Modernización de la Justicia y lenguaje claro

En estos días tuvo repercusión una manifestación que consideró a un hecho de abuso sexual como un “desahogo”. Expresiones como la señalada nos recuerdan la importancia de modernizar distintos aspectos de la justicia actual. Uno de ellos, del que nos ocuparemos hoy, es el lenguaje.

Las resoluciones judiciales son actos emanados de uno de los poderes del Estado: el Poder Judicial. Las mismas deben ser públicas y accesibles para la ciudadanía. Esto significa que, en función del principio republicano de gobierno adoptado por nuestra Constitución nacional, los jueces tienen el deber de fundamentar sus resoluciones. En otras palabras, tienen que explicar las razones que los condujeron a adoptar una determinada decisión y no otra.

La importancia de fundamentar las sentencias no es menor. En esta tarea los jueces tienen la obligación de tener en cuenta la ley vigente y aplicable al caso, los hechos comprobados de la causa y las pruebas, las que habrán de valorar conforme a las leyes de la experiencia, la lógica y el sentido común. Además, los casos deben ser resueltos atendiendo a las particularidades de los mismos y a lo manifestado por las distintas partes que intervienen el proceso -fiscal, defensa, víctimas, actores civiles o demandados-.

Para que esto sea posible, los jueces deben contar con diferentes valores: imparcialidad, independencia (de los poderes políticos, económicos, de otras agencias judiciales, hasta de sus propios prejuicios; entre otros), integridad moral, templanza, experiencia, humildad, capacidad de transformación y de adaptación; etcétera.

Para garantizar el control democrático de la sociedad en los actos públicos es necesario que las decisiones jurisdiccionales sean comprensibles. Tanto los abogados y las partes en el proceso judicial, como la ciudadanía, tienen que ser capaces de entenderlas.

En publicaciones anteriores se remarcó este aspecto central: las sentencias deben ser de fácil comprensión. Esto brinda la transparencia necesaria para que los destinatarios directos de las sentencias (las partes del proceso: imputado, fiscal o víctima según el caso), como así también la sociedad, pueda ejercer su derecho democrático de control de los actos públicos de gobierno (en este caso, judicial).

En este aspecto, la creación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del Centro de Información Judicial –CIJ- importó un avance fundamental en materia de comunicación y transparencia. Allí pueden encontrarse todas las noticias judiciales de mayor trascendencia y una base de datos de búsqueda ágil y práctica que contiene todas las sentencias del país. Tal como fuera señalado por su co-creadora, la abogada y periodista María Bourdin, la revolución comunicacional propuesta con su lanzamiento en el año 2008 hoy es una realidad concreta y arraigada en el sistema judicial.

La cuestión es clara: no se puede considerar satisfecho el derecho fundamental del acceso a la justicia si las personas a las que se dirige la decisión jurisdiccional no la comprenden. La claridad de las decisiones tiene que poder alcanzar a todos los casos judiciales sin distinciones. Es importante cuidar qué y cómo se comunica: suele ser eficaz el mensaje que se comprende de primera mano.

El lenguaje jurídico puede ser claro sin perder su especificidad y su precisión. Podríamos decir que la dificultad de comprender las resoluciones jurisdiccionales no radica exclusivamente en la terminología técnica propia de la profesión de abogado (aunque a veces, puede estarlo), sino en, por ejemplo: las referencias o citas innecesarias o sobreabundantes, sentencias extensas que no van al punto o resoluciones escuetas carentes de línea argumental suficiente, el exceso en la utilización de la voz pasiva, sobreabundancia de términos demasiado técnicos que no alcanzan a comprenderse, el abuso de los gerundios, la extensión de las oraciones y los párrafos, la utilización de términos de otra época o anacrónicos, otorgarle a las palabras un sentido distinto al que se otorga usualmente, etc.

Estas falencias impiden que las personas ajenas a la profesión relacionada con lo jurídico, conozcan los verdaderos alcances e implicancias que una decisión judicial puede tener en sus vidas.

La oscuridad del lenguaje en ocasiones utilizado en una resolución judicial puede provocar desconfianza y rechazo en la ciudadanía. Por el contrario, la utilización de un lenguaje claro y comprensible genera una mejor imagen y una mayor confianza en el Poder Judicial. No debemos olvidar que la sociedad tiene derecho a entender las razones que llevaron a un juez a tomar una decisión.

