Argentina lleva casi 100 días de cuarentena y, después de los anuncios de hoy, irá por más. Se convirtió, ciertamente, en uno de los países del mundo que impuso un confinamiento obligatorio más prolongado y estricto. Existió desde el principio un esfuerzo extraordinario por parte de la sociedad y un fuerte apoyo de los diferentes sectores políticos. Es destacable, al mismo tiempo, el trabajo conjunto llevado a cabo entre el presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No sólo porque dicho trabajo hizo posible la adopción de medidas consensuadas sino también porque, y pese a las diferencias, es una señal de virtud en la política argentina.
La cuarentena temprana fue una medida acertada porque logró controlar el virus, aplanar la curva y ganar tiempo para preparar el sistema sanitario. Faltó, sin embargo, durante todo ese lapso de confinamiento una política más activa y sistemática de testeo que se implementó mucho más tarde con el plan Detectar. Entendemos que, si dicha política se hubiese llevado a cabo tempranamente, hoy estaríamos en mejores condiciones para proyectar la salida de la crisis sanitaria.
Debido a la aceleración de la curva de contagios en el AMBA, el gobierno nacional decidió extender el aislamiento social obligatorio y regresar a la fase restrictiva hasta el 17 de julio. Por supuesto que no pretendemos una salida irresponsable del aislamiento, pero es importante advertir las severísimas consecuencias que la extensión y el regreso a la cuarentena estricta tendrán para la economía a nivel país en general y en el Área Metropolitana de Buenos Aires en particular. En el AMBA viven 15 millones de personas que representan cerca del 40% de la población total y donde se concentra el mayor núcleo productivo de la Argentina.
Hoy, el 21% de las empresas del país se encuentran inactivas y el 43% que está produciendo registra caídas de hasta el 50%. En el AMBA la situación es todavía peor ya que la inactividad alcanza al 32% de las empresas y un 40% de las mismas presenta una caída en sus ventas que supera el 50%, según informes de la UIA.
Por otro lado, la Cámara Argentina de Comercio estima que al menos 100.000 comercios no volverán a abrir sus puertas luego de la cuarentena. Entre los casos relevados que la CAC realiza mensualmente, el 67% de los encuestados afirmó estar atrasados en pagos de tipo impositivos, fiscales y previsionales.
El panorama financiero para los hoteles y el rubro gastronómico es dramático. Desde la Federación empresaria hotelera gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) advirtieron que el 65% de los empresarios hoteleros y el 75% de los gastronómicos preven una quiebra de su empresa si se prolonga la situación actual. Proyectan una caída del 79% para junio siendo la Ciudad de Buenos Aires el área más afectada. Por si esto fuera poco, es un sector que genera 650.000 puestos de trabajo.
Si bien es cierto que el gobierno nacional decidió continuar con el programa de ayuda a las empresas mediante el ATP en el mes de julio, consideramos que ante la extensión de la cuarentena y el regreso a su fase restrictiva, la asistencia a monotributistas, autónomos y especialmente a las pymes sigue siendo cuantitativamente insuficiente.
Tal como venimos advirtiendo desde hace varias semanas, la situación de las pequeñas y medianas empresas en la Ciudad de Buenos Aires está pasando de crítica a terminal. Según los últimos datos de FECOBA, que releva la actividad en 62 zonas comerciales porteñas, ya hay 24.000 comercios que cerraron, lo que representa un 20% del total.
A eso se lo suma la incertidumbre de miles de comerciantes que no saben si podrán renovar alquiler, pagar sueldos, hacer frente a los impuestos y al pago de los servicios públicos. A partir del 1 de Julio, alrededor de 70.000 comercios porteños deberán volver a cerrar sus puertas.
Advertimos, del mismo modo, que el gobierno nacional debe implementar lo antes posible un paquete de medidas de emergencia para no dejar caer a una pyme más. No podemos dejar a la deriva al sector que efectivamente sostiene la mayoría de los ingresos familiares y que es el principal impulsor de la economía argentina.
En ese sentido, presentamos un proyecto proponiéndole al gobierno nacional que se condonen las deudas y que exima del pago de los servicios públicos a aquellas pymes no exceptuadas del aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO) mientras dure la cuarentena obligatoria. Con el regreso a la cuarentena restrictiva, la implementación de dicho paquete de medidas de emergencia es claramente impostergable.
Desde la oposición se ha insistido en la necesidad de constituir un consejo económico y social de emergencia para enfrentar la brutal caída económica como producto de la pandemia. La economía argentina no puede esperar más, las pymes tampoco pueden esperar un día más. En este sentido, consideramos que es urgente diseñar e implementar paquetes de medidas adicionales que eviten una crisis mayor en el sector de las pequeñas y medianas empresas. Si no lo hacemos, el impacto en la pobreza y el desempleo será de una magnitud enorme.
Por último, y considerando la extensión de la cuarentena, el gobierno nacional debe dar mayores señales de previsibilidad sobre el rumbo económico para cuando finalice el ASPO. Es indispensable que tengamos como norte una salida que contemple la recuperación de la estructura productiva argentina para el futuro más próximo.
El autor es Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el bloque UCR-EVOLUCIÓN.