El éxodo fiscal a Uruguay: Galperin, Susana y ahora serán muchos más

A mediados de febrero de 2020, los medios de comunicación de ambas márgenes del Río de la Plata daban cuenta de la mudanza al Uruguay de Marcos Galperín, ubicado en el ranking de la Revista Forbes como la cuarta persona más rica de Argentina (detrás de Paolo Rocca, Alejandro Bulgheroni y Alberto Roemmers).

Más aquí en el tiempo, la noticia la dio Susana Giménez, quien, en medio de la estricta cuarentena dispuesta por el gobierno argentino, voló a Uruguay para instalarse allí.

No se trata de los dos únicos argentinos que han cruzado las fronteras entre ambos países desde las elecciones presidenciales que depositaron a Alberto Fernández en el sillón de Rivadavia (desde las PASO, diría yo) y no van a ser los últimos que lo hagan.

El éxodo ya comenzó y, si el oficialismo continúa mostrando su inclinación a tomar medidas contrarias a las libertades individuales y al derecho de propiedad de las personas, es muy probable que esta tendencia no solo continúe, sino que se intensifique.

En este contexto, en el día de ayer (11 de junio) el presidente uruguayo firmó el decreto 163/020 que hace aún más sencilla la obtención de la residencia permanente en Uruguay por las siguientes razones:

• reduce el valor del inmueble que debe adquirir un extranjero para que sepresuma la residencia permanente a aproximadamente US$380,000 (en lugar de US$1,700,000);
• reduce la presencia física que se le exige a quienes decidan realizar dicha inversión (en lugar de 180 días, ahora se piden 60); y
• reduce también la inversión mínima que debe realizarse en una empresa local a aproximadamente US$1,600,000 (en lugar de US$5,300,000), siempre y cuando se generen además quince (15) nuevos puestos de trabajo.

Se trata de la confirmación de todos los rumores que circulaban por las calles y playas de Punta del Este en enero de este año.

Las ventajas de Uruguay

Adicionalmente a la mayor seguridad jurídica y la mayor tranquilidad que ofrece desde siempre Uruguay, hay ventajas impositivas muy concretas.

Entre ellas, se destacan las siguientes:

• Uruguay ofrece lo que en la jerga se conoce como “vacación fiscal” de cinco (5) años. Se trata de una ventaja que suelen ofrecer los países que quieren promover la inmigración y consiste, como su nombre lo indica, en no pagar ciertos impuestos o en pagarlos pero con una alícuota reducida durante el tiempo que dure dicha “vacación”. Sobre este punto en particular, se espera que Lacalle Pou envíe un proyecto al parlamento para extenderla a diez (10) años y así competir, entre otros destinos, con Portugal. Esto, que puede no parecer muy relevante para los migrantes argentinos, definitivamente lo es para los brasileros.
• Pasado el plazo mencionado en el párrafo anterior, no se paga Impuesto al Patrimonio (el impuesto a los bienes personales uruguayo) por activos en el exterior y se paga un impuesto a la renta reducido por ganancias generadas por los mismos, siempre y cuando se trate de renta generada por activos mobiliarios (12%).
• El sistema impositivo uruguayo conserva algunos aspectos de los sistemas impositivos que cobran impuestos solo por ingresos de fuente local y, cuando esto no resulta de aplicación, las alícuotas del IRPF (el impuesto a las ganancias charrúa), si bien son similares a las que existen en Argentina, parten de un mínimo no imponible más alto.
• Uruguay no tiene ni remotamente la cantidad de impuestos que tiene Argentina.

Algunos aspectos para tener en cuenta

Si bien felicitamos al gobierno uruguayo por las medidas que está tomando, hay dos aspectos no menores que no podemos dejar de comentar.

En primer lugar, desde hace tiempo la OCDE (¿cuándo no?) y la Unión Europea andan detrás de aquellos países que promocionan la inmigración por cuestiones fiscales, al punto de que ya se han creado listas negras en las cuales aparecen dichos Estados y se espera que en el futuro se establezca algún tipo de sanción. La reducción de los días que deben pasar los extranjeros a 60 es una medida muy arriesgada que puede traer complicaciones para el país. Entendemos que deberían haberlo dejado, mínimamente, en 90 días; máxime cuando este punto no es del todo relevante toda vez que – como explicaremos más adelante - cualquier argentino que decida mudarse a Uruguay debe de cualquier manera evitar pasar más de 180 días en Argentina y tampoco puede pasar mas días en Argentina de los que pasa en Uruguay.

