José Manuel Caballero Bonald, escritor español, publicó una novela titulada Campo de Agramante (Anagrama 1992). Trata sobre un lugar donde reinan el desorden y la confusión.
Acosado por una serie de anomalías auditivas, un hombre vive un extraño proceso patológico entre la cotidianeidad y la alucinación, la rutina y el absurdo.
Cualquier similitud con nuestra “nueva realidad”, ¿será pura coincidencia, o el destino colectivo de todos los argentinos y argentinos producto de las malas decisiones que, como sociedad, hemos tomado a lo largo de las últimas décadas?
El 17 de julio próximo cumpliremos 119 días de “amenazante tensión psicológica, de enigmáticos engranajes con la vida cotidiana, donde el normal desarrollo de los hechos queda interceptado por una especie de obcecada vecindad con lo irrazonable” (en palabras de Caballero Bonald).
La Argentina que nos toca vivir, lamentablemente, se parece y mucho a las situaciones narradas por el autor de Campo de Agramante. Que el Poder Judicial de la Nación funcione hoy a cuenta gotas es, por donde se lo mire, un hecho “fantástico”.
Ni a favor de la cuarenta, ni en contra. Personalmente ese tipo de grieta servil que se nos pretende imponer me resulta deleznable.
No cabe duda alguna de que debemos empezar a transitar, cuanto antes, el camino de salida de las “ASPO”. Abrir las puertas de nuestros tribunales es un paso claro y firme en ese sentido que debe ser dado por nuestro Gobierno.
En nuestro país todo lo que viene por un tiempo breve parece enquistarse y quedarse por siempre. Algunos recordarán que el impuesto al cheque se pensó como un impuesto de emergencia en 2001, pero siguió su vida, independientemente de la voluntad de quienes lo crearon.
Ejemplos hay muchos. Recordarlos solo agrava nuestra sensación ciudadana de impotencia.
Dentro de todo el entramado de problemas que enfrentamos como sociedad (y no me refiero ni al gobierno, ni a la oposición, sino a la sociedad toda) hoy nuestro sistema judicial se encuentra paralizado en su gran mayoría, situación sólo superada por el ingente esfuerzo de una parte importante del poder judicial que trata, vía remota mediante, de seguir brindado un servicio de justicia con cuenta gotas dadas las dificultades operativas que el “ASPO” impone.
En este contexto entiendo que la práctica del derecho juega un papel fundamental en la configuración de la economía y la sociedad.
Que el servicio de justicia no sea considerado un servicio “esencial” importa en sí mismo toda una definición de nosotros mismo como país.
¿El servicio de justicia es algo de inferior jerarquía que puede ser relegado sine die?
Claramente la respuesta es negativa. Resulta imperioso que se abran las puertas de nuestros tribunales y se retome la actividad judicial con la mayor plenitud que las medidas sanitarias nos lo permitan.
No se puede pensar en un modelo de país con la justicia cerrada por meses.
Resulta algo inaudito. Atenta contra la lógica republicana. Los ciudadanos nos encontramos extraviados en esta nueva realidad donde el derecho pasa a ser una categoría de segundo orden. De menor importancia.
Hay ciento de miles de circunstancias que se encuentran sin tratamiento legal adecuado (o precario en el mejor de los casos), desde violencia familiar, a una creciente despenalización en los hechos de las actividades delictivas.
El funcionamiento de la justicia no puede ni debe ser postergado un solo día más. Debe tener un funcionamiento pleno y sin limitaciones que devuelva al Poder Judicial a su lugar correcto.
La administración de justicia, en países como el nuestro, es un servicio público esencial para el normal desarrollo y funcionamiento de la sociedad toda. Tan importante como la salud pública y la educación.
Un país sin justicia es un campo de Agramante, donde la discordia y el desorden se apoderan del entramado social, hasta fagocitarlo.
Hoy somos víctimas como sociedad, de la falta de funcionamiento pleno del poder judicial.
Ramírez de Arellano sostuvo con razón: “El concepto de la aplicación del Derecho o de la Justicia como servicio público en la actualidad es un hecho incuestionable, pero no es menos cierto que debemos destacar que en ella concurre, entre otras, una circunstancia que la hace peculiar y la diferencia de los demás servicios públicos, que es el ejercicio del Poder Judicial. El Estado se fundamenta en la separación de poderes legislativo, ejecutivo y judicial correspondiendo este último su ejercicio en exclusividad e independencia a los jueces y tribunales que garantizan que el ciudadano vea satisfecho su derecho fundamental de obtener la tutela judicial efectiva” (La Opinión, Coruña. Tribuna Jurídica).
Se convierte en un juego muy peligroso sostener en el tiempo un funcionamiento limitado y débil del poder judicial.
Como ciudadano y como hombre de derecho, no puedo menos que alzar la voz y pedir a nuestros gobernantes que abran las puertas de los tribunales de todo el país. Los tribunales de la nación deben volver a funcionar cuanto antes.
“Cuando medio comprendí que podía oír los ruidos antes de que se produjesen, ni siquiera lo consideré una rareza”.
Desde los primeros renglones de Campo de Agramante, Caballero Bonald proyecta un armazón de sucesos cuyo significado dirige figuradamente al propio sentido del título de la novela: un lugar donde reinan el desorden y la confusión.
Que nuestro país no se convierta en un campo de Agramante.