Desde hace dos meses la Argentina está en cuarentena por la pandemia de Covid-19 y, para agravar esa situación, no funciona el Congreso de la Nación y aún pudiendo hacerlo funciona poco el Poder Judicial, que también podría demostrar que todas sus garantías y privilegios se justifican.
El Poder Ejecutivo centraliza la adopción de medidas de todo tipo, incluyendo las que deberían dictarse por ley y que solo merecen Decretos de Necesidad y Urgencia.
En los últimos días se ha lanzado la llamada app Cuidar, que es revolucionaria y para mal.
Tenemos que partir de premisas que desgraciadamente son cada vez más necesarias en un país donde se discute hasta que el cero es un número par.
En primer lugar, la pandemia no suspende la Constitución ni las leyes vigentes sino que por el contrario las normas constitucionales y legales se conciben precisamente para solucionar situaciones de conflicto, porque cuando no los hay no son necesarias. Otro aspecto que es medular entender es que, aunque algunos digan lo contrario, nadie sabe con certeza cuáles son los límites y las potencias de la informática: es un hecho y no una opinión que hasta las entidades mas sofisticadas del mundo -como, por ejemplo, el Pentágono norteamericano- han sufrido hackeos y que otros países dedican recursos a entrometerse en la vida de gobiernos y de personas sin que estas siquiera se enteren, como también quedó demostrado en el caso de Facebook y de Cambridge analitica. Esto obliga a quien redacta cualquier norma a ser extremadamente cauteloso porque lo que está en juego es el ultimo resquicio de libertad individual que les queda a las personas, es decir, el poder hacer ciertas cosas sin que alguien lo esté vigilando.
El caso de la Argentina agrava el análisis porque la experiencia demuestra que nada de lo que se promete como temporal lo ha sido: se eternizó el impuesto a las ganancias desde hace casi 90 años, se eternizo el impuesto al cheque, y podríamos seguir mas allá en temas no tributarios. Con lo cual, si de promesas gubernamentales se trata, y aun suponiendo estar gobernados por santos -que nunca ha sido el caso-, no debemos admitir que se retacee nuestra libertad con argumentos ni de crisis ni de sacrificios transitorios.
La literatura fantástica nos explicó hace un siglo que la mejor de las intenciones podía crear un monstruo, como fue Frankenstein, y ahora, con el inmenso poder de la tecnología, los fondos ilimitados del Estado y el pavor que produce el virus chino quizás haya quienes están tentados de olvidar que lo que más muertes ha causado en la historia de la humanidad no han sido los virus sino la lucha por la libertad, que si hoy la gozamos es porque se sacrificaron antes que nosotros millones de personas, a los que por lo menos les debemos defender lo que ellos lograron a costa de sus vidas.
Nuestra Constitución es liberal porque defiende la libertad, la misma que quienes quieren cambiarla invocan para poder hacerlo. Pero sin entrar en esas honduras políticas, sí debemos hacer un racconto de las normas que la app Cuidar violará directa o indirectamente. El artículo 14 nos garantiza la libertad de pensar, de transitar y de trabajar junto con el 14 bis. Son libertades que si alguien sabe qué hacemos durante todo el día evidentemente estarán retaceadas, desapareciendo incluso la igualdad del artículo 16, porque algunos no estarán sometidos a esa -por ahora- obligación voluntaria.
El derecho a disponer de nuestro tiempo, de nuestro cuerpo y de nuestros bienes según lo dispongan las leyes que no violen la Constitución y lo decida un juez, como establece el artículo 17, se repite y amplía en el artículo 18 que consagra el derecho a no declarar contra nosotros mismos ni siquiera gestualmente, como ocurriría si dejáramos un rastro permanente de lo que hacemos a través de un medio que tiene, como mínimo, las mismas garantías que la correspondencia privada que es inviolable, también según este artículo 18 de la Constitución.
La gran creación de Alberdi fue explícita. Las acciones privadas de los hombres que no perjudiquen a un tercero solo están sometidas a Dios y nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe, como dice el articulo 19. Y argumentar que la pandemia justificaría limitar estos derechos no solo supone una excepción que no esta prevista en al Constitución sino que ademas viola otra de sus normas: el artículo 28 clarísimamente nos ampara al establecer que las leyes que reglamenten los principios, garantías y derechos de la Constitución no pueden desnaturalizarlos, algo que debe estructurarse con otras normas clave.
El artículo 29 de la Constitución prohíbe rotundamente que se otorguen al gobierno facultades extraordinarias y pese a la desgraciada constante de violar esta disposición no debemos resignarnos a admitirlo. Tan importante es la garantía de la libertad individual que fija la Carta Magna que el artículo 23 exige que se declare el estado de sitio para retacear algunos derechos individuales y, ademas, aclara que el único derecho individual que puede quedar en manos del Gobierno es del de la libertad ambulatoria, porque en estado de sitio se nos puede arrestar o trasladar sin orden judicial.
Como si todo lo dicho no fuese suficiente, existen aun otras dos disposiciones que resultarían violadas por un sistema que va a saber de nosotros más que nuestra propia memoria: en primer lugar, el artículo 32 al prohibir que se menoscabe de cualquier manera la libertad de prensa no está protegiendo solo a los periodistas y a los medios sino que nos protege a todos y a nuestra libertad para pensar, informarnos, informar, saber, decidir, etcétera. Cosa incompatible con que un Gobierno pueda deducir de nuestros movimientos físicos todo lo que ya sabemos que puede deducirse.
Y como colofón, nunca dejemos de recordar que el artículo 33 de la Constitución, en ese conmovedor esfuerzo por darnos libertad que casi 170 años después tenemos que volver a reivindicar, declara que los derechos y garantías que contiene no implican que además tengamos otros que puedan haber sido olvidados en esa enumeración.
Esa magistral declaración hace que quienes escribieron esto en épocas de la tracción a sangre hayan abierto una puerta por la que hasta la sofisticada informática moderna tiene prohibido meterse con nuestra libertad.
Algunos argumentan que al ser una obligación de carácter voluntario esto sería equivalente a los datos que volcamos en algunas redes sociales. No es así. Primero, porque no todos estamos en todas las redes o al menos en las peligrosas; segundo, porque la necesidad de trabajar y la falta de formación que la inmensa mayoría de nosotros tenemos en los arcanos informaticos hará sin dudas que muchos se anoten en este Gran Hermano para cubrirse de algún miedo a ser discriminados, o a perder o no obtener un trabajo.
El autor es abogado especializado en derecho de las comunicaciones y ex profesor de posgrado en la materia