En segundo lugar, es clave que el gobierno uruguayo agilice los tramites de residencia. En efecto, no tiene sentido promover que la gente comience este tramite, pero luego no dar turnos, como está pasando en la actualidad en los consulados uruguayos en Argentina. Y si bien es cierto que recientemente Uruguay flexibilizó los requisitos para ingresar al país durante la pandemia (antes se exigía si o si residencia legal y ahora se puede entrar demostrando un interés comercial), es preciso que el tema administrativo comience a funcionar de manera mas aceitada.

Por otro lado, cualquier argentino que desee aprovechar estas ventajas debe planificar la mudanza internacional con sumo cuidado y asegurándose de contar con asesores sólidos de ambos lados del río.

Y nótese que hablamos de mudanza internacional y no de la adquisición de una nueva residencia fiscal o de una segunda nacionalidad.

Contrariamente a lo que mucha gente cree, el tener nacionalidades adicionales a las del país en el cual uno reside (en este caso, Argentina) no suma absolutamente nada a los efectos de la planificación patrimonial.

Esto es así ya que, salvo en los casos de Estados Unidos y Eritrea, los sistemas tributarios están basados en el concepto de “residencia” y no de “nacionalidad”.

A lo sumo, y solo por ahora, tener una segunda nacionalidad servirá para que la información financiera intercambiada bajo los sistemas CRS o FATCA no llegue a manos de las autoridades fiscales del país de residencia real del contribuyente de que se trate, pero ese no es el foco de esta columna.

Adquirir la residencia fiscal en un tercer país no suele ser algo muy complejo y en realidad es lógico que no lo sea: ¿qué país se va a oponer a agrandar su base de contribuyentes?

Uruguay no solo no es una excepción, sino que, como hemos visto, cada vez ofrece más ventajas.

En el caso de Argentina, por ejemplo, el artículo 22 de la Ley 25.871 establece que se considerará “residente permanente” a todo extranjero que, con el propósito de establecerse definitivamente en el país, obtenga de la Dirección Nacional de Migraciones una admisión en tal carácter.

Tal cual habrán advertido a esta altura, el aspecto más complejo de una mudanza fiscal es cómo perder la residencia fiscal original.

Ello es así porque la obtención de la residencia fiscal en un tercer país no provoca de forma automática que el contribuyente pierda la del país de donde procede.

En otras palabras, por más que uno obtenga una residencia fiscal en un tercer país, si la autoridad fiscal del país en el cual se residía originalmente no otorga la famosa “baja fiscal”, el único efecto que la obtención de la nueva residencia generará será que parte de los impuestos sean pagados en el exterior y luego utilizados como créditos a nivel local; pero no se generará un ahorro.

Podría incluso darse el caso en que el país donde se residía originalmente no acepte todos los impuestos pagados en el tercer país, y el monto total de impuestos a abonar sea mayor que los que se pagaba antes de obtener la residencia fiscal en el extranjero.

La residencia fiscal argentina se pierde de dos maneras:

• al permanecer en el exterior por un periodo mayor a doce meses, continuo o discontinuo, sin estar en Argentina – durante dicho período – por un plazo mayor a los 90 días; o
• al obtener residencia permanente en un país extranjero de acuerdo con las normas migratorias de dicho país.

La pérdida de la residencia fiscal argentina, en cualquiera de dichos supuestos, hay que comunicarla a la AFIP y también hay que darse de baja en los impuestos respectivos designando, si correspondiera, un responsable substituto.

En el primer caso, hay que presentar el pasaporte u otro documento fehaciente que acredite la salida y permanencia fuera del país durante el plazo legal previsto.

En el segundo, se debe presentar el certificado de residencia emitido por la autoridad competente del Estado extranjero de que se trate.

Una vez perdida la residencia fiscal argentina por adquisición de la residencia permanente en otro país, la misma no se recupera en tanto el sujeto en cuestión no esté en Argentina más de 180 días, no vuelva a tener su centro de intereses vitales en el país y/o no pase en Argentina más días que en aquel país en el cual dice residir.

Por ende, la mudanza internacional solo sirve como herramienta de planificación patrimonial cuando la misma es real.

Quien no esté dispuesto a “levantar campamento” y mudarse en serio a otro país, no debería perder su tiempo analizando la obtención de una nueva residencia fiscal.

Al fin y al cabo, la mudanza internacional es una de las herramientas de planificación patrimonial que existen.

Dependiendo de los objetivos buscados por la persona de que se trate, su país de residencia y el tipo de activos que posee, es factible que los mismos se puedan alcanzar a través de un testamento, de una sociedad extranjera, de una fundación, de un trust, etcétera.

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