¿Salvar vidas como valor o interés?

Desde la biopolítica, concepto que denota el conjunto de intervenciones en la organización y gobierno sobre una sociedad mediante la gestión de sus modos de vida, se acuerda con las reiteradas declamaciones por las cuales las medidas extraordinarias de confinamiento más la consecuente cesación de la actividad económica y comercial, están justificadas bajo el objeto y postulado moral de salvar vidas en riesgo por la actual pandemia Covid-19. Si bien esto es ampliamente justificable, el problema subyace en que los mismos que así lo esgrimen, son los que accionan contradiciendo aquel postulado mediante la promoción del aborto a demanda, y por ello permitiendo pensar que aquel postulado es usado como mera fraseología de ocasión para encubrir otros intereses.

Recurriendo entonces a la biopolítica, cabe al menos destacar para entender los actuales procedimientos en pandemia, que desde el siglo XVIII, el soberano declina la autoridad para imponer leyes o castigos, incluso capitales, a los habitantes de su territorio que no acataran sus normas, deviniendo el Estado en la nueva autoridad cuya gestión política orienta las decisiones de las personas y sus formas de vida, a los intereses políticos. Y así, el objeto de intervención del régimen deja de ser el territorio y pasa a ser la población, regulando la relación entre el territorio y quienes lo habitan, moldeando sus hábitos y acciones. Se trata ahora de crear las condiciones necesarias para que la población pueda gestionarse a sí misma, no prohibiendo sino tendiendo, como lo plantea Michel Foucault, a una libre circulación del deseo. Es básicamente encontrar la forma de decir “sí” en un ámbito regulado por una lógica de conservación del Estado cuya intención es ahora producir vida haciéndola eficiente mediante el adiestramiento de los cuerpos, por ejemplo, a través del control de la natalidad, la mortalidad, la salud y la sexualidad, entre otras variables. Y para ello se desarrollan discursos de verdad sobre el carácter vital de los seres humanos, y un conjunto de autoridades que son consideradas competentes para hablar de esas verdades.

Y esto es relevante dado que explica el motivo por el cual en esta pandemia confiemos en un grupo que lejos de ser multidisciplinario y conformado por expertos en diversas áreas afines a la afectación integral del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, sino únicamente constituido por infectólogos, oficie en pos del postulado legitimador de salvar vidas, de sustento y sin serias críticas para las decisiones en política. Incluso dicha confianza resiste la falta de estudios probabilísticos o estimaciones de muertos o contagiados en diferentes escenarios, modos o fases del confinamiento o aislamiento, para saber si las decisiones tomadas son las más equilibradas entre diversos intereses o bienes a ser tutelados y para beneficio en común.

Pero aun así se acuerda, y está muy bien que así sea, que en pos de salvar vidas y sin importar la cantidad que se trate, vale no sólo la incomodidad sino incluso la afectación e incertidumbre de todo un país y en todo aspecto de la vida individual y social, con los graves trastornos asociados como los psicológicos o la desatención de otras patologías o tratamientos, algunos de ellos oncológicos, e incluso la pérdida de sustento económico y carencia de recursos para la subsistencia.

Pero por otro lado muchos de aquellos mismos asesores y hacedores de las actuales políticas y acciones a tomar frente a la pandemia, se contradicen en su reiterado hasta el hartazgo argumento de salvar vidas, cuando promueven políticas de aborto a demanda deseándolas aplicar mediante la insistencia de un proyecto que las legalice. Y esto es porque, como indica Jörg Hülsmann, para el aborto a demanda el razonamiento que aplican es exactamente inverso. Para el aborto a demanda, el salvamento de la vida humana ya no cancela o pospone como en el caso anterior, los demás intereses, derechos o necesidades, sino que ocurre precisamente al revés. Y no sólo se trata de cuestiones básicas como el sustento económico o serios trastornos en la vida cotidiana que ahora priman ante la continuidad de la vida de un ser humano concebido mediante una relación sexual consentida, sino que incluso la libertad y comodidad personal de las mujeres y/o sus parejas que desean abortar a sus hijos porque son conflictivos con sus intereses, tienen para el caso prioridad sobre la existencia y continuidad de la vida de aquellos seres humanos por nacer.

En términos comparativos, según las cifras de la cada vez más degradada OMS, cada año se abortan aproximadamente 45 millones de seres humanos en todo el mundo. Y por más grave que sea la actual pandemia COVID-19, la cantidad de los muertos resultantes seguirá siendo una mínima fracción de aquellas víctimas.

Luego, se justifica, e insisto lo bien que así sea, las políticas drásticas para salvar vidas o extenderlas lo más posible, pero el problema es que estas políticas no aplican para todas las vidas. Y esto es porque al parecer hay vidas humanas dignas de ser salvadas incluso a costa de la pauperización en la condición de existencia y salud de la ingente cantidad de personas, ignorando cuándo y cómo se recuperarán; pero hay otras vidas que no valen ni siquiera una incomodidad transitoria para por ejemplo y en caso extremo dar luego al niño en adopción. Más aún, se promueve su matanza condonando y financiándola masivamente.

Resulta claro e indiscutible el deber de salvar las vidas de los ciudadanos mayores y otros beneficiarios del confinamiento, justificando por supuesto todas las acciones por más radicales que sean por parte no sólo del prójimo sino de todo un país. Pero incomprensiblemente ese deber desaparece para las vidas de los seres humanos que aún no han nacido, ya que aparentemente no valen ni son merecedoras siquiera de su continuidad y desarrollo.

Esto patentiza que el salvar vidas no sería un postulado moral, fundamento de las actuales decisiones políticas de confinamiento; no sería un valor que determina acciones u omisiones para implementar medidas cancelando intereses. Y más aún cuando la ya mencionada y tan equívoca OMS considera el aborto un servicio esencial para continuarlo independientemente de la presente pandemia. En este sentido la pregunta es ¿el aborto a demanda es un servicio esencial? Para ello debería considerarse que el aborto a demanda sea un bien real en el Estado cuya prescindencia afecta directa y negativamente a la subsistencia mínima del ciudadano y al orden social. Y manifiestamente no lo es. Aún más, si el aborto a demanda quirúrgico o medicamentoso pretende ser a modo de mantra, un accionar libre y voluntario tal como se ha presentado en el proyecto de ley “Interrupción Voluntaria del Embarazo”, luego va de suyo que nada electivo es esencial.

Si bien la retórica y la comunicación es la actual central herramienta de la acción política, su incongruente e incoherente instrumentación genera problemas éticos que repercuten en la cultura de la sospecha y la desconfianza, degradando las instituciones, la conducción política y su credibilidad, debilitando el contrato social y la relación fiduciaria entre gobernante y gobernado. En conclusión, ya ni siquiera se demanda una cohesión en valores fundacionales y su accionar consecuente, sino tan sólo una mínima continuidad racional y lógica entre la prédica y la acción. Decidamos si “salvar vidas” es un postulado, un valor, o una fraseología instrumental a determinados intereses.

El autor es rabino y doctor en Filosofía. Miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida, Vaticano. “Mención de Honor Domingo F. Sarmiento” 2018. Senado de la Nación Argentina. “Personalidad Destacada de CABA en el Ámbito de la Cultura” 2019. Legislatura Porteña