El lunes pasado se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 457/20 que termina de coronar la concentración de facultades en el Poder Ejecutivo y el consiguiente debilitamiento institucional del Congreso de la Nación. Es el último acto, cuya primera escena fue renunciar a la discusión y aprobación del presupuesto para este año y funcionar de hecho con el prorrogado del 2019, lo cual supone una enorme disponibilidad de recursos sin asignación específica.
El segundo acto continuó en diciembre, con la declaración de la Emergencia, que supuso una enorme delegación de facultades propias del parlamento. Posteriormente se extendió con la ampliación de la emergencia sanitaria en marzo, justificada por la pandemia que, a la par de restringir libertades individuales, aumentó la concentración del poder y el debilitamiento de los controles, lo que rápidamente tuvo su correlato en procesos licitatorios poco transparentes con sobreprecios en diversas reparticiones del estado.
Ahora, con este Decreto, suspenden durante todo el 2020 los límites a las reestructuraciones presupuestarias que puede disponer el Jefe de Gabinete, establecidos en la ley de Administración Financiera, que en los hechos significa el 100% de los recursos con libre disponibilidad.
Durante el menemismo comenzó a otorgarse al Poder Ejecutivo la facultad de reasignar partidas presupuestarias, dando inicio al uso de los superpoderes y la utilización masiva de decretos de necesidad y urgencia sin consagración constitucional. Más adelante, con el kirchnerismo, mediante la ley 26.124, se profundizaron estas facultades delegadas, estableciéndose sin ningún tipo de límite. En el 2016, durante el gobierno de Cambiemos, se comenzó a restringir esa reasignación de manera escalonada, siendo del 5% máximo a partir de 2018. Ya con la Ley de Emergencia, sancionada en diciembre, volvimos al 7.5% las posibilidades de reasignar partidas. A partir de este lunes, la disponibilidad y discrecionalidad es total y las cuentas públicas vuelven a estar manejadas por la máxima del “recáudese lo que se pueda y gástese lo que se quiera”.
Esta nueva claudicación institucional tiene una particularidad, no es un renunciamiento y delegación de facultades, sino que estamos en presencia de un despojo, ya que el Poder Ejecutivo le arrebata al Congreso facultades que le son propias mediante un DNU, en un momento en que el Congreso se apresta a sesionar “virtualmente”.
Queda claro, a esta altura, que el plan es hacer funcionar al Congreso de manera virtual, con temarios acotados y acordados, en asuntos que no incomodan al oficialismo, con sesiones donde se retacea el uso de la palabra a opositores y, en este contexto de renuncia, delegación y arrebato de facultades, supone más que la normalización del mismo, una simulación de ello.
Las sesiones en el Congreso así pensadas son un simulacro de debate, una mala teatralización de su correcto funcionamiento. La tecnología incorporada a la labor parlamentaria cotidiana, producto de las decisiones humanas en su implementación y en un raro caso, esta vez lejos de mejorar la calidad del debate público, lo deterioran, diluyen y licuan.
Las emergencias, la situaciones extraordinarias como la pandemia, aparecen como la excusa perfecta de los autoritarios para concentrar poder y eliminar controles. También podrían ser una oportunidad para los republicanos de mostrar moderación, pluralismo, apertura y tolerancia política, imprescindibles para generar confianza y permitir los acuerdos de largo plazo -llamados “políticas de estado”-, tantas veces frustrados en el país.
En épocas de emergencias, poderes exorbitantes y facultades extraordinarias, es el Congreso -como órgano de control político por antonomasia-, quien debe fiscalizar el ejercicio de la inmensa cantidad de facultades delegadas al Gobierno. Sin embargo, el oficialismo pareciera tener otros planes para el funcionamiento del Congreso, más cercanos al entretenimiento que a la fiscalización, más próximos al show tecnológico que al debate político.
Como muchas veces ha ocurrido, como pasa habitualmente en el fútbol y es frase remanida, el resultado depende de nosotros. Tenemos que decidir de qué lado de la cancha queremos jugar, no ya para fomentar la grieta, sino para cerrarla definitivamente, en torno a los valores que nos unen, donde la democracia se encuentra consolidada y la defensa de la república aparece como una batalla por librar todos los días en una cancha inclinada.
El autor es diputado nacional (UCR)