La ruptura de la cadena de pagos deja a las empresas al borde del colapso

Los últimos anuncios, tanto del Presidente de la Nación, como del selecto grupo de gobernadores que lo acompañaron, dejaron sabor a poco, pese a la extensión del “acto”. Son más las dudas que las certezas en un escenario que se repite conceptualmente anuncio tras anuncio.

En esa atmósfera, tener una empresa hoy en nuestro país se ha convertido en una ardua tarea que requiere navegar en el océano de la profunda incertidumbre que la realidad nacional nos ha impuesto a todos y todas, con suma prudencia.

No todas las empresas, ni todos los sectores de la economía han colapsado, pero sí una gran mayoría. Hotelería, gastronomía, servicios profesionales de muy diversos sectores, gimnasios, teatros, cines, más un largo etcétera de actividades, conforman el elenco de las más afectadas y con un pronóstico de lenta recuperación.

A los efectos nocivos de la pandemia y la cuarentena extra large sobre nuestra economía, debemos agregarle los dos últimos años de recesión, inflación, tasas altas, pérdidas de ingresos reales, con una gran inestabilidad de la economía general, en un escenario donde la deuda externa “aún” no encuentra una fórmula mágica que permita cerrar, al menos, ese frente.

La caída de la actividad económica, que hoy supera los índices del 2001 -la última que la memoria colectiva tiene gravada a fuego en su piel-, nos lleva a una clara ruptura de la cadena de pagos, sobre todo en el sector de las pymes, donde la cantidad de cheques rechazados resulta ya alarmante por las cifras récord que se han alcanzado, tanto en cantidad de cheques, como en la sumatoria global de su importe.

Mientras tanto, la justicia sigue sin ser un servicio “esencial” y a la fecha continuamos con los tribunales cerrados, toda una declaración de principios que nos define como país en vías de desarrollo.

Esto implica que solo se puede “habilitar” la actividad jurisdiccional para casos urgentes, lo que en la práctica termina funcionando como un “embudo” donde solo pasa una pequeña cantidad de causas.

Quedan afuera de ese embudo las ejecuciones de carácter patrimonial, como por ejemplo los juicios ejecutivos que se pueden iniciar para cobrar los cheques rechazados, los pedidos de quiebras, los juicios ordinarios por reclamos de facturas impagas, entre los más destacados.

Las ejecuciones fiscales están “virtualmente” suspendidas más allá de algún caso particular que se ha podido observar.

También los juicios y reclamos laborales se encuentran en “stand by”.

Todo lo anterior genera un efecto de “olla a presión”, que puede llegar a explotar una vez que se abran las puertas de los tribunales. La memoria tribunalicia recuerda la anécdota de un juez saludando desde el balcón de su oficina a quienes hacían cola para iniciar juicios en 2002.

Del lado del Congreso, estamos a la espera de que se defina alguno de los proyectos que proponen desde modificaciones a la ley de Concursos y Quiebras, hasta uno que adopta una suspensión de las ejecuciones patrimoniales y los pedidos de quiebra hasta marzo de 2021.

Con el correr de los días esperemos tener noticias más concretas que empiecen a despejar un poco de la incertidumbre que la Argentina de estos tiempos nos impone.

¿Por qué es importante tener certezas? Porque al sector empresario, y por sobre todo a las pymes, hoy cerradas o con escasos niveles de actividad y sobre endeudadas, poder anticiparse a lo que vendrá les permitirá planificar los pasos a seguir y, sobre todo, tener un plan de acción que les permita sobrepasar los duros meses que tenemos por delante en lo que hace a niveles de actividad económica, a la vez que las posibilitará planificar sus proyecciones económico-financieras.

Hoy no es tiempo, pensamos, ni de concursar empresas, ni de salir apresuradamente a buscar acuerdos preventivos extrajudiciales.

Creemos que es momento de análisis, de reestructuración interna y, sobre todo del armado de una estrategia legal y contable que permita dar soporte a la recuperación de las empresas endeudadas.

Como le escuché decir a un querido juez de la nación en una de sus tantas conferencias virtuales, hoy en la Argentina todos o casi todos estamos en cesación de pagos.

No puedo menos que coincidir que esa afirmación, pues únicamente no estará cesante en sus pagos aquel que pudo pagar sus cuentas ordinarias con los recursos ordinarios del flujo de fondos de su empresa. Y por lo que sabemos, solo unos pocos privilegiados cumplen “técnicamente” con esos requisitos.

¿Qué hacer entonces? La tarea que tienen los empresarios por delante no es sencilla. Requiere una fuerte reestructuración de sus modelos de negocios, a la vez que deberán estar atentos a las reformas legislativas que seguramente saldrán del Congreso de la Nación, como ya sucedió en la crisis de 2001.

También dependerá de cuándo se abran las puertas de los tribunales (no es lo mismo que se haga antes o después del dictado de una ley), por las consecuencias de catarata de demandas, o una paralización de estas como resultado de que se disponga una suspensión por vía legislativa para iniciar demandas de ejecución patrimonial y pedidos de quiebra.

Los escenarios son complejos y disímiles entre sí. Por eso señalamos que ahora no es momento de concursos a las apuradas.

Son tiempos de análisis, de prepararse para lo que vendrá, que no será fácil, pero, con una adecuada estrategia, seguramente se darán las condiciones de tiempo, lugar y modo, para que la gran mayoría de las empresas que hoy están en crisis puedan superarla. En esto seguimos estando más de lado de los optimistas que de el de los pesimistas.

Se suman al combo de “incertidumbres argentinas y populares” las reformas fiscales en danza, nuevas moratorias y reestructuramiento de la pesada carga fiscal que todos y todas debemos soportar sobre nuestras espaldas. Una de las mayores asignaturas pendientes que tienen nuestros legisladores.

También las prohibiciones de despidos generan un panorama desde el punto de vista del derecho laboral preocupante para las empresas.

Por un lado, se protege el trabajo. Por el otro se condena a las empresas -no todas han podido acceder a la ayuda del ATP- a seguir soportando una carga salarial que no pueden aguantar con sus ingresos actuales, más el pago de los “impuestos” al trabajo.

Los empleados que ven que su empleador va camino a la quiebra enfrentan el dilema de hacer juicios eternos o aceptar la oferta que hoy está dentro del menú de opciones que es “negociar” la renuncia a cambio del pago de una suma de dinero. Se trata de una reforma laboral de hecho, que se da en la práctica.

Las soluciones fallidas que nos imponen hoy vía decretos o legislativamente no brindan una salida clara a los graves problemas que tienen los empresarios sobre sus escritorios.

Con todas estas situaciones sobre la mesa, empresas sobreendeudadas, juicios y reclamos laborales en modo “espera”, leyes que no sabemos si saldrán ni cómo lo harán, entendemos que es tiempo de preparase, de pensar estrategias, no de salir a concursarse.

Una prueba clara de esto son los muy pocos concursos que se presentaron desde el 20 de marzo a la fecha (no son más de diez en el mejor de los casos).

Hoy no hay que ir a tribunales. Hay que sentarse a pensar. Hacer los deberes, preparase para lo que viene. Ponerse el cinturón de seguridad y afirmarse en el asiento del escritorio para que el “corona crash” no los termine quebrando.

La fórmula de salida se terminará de completar cuando tengamos sobre la mesa reglas claras que permitan un análisis razonado del mejor camino a seguir.

Por el momento brillan por su ausencia.

El autor es abogado