Los desafíos para alcanzar una nueva normalidad en la Justicia

Entramos a una nueva semana de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, tras una correcta decisión del Gobierno Nacional de permitir que se flexibilicen las condiciones con reapertura de actividades en aquellos lugares donde el Covid-19 esté transitoriamente controlado, manteniendo las medidas de distanciamiento social, de sanitización permanente y toda otra directiva de las autoridades sanitarias. Y pese a que cada sector de nuestra sociedad cuyas actividades y circulación no están permitidas está viviendo una situación en extremo delicada, no es posible caer en irresponsabilidades que destruyan de un plumazo el sacrificio ya realizado.

Tal es el caso de la Justicia argentina. La Justicia está funcionando. Pero lo hace como corresponde, esto es, en modo pandemia. Ninguna causa o situación que no admita demora deja de obtener la protección judicial. De eso sobradamente dan cuenta los medios tanto en materia penal como civil, laboral, previsional, etc. Se llevan a cabo juicios orales en forma no presencial garantizando los derechos de los imputados. En forma presencial los jueces y funcionarios, y de manera remota la mayor parte de los agentes judiciales a través del sistema informático, conexiones VPN, acceso remoto al lex100 -con todos los riesgos que conlleva la precariedad de la seguridad informática en tales casos- y/o resolviendo los expedientes en papel que son repartidos hasta las casas de los agentes por funcionarios autorizados a salvaguardar su custodia. Se suman los acuerdos de Cámaras de Apelaciones, firma digital en sentencias y otras resoluciones, como así también la presentación de escritos por parte de los profesionales (abogados y peritos) ya suman decenas de miles, con habilitación de feria en todos los fueros para peticiones de profesionales y partes. Y así se procede en todo el país.

Es evidente que, tal como pasa con muchas actividades no autorizadas aún por la autoridad sanitaria, los afectados (en el caso de la Justicia, ocurre con los profesionales del derecho) protesten y reclamen la reapertura total de los tribunales sin tener dimensión de las consecuencias que tal medida podría acarrear para la difusión de la pandemia. Su comprensible ceguera (esa que sólo permite ver su propia necesidad y no visualizar íntegramente las consecuencias que ello podría ocasionar para el conjunto social) no justifica decisiones erróneas.

Recordemos que la Justicia está en emergencia declarada por el Consejo de la Magistratura de la Nación desde octubre del año pasado. Tanto en lo edilicio como, precisamente, en su sistema informático. La casi totalidad de los edificios judiciales carecen de las condiciones de seguridad y de salubridad mínimas. Y es en esas condiciones precarias donde deben aplicarse medidas de salubridad y de distanciamiento social, de cara a ir pensando cómo volver a la normalidad. Por ejemplo, los ascensores (cuando funcionan) sólo permitirían a una persona por viaje. Las escaleras tampoco permiten el uso de más de una persona, o subiendo o bajando, ya que su estrechez impide guardar el distanciamiento mínimo previsto. Pensando en voz alta, habría que establecer que los ascensores sirvan para subir y las escaleras para bajar. En los distintos Juzgados donde el hacinamiento del personal es absoluto, hay que definir cuántos agentes pueden trabajar en simultáneo en cada habitación y ello conlleva necesariamente establecer turnos. Ni hablar de la higiene mínima requerida de los lugares y personas, donde existen muchísimas dependencias sin agua potable, o con baños insuficientes, o que directamente no funcionan, o, aun funcionando, no tienen jabón ni papel. Establecer protocolos de funcionamiento judicial no es tan complicado. Llevarlos a la práctica, en cambio, es extremadamente complejo. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación viene trabajando en ambos aspectos.

Por otro lado, se ha incrementado el trabajo remoto conforme a las decisiones de las distintas acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y mucho se ha avanzado en ello, con las limitaciones que de base arrastra el sistema de gestión informática -también en emergencia-. Basta recordar que salió de funcionamiento durante el mes de enero, en plena feria de verano, con mantenimientos que fallaron, aún antes de la pandemia. Fue reparado, pero está claro que requiere una renovación absoluta tanto en el hardware como en software. En esas condiciones trabajamos desde nuestros hogares, con equipamiento desigual y a veces no apto, teniendo que alterar el funcionamiento familiar y compartiendo el tiempo con la educación de los hijos , sin que aún se establezcan las normas para el trabajo remoto como plantea la OIT: jornada laboral, descanso y derecho a la desconexión.

Como organización sindical, estamos actuando con absoluta responsabilidad, como la gravedad de la situación lo exige, en defensa de nuestros representados y en defensa de una Justicia que dé respuestas a la ciudadanía, y de la salud integral de la sociedad.

Hemos presentado proyectos de protocolos de seguridad a la Corte y, a la vez, venimos trabajando con las Cámaras de Apelaciones y con los magistrados que muestran voluntad en ese sentido, lenta (los medios económicos con que cuenta la Justicia así lo determinan) pero persistentemente, para garantizar condiciones de salubridad y pensar cómo aplicar estos protocolos en la realidad de cada día -esto es lo complejo-, sin tirar por la borda el esfuerzo que los judiciales y el conjunto de la sociedad vienen haciendo para enfrentar la pandemia.

Hemos planteado al Presidente de la Corte, también, en ese necesario “prepararse para salir”, que no alcanza con el dictado de protocolos, sino que, como cabeza del Poder Judicial, debe prever los mecanismos para garantizar su cumplimiento, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, por cuanto aún en el funcionamiento presencial limitado hay algunas Cámaras de Apelaciones que no entregan a los concurrentes ni barbijos ni los elementos de higiene y prevención necesarios.

Con la mayoría de las Cámaras, estamos haciendo esfuerzos para lograr avanzar en la previsión del funcionamiento futuro, sabiendo positivamente que nada será como antes y que la situación precaria y de emergencia que tenía la Justicia previo a la pandemia seguirá existiendo y será un condicionamiento extra en esa vuelta a una nueva normalidad.

Por ello insistimos a la Corte en trabajar también en un plan estratégico para la Justicia Argentina, para definir las medidas que, a corto, mediano y largo (pero no tan largo) plazo pongan a este poder fundamental del Estado en condiciones materiales y humanas de brindar el servicio que establece nuestra Constitución Nacional y que reclama nuestra comunidad.

Es conocido el volumen de personas que se mueven diariamente en la actividad de los tribunales, que va de 50 a 80 mil personas. No es tan sabido, por la mayoría de la sociedad, que más del 50% del personal judicial que trabaja en la Capital Federal vive en el Gran Buenos Aires, lo que coloca al transporte como un problema adicional.

La Corte en el día de hoy ha definido con criterio la continuidad de la #FeriaSanitariaExtraordinaria hasta el 24 de mayo, ampliando razonablemente la actividad en la región metropolitana definida por las autoridades nacionales como de amplia circulación del Covid19 y, por lo tanto, de alto riesgo; dejando librado a las Cámaras Federales del interior su adaptación a la realidad de cada jurisdicción. Además, ha definido un protocolo de prevención para resguardar las condiciones de quienes asistan en forma presencial al trabajo.

Con relación a los otros dos actores oficiales del servicio de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa, debemos decir que la Procuración General de la Nación a través de su resolución 37/2020 ha planteado la misma prórroga delegando en los fiscales generales la implementación y un protocolo de prevención, aunque ésta no viene proveyendo de fondos necesarios para implementar como corresponde las medidas de sanitización que recomienda, lo que constituye una contrasentido que esperamos se resuelva con la premura que la pandemia requiere. La Defensoría General, que acompaña extensión de la #FeriaSanitariaExtraordinaria y está adquiriendo los insumos de prevención destinados al cuidado de los agentes que deban realizar tareas presenciales, tiene una postura activa tendiente a reducir lo presencial a lo mínimo y focalizar todo lo posible en el trabajo a distancia y audiencias virtuales con sus defendidos.

En síntesis, reiteramos que, aún en las condiciones de emergencia que la Justicia padece desde antes de la pandemia, y siguiendo las directivas que emana de la autoridad nacional en la materia (Poder Ejecutivo Nacional), la Justicia funciona y va adaptando ese funcionamiento a la situación de cada jurisdicción y a sus propias posibilidades, continuando el desarrollo de la actividad remota, con trabajo a distancia -también con las limitaciones propias del sistema de gestión informática-.

Los y las judiciales, a través de nuestra organización sindical, la UEJN, entendemos la angustia de los profesionales del derecho (que son también trabajadores), pero debemos priorizar el interés general que es la salud de nuestro pueblo, incluidos los mismos profesionales. Sin perjuicio de ello continuamos trabajando incansablemente, no sólo en el ámbito de la Justicia, para llevar propuestas y colaborar en la adaptación del sistema judicial a las nuevas condiciones que la pandemia nos impuso y estar preparados para la paulatina vuelta a la normalidad cuando las condiciones lo vayan permitiendo en cada lugar de nuestra geografía nacional, sino también en actividades solidarias que encaramos a lo largo y a lo ancho del país, para asistir a los que más lo necesitan, fieles a la historia y compromiso social de nuestro sindicato.

*El autor es Secretario General de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN)

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