El espionaje ha sido una obsesión de los Estados a lo largo de toda la historia. Desde el Antiguo Egipto hasta la vigilancia biométrica de nuestros días, gobiernos de toda índole invirtieron recursos en averiguar todo aquello que se pudiera, sobre propios y ajenos, tanto en la guerra como en tiempos de paz. También resulta necesario aclarar que la práctica ha sido muy común, en el sector privado; hoy, más que nunca.
En las últimas semanas el denominado “ciberpatrullaje” se ubicó en el centro de la polémica tanto en redes sociales como en los medios tradicionales. La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, reconoció que el Estado nacional realiza este tipo de prácticas a las que definió como una “modalidad de la ciberseguridad”. La declaración, que se dio cuando nuestro país ya se encontraba en cuarentena debido a la pandemia de COVID-19, preocupó a las organizaciones de derechos humanos.
El ciberpatrullaje consiste en el uso de técnicas y tecnologías por parte de las fuerzas de seguridad -policía federal, gendarmería, policía de seguridad aeroportuaria- para monitorear el contenido de mensajes, posteos, imágenes y toda información que se encuentra disponible públicamente, y luego se recolectan, almacenan y analizan esos datos para transformarlo en alguna información que sea importante para el que hace el monitoreo. Esta es una práctica que puede resultar violatoria de los derechos humanos, sobre todo de la privacidad y de la libertad de expresión.
Respecto a la privacidad, las personas utilizan las redes sociales por ejemplo para buscar información, hacer trámites, compartir opiniones. Nadie espera que se haga un monitoreo, ni recolección, ni tratamiento de esa información: eso es, sin rodeos, la realización de tareas de inteligencia. Debido a esto, el marco jurídico que debe contemplarse es el de la inteligencia criminal. No estamos hablando de una simple prevención del delito; debe aplicarse la normativa de Seguridad e Inteligencia.
Por el otro, el ciberpatrullaje puede ejercer una forma de condicionamiento del discurso público, lo que produce un impacto sobre el derecho de libertad de expresión de las personas. Hablamos del llamado “efecto silenciador” -o chilling efect-: si uno sabe que todo lo que comenta, postea, publica está siendo vigilado por las fuerzas de seguridad, muy probablemente se inhibirá de emitir, por ejemplo, alguna opinión crítica al poder de turno. Peor es si el ciberpatrullaje deriva en la persecución penal a un ciudadano que ha hecho un chiste en Twitter con una dosis de ironía que no pudieron decodificar, ni las herramientas de inteligencia artificial ni los seres humanos involucrados.
Ante las críticas recibidas, el ministerio convocó a expertos y a la sociedad civil para aportar sus comentarios a un proyecto de reglamento para la realización este tipo de tareas por parte de las fuerzas de seguridad. Desde Amnistía Internacional, hemos hecho algunas recomendaciones para que se respeten los derechos humanos, pero sobre todo nos preocupa que la pandemia funcione como excusa para implementar la vigilancia masiva indiscriminada.
Entendemos que este último punto requiere un debate profundo que se está dando en el mundo y que se ha transformado en uno de los problemas centrales de derechos humanos en el contexto actual. El miedo global por el contagio de coronavirus está siendo utilizado por innumerables actores públicos y privados para profundizar la recopilación de datos personales con distintos fines: desde la vigilancia masiva hasta la predicción de patrones de consumo. La lucha contra la pandemia corre el riesgo de convertirse en el caballo de Troya de la hipervigilancia permanente del siglo XXI.
Es posible imaginar que los Estados, en alianza con los sectores privados, intentarán vendernos, mientras estamos recluidos, un mundo exterior seguro si a cambio entregamos cantidad de datos personales. Desde Amnistía Internacional pensamos que no sería prudente negociar salud a cambio de privacidad, porque cuando la pandemia pase las cosas no volverán a donde estaban antes de este 2020.
La vigilancia omnipresente que ejercen Facebook y Google sobre miles de millones de personas representa un peligro sistémico para los derechos humanos y aun así no pudieron prever el rápido despliegue de la pandemia en curso. Para peor, Google junto a Apple, en colaboración, elaboran una app para monitorear nuestros contactos cotidianos y así rastrear posibles contagios. Es difícil predecir hoy si esto es necesario o no: hay un debate complejo en este sentido.
En nuestro país no tenemos una discusión seria sobre esto. Hay quienes sugieren que entregar nuestra privacidad, es un costo a pagar por nuestra salud. Otros, que la vigilancia masiva será “la nueva normalidad”. Contextos excepcionales requieren respuestas excepcionales, pero estamos seguros de que las concesiones que hagamos en nombre de la salud pública deben ser meditadas, debatidas y no deben prolongarse más allá de la pandemia.
Debemos ser firmes y exigir que se respeten, en todos los casos, los derechos humanos. Si no alzamos nuestra voz ahora, cuando la pandemia termine habremos cambiado cuarentena por encierro digital a cielo abierto.
La autora es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina