En tiempos de crisis, el Estado debe tener la capacidad de resolver los problemas que se le presentan, en particular, en aquellos que afectan a grupos o sectores más vulnerables.
Una vez más, una pandemia pone a prueba la capacidad del Estado para dar respuestas eficientes y transparentes. Es un momento en donde están juego la vida, la salud, el trabajo, los afectos y la economía del país.
Los procedimientos de compra del Estado prevén excepciones para situaciones excepcionales como es una emergencia. En ese caso, los plazos de los procesos de compras se acortan y los requisitos se flexibilizan. Pero no por esto pasan a ser compras discrecionales y ni licitaciones a medida. Por el contrario, en la excepción, es cuando se deben extremar los cuidados en los procedimientos.
Como diputados nacionales de la oposición, tenemos el deber de controlar a quienes gobiernan. Nos corresponde señalar las irregularidades, los clientelismos y los negocios oscuros, que podamos encontrar. No lo hacemos para poner palos en la rueda, ni demorar lo que sabemos que es urgente que llegue a la gente. Lo hacemos para que no se le robe a la gente, en el medio de la necesidad y urgencia.
Es inaceptable que las excepciones sean usadas para favorecer a tal o cual proveedor, a tal o cual empresa. La excepción no es una ventana que se abre para facilitar la corrupción.
Un ejemplo reciente fue el pedido que presentamos en el Congreso junto a diputados de Juntos por el Cambio, pidiendo frenar una contratación millonaria en el PAMI. Una licitación destinada a comprar alimentos del programa “Pro Bienestar”, que se ocupa de asistir socialmente a jubilados a través acciones de formación, cuidados, información y la entrega de ayuda alimentaria a adultos mayores. La entrega se hace a partir del trabajo solidario de los Centros de Jubilados en todo el país, que actualmente se encuentran cerrados por la pandemia de Covid-19.
La única oferta recibida en este proceso excepcional y urgente fue de una empresa que ofertó $540 para conformar un bolsón de nueve productos. Con sorpresa encontramos que los mismos se podían adquirir en sus bocas de expendio a $521, eso sin tener en cuenta el descuento del 10 por ciento que regularmente se ofrece a los jubilados.
Comparamos los precios con otros supermercado y mayoristas y el costo era excesivo. Ante esto, pedimos que se dé marcha atrás en la compra, pero también propusimos una alternativa: entregar el dinero de manera directa a los beneficiarios a través de sus haberes, mecanismo similar al que implementé en 2005 cuando estaba al frente del PAMI. Es evidente que los Centros de Jubilados son más eficiente que la institución.
Después de nuestra presentación, el PAMI desistió de la contratación, evitando un despilfarro y un delito. El PAMI debería abrir una investigación para saber qué fue lo que sucedió. Asimismo, decidió realizar en el marco de la emergencia el pago directo a los jubilados beneficiarios del ProBienestar de la suma correspondiente a 3 meses.
Hay que transformar la gestión pública, ser creativos, inteligentes y absolutamente transparentes. Debemos incorporar la tecnología y el acceso a la información online en los procesos licitatorios, generar un sistema de compra a productores directos, cambiar pliegos de licitaciones históricamente dirigidas a los vivos de siempre y amigos del poder de turno.
Tenemos que innovar si queremos tener un Estado más eficiente, y con capacidad de dar respuesta a los sectores más vulnerables: los adultos mayores, las familias en emergencia y los menores en situación de pobreza.
La autora es diputada nacional