desmedro de la cobertura de salud de millones de argentinos.
El autor es presidente de la Cámara de Entidades de Medicina Privada de la República Argentina (CEMPRA), miembro de la UAS