Muchas veces sucede que en la extensión de una sentencia se busca que no haya dudas ni ambigüedades. Pero este hábito suele ser un arma de doble filo, porque se termina creando más incertidumbre y confusión. Una mayor cantidad de palabras no garantiza una mayor comprensión del mensaje, ni asegura una comunicación exitosa. En estos tiempos, es clave privilegiar una comunicación concisa.

Una narración eficaz es aquella que se enfoca en los hechos fundamentales para la correcta solución del conflicto y descarta lo la información innecesaria.

Cabe destacar que escribir en un lenguaje claro no significa incurrir en una mera simplificación, abreviación o renunciar a la precisión. Por el contrario, en la mayoría de los casos, la búsqueda de la claridad del mensaje supone un mayor esfuerzo intelectual.

Al escribir, debemos tener en cuenta que el principal destinario de la resolución que se está redactando puede no ser una persona formada en derecho. Es un error pensar que las decisiones jurisdiccionales están orientadas en todos los casos sólo a los operadores del derecho y por su intermedio, a quienes asisten, al fiscal y a las víctima; por el contrario, en asuntos de interés público, también deben ser conocidas por la sociedad en su conjunto.

El tiempo y el espacio que las noticias judiciales tienen en los medios de comunicación nos da la pauta del interés creciente en las cuestiones jurídicas, lo cual impone que los operadores del derecho realicemos un esfuerzo adicional para comunicar mejor.

En lo que respecta a la justicia penal en particular, no debe perderse de vista que el Sistema Acusatorio del nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) impone poner el foco en las alegaciones y peticiones de las partes en lo que se denomina Proceso adversarial. El juez no debe resolver más allá de lo solicitado. Además, el CPPF busca brindarle una mayor transparencia al proceso judicial.

En este marco, resulta muy importante que las partes en el proceso desarrollen sus fundamentos y efectúen sus peticiones de forma concisa para que exista una correcta solución del caso, concordante con las peticiones de las partes y el objeto del litigio. La necesidad de expresarse con un lenguaje claro alcanza a todos los operadores del derecho.

En definitiva, la modernización del lenguaje jurídico se basa primero en la idea de que los ciudadanos tienen derecho a acceder a las decisiones judiciales. Y segundo, en que las mismas se expresen en un lenguaje comprensible. Así se hace posible recortar la distancia entre la sociedad y el Poder Judicial, mejorar su imagen y la eficiencia del sistema.

Es cierto que la justicia penal federal es muchas veces percibida como formalista y reticente a modernizarse. Sin embargo, en este último tiempo, y en gran parte debido al Covid-19, se ha adaptado con éxito a las nuevas circunstancias. En parte, gracias a su función mediante un desarrollo previo de años relacionado con el uso de nuevas tecnologías como el trabajo remoto, la firma digital y celebración de audiencias virtuales, entre otras, que fue materia de una publicación anterior.

A esto se le suma la implementación de un nuevo Código Procesal Penal Federal más transparente y que moderniza la investigación judicial; y el proyecto de un nuevo Código Penal que propone modernizar el vigente que ya lleva casi 100 años desde su sanción.

En conclusión, en este proceso de modernización que está atravesando el Poder Judicial en general y el fuero penal federal en particular, debe destacarse la importancia de la utilización de un lenguaje claro, conciso y preciso, comprensible para las partes del proceso, pero también, para asuntos de interés público, para la sociedad toda. Porque como dice el lingüista, filósofo y politólogo Noam Chomsky, “El lenguaje de hoy no es peor que el de ayer. Es más práctico. Como el mundo en que vivimos”.

Mariano Hernán Borinsky (Doctor en Derecho Penal UBA, Juez Cámara Federal Casación Penal, Co-Director del Posgrado en Derecho Penal Tributario de la UBA, Presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, Profesor Universitario UBA, UTDT, UA).

Juan Manuel Garay (Prosecretario de Cámara de la Cámara Federal de Casación Penal. Abogado UBA. Especializado en Derecho Penal y Maestreando en Derecho Penal –UTDT-).