La salud menstrual como expresión de desigualdad

Hoy es el día mundial de la Salud Menstrual. Una oportunidad para hablar sobre tabúes con los que crecemos y de informarnos para poder pensar de manera más amplia cómo formular proyectos y políticas que puedan acompañar a las personas menstruantes.

En este marco, esta semana presentamos junto a varios compañeros del interbloque un proyecto de ley que busca garantizar el acceso igualitario de productos vinculados a la gestión menstrual a niñas, adolescentes, mujeres, personas trans e identidades no binarias, que se encuentran atravesadas por contextos de vulnerabilidad social, cuya situación seguramente se vez afectada por el aislamiento dispuesto por el Gobierno en el marco del Covid-19.

Según un informe de UNICEF, en el mundo somos alrededor de 1.800 millones de personas menstruantes, de las cuales al menos 500 millones carecen de los elementos para manejar su ciclo menstrual de una manera digna y saludable (según UNICEF y OMS, 2015).

El ritmo de lo urgente, la desigualdad entre géneros, los tabúes culturales y mandatos sociales, la pobreza y los problemas de acceso a los servicios básicos a menudo hacen que millones de personas se encuentren imposibilitadas de acceder a condiciones dignas de salud y gestión menstrual. El resultado de esta injusticia es un impacto negativo en la libertad, muchas veces reflejado en la reducción de participación de actividades habituales (por ejemplo ir a la escuela, al trabajo o participar de la vida comunitaria).

Pese a que la mitad de la población pasa por esta situación biológica inevitable, lo poco que sabemos sobre el tema lo fuimos aprendiendo en torno a la vergüenza, al silencio, a la exclusión y autoexclusión y, en definitiva, a la imposibilidad de vivir y de relacionarnos de manera igualitaria, reiterado una vez por mes durante décadas en nuestras vidas. El Banco Mundial estima que, a nivel global, se pierden entre el 10 y 20% de días de clases por ausentismo debido a la menstruación. Además, según la Organización Mundial de la Salud, la falta de información y recursos lleva a infecciones, daños a la salud mental a largo plazo, a embarazos no deseados y a que las mujeres no tengan opción más que realizar prácticas menstruales antihigiénicas, comprometiendo su salud y exponiéndose a otros problemas.

Según el Banco Mundial, en Colombia el 34,8% de las niñas encuestadas indicaron no saber nada de la menstruación antes de que la tuvieran por primera vez; mientras que el 45% no sabe o no responde de dónde proviene el sangrado menstrual. En Honduras, el 55% de las niñas reportaron no sentirse cómodas yendo a la escuela durante su menstruación. En Bolivia, en las zona rural de Beni, las condiciones de los baños de sus escuelas generan restricciones para las niñas, tanto en sus comportamientos como en su asistencia escolar. En estos casos, entre otros, se hace presente la idea de que cuando las personas no pueden manejar de forma adecuada la gestión de su menstruación, se ven afectados otros derechos.

El 8 de marzo de 2017, la organización Economía Femini(s)ta lanzó la campaña #MenstruAcción para visibilizarla como un factor de desigualdad. Esta campaña milita la incorporación de la gestión menstrual como un tema de agenda en el avance nuestros derechos. En un país como el nuestro, en que la pobreza en su mayoría, tiene rostro de mujer, el derecho al acceso de productos de gestión menstrual debe ser una prioridad. En Argentina, hasta el momento se presentaron más de 12 proyectos de ley en el marco de esta campaña que contemplan tanto la provisión gratuita de esos bienes como la eliminación del IVA de los mismos. Como un ejemplo en esta línea, en marzo de este año, el municipio de Morón aprobó una ordenanza municipal para asegurar la provisión gratuita de productos de gestión menstrual, creando un antecedente único en nuestro país.

El acceso a elementos de gestión menstrual es un derecho ampliamente ignorado, pese a que afecte a la educación, a la economía, al ambiente y a la salud pública. No hay contexto que justifique: en 2020 no se le puede negar a ninguna persona el derecho a gestionar su ciclo menstrual de forma digna y saludable. Cuando hablamos de pobreza menstrual nos referimos a la imposibilidad de acceder a productos sanitarios; educación sobre gestión menstrual; inodoros o instalaciones para lavarse las manos y/o gestión de residuos. Las condiciones de hacinamiento y falta de acceso a servicios básicos presente en nuestro país nos lleva a pensar en todos los riesgos para la salud que desencadena la imposibilidad de garantizar este derecho. No podemos pensar en igualdad de género siendo testigos de una desigualdad sistémica ignorada en la agenda pública. Es hora de terminar el misterio y secretismo que trae consigo la salud menstrual y avanzar con soluciones concretas para poder satisfacer las necesidades básicas de la mayor cantidad de argentinos y argentinas posible.

La autora es diputada nacional de Juntos por el Cambio