En 2019, Vicentin fue la primera exportadora de aceites y subproductos de soja y girasol: 7.425 millones de toneladas. El 85% de sus ventas son exportaciones, que oscilan entre el 5% y 10% del global del comercio exterior del agronegocio del país. Indudablemente es un hecho positivo para el fortalecimiento de la soberanía sobre los recursos estratégicos, que el Estado intervenga sobre una de las 5 principales exportadoras de commodities agropecuarias, y es definitivamente una victoria de los movimientos sociales y rurales que en el anuncio sobre la intervención estatal ante el concurso de acreedores, el presidente Alberto Fernández haya planteado que este “es un paso hacia la soberanía alimentaria”. Pasó, el gobierno utilizando un concepto del vientre de los movimientos campesinos a nivel global.
Ahora, es clave explicar por qué desde las familias trabajadoras de la tierra respaldamos la dirección que ha tomado el gobierno con Vicentin, y también alertar que la Soberanía Alimentaria lejos de resolverse con la nacionalización de una empresa agroexportadora, requiere de un programa de políticas públicas estratégicas para transformar el modelo de abastecimiento de alimentos.
Para garantizar la Soberanía Alimentaria en Argentina, además de contar con Vicentin como herramienta de política pública, es necesario de forma urgente una política de acceso a la tierra y un programa de arraigo rural que permita el abastecimiento de alimentos sanos en circuitos de cercanía y a precios populares
Vicentin es un “monstruo” del agronegocio, de la soja, de la producción de biodiesel, de la exportación. Con presencia Estatal en la conducción de uno de los actores principales del complejo agroindustrial de exportación, se rompe con el oligopolio controlado por las principales corporaciones trasnacionales y se generan condiciones para transparentar información sobre volúmenes de exportación y masa monetaria de este sector que se caracteriza por la evasión impositiva, subfacturaciones y lavado de activos. Asimismo, controlar de manera directa una porción del comercio exterior permite proteger al Estado de las medidas de lockout que busquen restringir la oferta de dólares y representa una oportunidad para impulsar procesos de reconversión hacia la producción de alimentos junto al sector cooperativo y de medianos productores. En síntesis, para impulsar cambios en un modelo de campo concentrado, sencillamente no es lo mismo tratar con Cargill que con el Estado.
Las operaciones de Vicentin que condujeron a la convocatoria de acreedores son el extremo de la corrupción con la que ha operado el sector: luego de obtener de manera irregular préstamos de la banca pública, los triangularon a través de firmas en Uruguay, Paraguay y Panamá y vaciaron la empresa. ¡Se trata de dinero público! Es inimaginable lo que podríamos hacer con ese dinero en favor de la soberanía alimentaria. Por ello, el Foro Agrario exigió desde febrero de este año el control del capital accionario de la Vicentin por parte del Estado Nacional, como parte de la implementación de los 21 puntos para un Programa Agrario, Soberano y Popular.
La Soberanía Alimentaria lejos de resolverse con la nacionalización de una empresa agroexportadora, requiere de un programa de políticas públicas estratégicas para transformar el modelo de abastecimiento de alimentos
¿Nacionalizar a Vicentin garantiza la soberanía alimentaria? No, el concepto de Soberanía Alimentaria fue propuesto por la Vía Campesina y lo seguimos construyendo desde hace 25 años las organizaciones del campo, como programa para transformar el modelo productivo y poner el derecho a la alimentación en el centro. Para garantizar la Soberanía Alimentaria en Argentina, además de contar con Vicentin como herramienta de política pública, es necesario de forma urgente una política de acceso a la tierra y un programa de arraigo rural que permita el abastecimiento de alimentos sanos en circuitos de cercanía y a precios populares. Necesitamos un instrumento que dinamice el mercado de productos cooperativos y de la agricultura familiar; la implementación real y con financiamiento público de la normativa de promoción de la agroecología para masificar la transición; urge la sanción de la Ley de Acceso a la Tierra y Arraigo Rural que garantice condiciones para la creación a nivel nacional de colonias agroecológicas de abastecimiento, y se debe garantizar el freno definitivo a la Ley de Semillas que entrega la soberanía sobre el patrimonio de la agrobiodiversidad nacional.
Desde la UTT apoyamos todas las medidas que aporten en ese camino, y seguiremos exigiendo el conjunto de las acciones concretas que este programa requiere. Entonces, bienvenida la Vicentin pública, tengamos una empresa testigo que permita cortar con la irracionalidad del sistema agroalimentario y convoquemos a todos los actores involucrados –cooperativas, trabajadores de las empresas, pequeños y medianos productores, movimientos campesinos– para lograr un modelo más soberano y justo. En la inmediatez y en el futuro pospandemia, el sector alimentario es el más estratégico. La soberanía alimentaria es un compromiso necesario, sin el cual no es posible proyectar una Argentina sin hambre.
La autora es vocera de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT)