El presidente Fernández anunció que la expropiación de la empresa agroexportadora Vicentin S.A. es un paso hacia la soberanía alimentaria. El ministro Guzmán expresó en un reportaje en Perfil publicado el 7 de junio que el objetivo es lograr la soberanía política y también la soberanía económica, “algo que se ha sacrificado”. El Gobierno parece señalar que ha comenzado una nueva etapa donde la Argentina debería alcanzar su soberanía después de 204 años de declarada la independencia en 1816.
El general Perón ya utilizó la bandera de la soberanía política, independencia económica y justicia social para consolidar la hegemonía de su movimiento político durante su primer gobierno. La creación de las empresas Ferrocarriles Argentinos, Gas del Estado, Aerolíneas Argentinas, Dirección de Agua y Energía y ENTEL se convirtieron en símbolos de la independencia económica. El Estado también sumó las empresas alemanas bajo la Dirección Nacional de Industrias del Estado.
El concepto de soberanía alimentaria fue parte de una proclama política en los años 90 planteando el derecho de los pueblos a diseñar sus políticas alimenticias y promover la producción en forma sustentable a través de cadenas de distribución que permitieran retribuir a los productores con precios más altos. Incluyó también garantizar el acceso de los campesinos a la tierra, el agua, semillas y crédito. Este planteo supone que la producción de alimentos para la exportación es impuesta por las empresas multinacionales que arrasan con las pequeñas unidades de producción y fuerzan el desplazamiento de los productores a los centros urbanos. El derecho a la seguridad alimentaria está recogido en las Constituciones de Ecuador de 1998, Venezuela de 1999 y de Bolivia 2009. Nicaragua dictó la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria en 2009.
La Argentina tiene una estructura productiva diferente a los países que proclaman la soberanía alimentaria. Las condiciones naturales permiten una producción no solo para satisfacer las necesidades internas sino que constituyen una fuente de abastecimiento para más de 400 millones de personas. El exceso de producción se destina a satisfacer la demanda internacional previéndose que aumentará en los próximos años como consecuencia del incremento de la población y cambios en los hábitos de consumo. Es el principal sector económico excedente de divisas.
La agitación de la soberanía como plataforma política constituye una crítica a las políticas desarrolladas por todos los gobiernos anteriores incluyendo el período 2003/2015, donde el Estado habría cedido capacidad de decisión frente a poderes internacionales. El ministro Guzmán reconoce las limitaciones cuando dice que “hoy tiene un Estado debilitado con poco margen de acción”. El rol del Estado aparece entonces como central para recuperar la soberanía, pero no se aclara si en función de fijar las políticas macro o si también incluye la participación directa en la producción con empresas testigos como se define la intención para la expropiación de Vicentin S.A.
En el mismo sentido, la participación directa del Estado también conlleva un mensaje para las inversiones extranjeras, a pesar de que en 2014 no hubo ninguna oposición a las adquisiciones de Noble y Nidera por la empresa china COFCO. El mensaje de expropiación centrado en la soberanía alimentaria o las referencias a la soberanía política parecerían a orientarse a limitar la participación de las inversiones extranjeras porque implicarían una pérdida de independencia. Esta posición contrasta con la tendencia en los países emergentes de crear condiciones favorables para recibir inversiones ante la falta de capitales tanto privados como públicos para un desarrollo autónomo.
La expropiación de Vicentin S.A. abre varios interrogantes sobre la orientación económica porque aparece en un momento donde se discuten varias alternativas. La falta de precisión o las referencias a planteos considerados superados no alientan las perspectivas para generar un clima de confianza para las inversiones.
El autor es Licenciado en Economía Política (UBA), Master in Economics (University of Boston) y fue embajador argentino en Tailandia. Es Miembro Consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI)