Cantando a viva voz, el Gobierno está combatiendo al capital cuando más lo necesitamos para salir de la recesión más profunda que hayamos vivido.
“Es la hora del Estado”, ha dicho el Presidente. En realidad, es hora de que el Estado actúe con responsabilidad, inteligencia estratégica y espíritu de colaboración con el sector privado para sacar al país adelante.
El manejo del Gobierno frente a dos empresas, Vicentin y Latam Argentina enciende todas las alarmas. La expropiación es infundada y un tesoro exhausto con cientos de prioridades no debe disponer recursos para algo que la propia cadena productiva puede resolver. Cualquiera hayan sido las causas que llevaron a Vicentin a solicitar su concurso preventivo, es en el juzgado donde se debe buscar la solución.
Casi 80.000 productores generan con su esfuerzo los granos con que arranca esta cadena de valor.
Producimos 100 millones de toneladas de granos anuales por un valor de USD 28.000 millones de dólares. Somos líderes mundiales en la exportación de harina de soja. Solo por retenciones genera cerca de USD 6.000 millones por año.
Decenas de empresas privadas, cooperativas nacionales y extranjeras con administración local se desempeñan con eficacia en el sector. De ellas, por lo menos diez son de escala global. Es dentro del mismo complejo que está la solución.
Dos empresas, Vicentin y Latam Argentina, con problemas distintos, permiten ver las intenciones del Gobierno. Traigo aquí, la particular visión que del orden económico e institucional que tiene un sector clave del gobierno: La Cámpora.
Ya no son más una organización juvenil sin mayor poder real. Son protagonistas principales de la alianza de gobierno y actores centrales en los dos procesos que analizamos.
Surge de ellos la iniciativa de intervención y expropiación de Vicentin. Han conducido durante años, y lo hacen ahora: la política aerocomercial que tiene mucho que ver con el probable retiro del mercado aéreo nacional de la empresa Latam Argentina.
La mirada y objetivos de La Cámpora se expresan tajantes en su órgano de prensa, donde dicen con relación al tema que nos ocupa: “Esta definición estratégica busca evitar una mayor concentración y extranjerización de la producción y comercialización de alimentos” (…) “permitirá tener una empresa testigo, no sólo en el sector agroindustrial para el mercado interno, sino también en el de divisas; adquiriendo de esta forma una herramienta fundamental para el desarrollo de nuestro país” (...)”La participación del Estado en la producción y comercialización agroindustrial tanto del comercio interior como exterior; es un paso fundamental para comenzar a poner a la Argentina de pie.”
Se expresa aquí el núcleo duro de su concepción del Estado y su pensamiento económico.
Este es el centro del debate: cómo pensamos que se levanta la economía argentina, cómo y quién genera los puestos de trabajo que nuestro pueblo necesita, es lo que está en discusión.
Tenemos miradas totalmente contrapuestas. Por un lado, la que propone formas que fracasaron en la Argentina y en el mundo y cuya superación nos ha permitido estar en la punta de la producción mundial de alimentos. Por otro, la de los cientos de miles que trabajan en todos los eslabones de la cadena que más riqueza y oportunidades laborales presentes y futuras genera.
Lo mismo ocurre en el plano aerocomercial: monopolio estatal con subsidios millonarios o cielos abiertos, competencia e interconexión.
Es lamentable que el Presidente accione de acuerdo a la propuesta de los representantes del pasado, donde la venganza es uno de los motores de las decisiones, y no esté abierto a trabajar codo a codo con quienes más entienden de estos problemas, están más interesados y en mejores condiciones de aportar una solución.
Estamos frente a una concepción del Estado y del sector privado y de la relación entre ambos, mediado por un grupo con gula de poder que percibe las agencias del Estado como cajas para el financiamiento de su proyecto político.
La forma en que Alberto Fernández encara la situación de Vicentin y de Latam Argentina sintetiza todo lo que está mal y nos pone en alerta. Estos casos nos permiten ver por un lado hasta dónde el Gobierno es capaz de avanzar y por el otro cuál es la vocación y la capacidad de la sociedad, la oposición e inclusive muchos sectores del peronismo de resistir este asalto a la razón y a las posibilidades reales de salir de la recesión.
Soy de los que creen que el Estado puede y debe acudir al apoyo de las empresas que estando en dificultades comprometen la actividad de una región y de un sector importante de la economía del país.
Se necesita más y mejor Estado, haciendo lo que el Estado debe hacer: políticas públicas que estimulan la actividad y controles regulatorios.
La expropiación no es el camino. No hay bien a declarar de “utilidad pública”. Sí hay una acción útil de un sector público dinámico, inteligente y moderno que pueda coordinar los esfuerzos de los distintos actores involucrados para rescatar la empresa.
Lo que definitivamente no se necesita es un Estado empresario que haga lo que la empresa privada puede hacer y efectivamente hace con un alto grado de eficiencia precisamente en el sector alimentario, en el comercio de granos y en el sector aerocomercial.
El Presidente ha dicho que la medida tomada en el caso Vicentin “favorece a la Argentina para lograr la soberanía alimentaria que el país necesita”.
Sí. El Presidente de un país que produce alimentos para 400 millones habló de soberanía alimentaria, concepto ajeno a nuestra realidad y más propio de las naciones que tiene problemas para el abastecimiento de sus propios alimentos.
Si el propósito es que las empresas sigan funcionando, los caminos posibles son muchos. El único que no se debe andar es el elegido.
El mundo necesita alimentos seguros y trazables. La Argentina sabe cómo hacerlo. Para crecer y avanzar necesitamos inversión y capital, no lo sigan combatiendo. Se corre el riesgo de vencerlo definitivamente.