La lucha contra el derrotero de la impunidad y el hastío popular ante la desprotección del Estado

Hace casi nueve años que mataron a Ezequiel. Y lo mató un asesino al que se le habían iniciado nueve causas y que había estado cuatro o cinco veces preso. Pero recién con el asesinato de Ezequiel fue condenado. Antes, había sido imputado por tenencia de arma de guerra y por robo a mano armada. Pero a juicio de los jueces y fiscales, eran delitos “leves”. Ni siquiera era un “reincidente”, calificación que exige que se haya cumplido una condena. Pero dado que siempre era liberado antes, era “reiterante” y no “reincidente”. Matiz lingüístico que le costó la vida a Ezequiel. ¿Por qué regreso al pasado? Regreso ese pasado porque puede ser el futuro de otros.

Uno de los efectos “benéficos” de la pandemia fue la baja de las tasas de delitos en todo el continente americano, en Sudáfrica y en los países europeos, según los registros periodísticos. Por supuesto, la diferencia más acentuada fue en Latinoamérica, región donde habita el 8% de la población mundial pero donde se cometen el 35 % de los homicidios del mundo. También en la Argentina, tanto en la CABA, como en la provincia de Buenos Aires y el interior del país, se registró una abrupta baja de delitos, desde robos hasta homicidios. El miedo todo lo puede. Y hasta logra milagros como el vivido durante estos pocos días. Inversamente, subió la violencia doméstica, en la Argentina y en el mundo: era un efecto esperable del convivir 24 horas, sin rutinas, con escasez económica y un disminuido control inhibitorio, incapaz de frenar una respuesta violenta. En la Argentina se fue un paso más allá: también subió la tasa de femicidios.

¿Qué se hizo desde el Estado? Por cierto, los contratos se cumplen. Y no es casual que tres meses después de haber ganado el partido gobernante en las cárceles, se abrieran sus rejas. Por cierto, hay que cumplir con la palabra dada incluso, según parece, liberando a homicidas, femicidas, secuestradores… aunque bien pueden ser todos ellos la carcaza de un caballo de Troya donde se ocultan otros delincuentes liberados, no tan conocidos pero serviciales en otros terrenos. Sin embargo, no se debe “negociar” con delincuentes a costa de una sociedad impotente. En la Argentina que nos duele, no duele tanto la pandemia como la corrupción desembozada; el enriquecimiento a costa de los 8 millones de trabajadores que mantienen al resto; el dispendio de planes a tres generaciones que no trabajaron en su vida con los ahorros de la clase pasiva cuya mayoría hoy vive en la indigencia. En suma: nos duele la ausencia de una oposición y la degradación ética de quienes nos gobiernan.

A muchos les tomó por sorpresa. No fue así para Usina de Justicia, una asociación civil que reúne a un puñado de enlutados que perdimos a un ser querido y a profesionales del derecho que luchan por una Justicia Justa: desde el mes de diciembre que, en calidad de víctimas, veníamos solicitando participar de las mesas provinciales promovidas por la Comisión de la Memoria, donde se trataba la sobrepoblación carcelaria. Nunca obtuvimos respuesta alguna. En todo caso, la respuesta fue la escalada de medidas liberatorias que se fueron sucediendo semana a semana. Como en el cuento de la rana, nos fueron hirviendo hasta que quedamos encuarentenados dentro de la olla y todos los presos afuera del agua. A lo largo de estos meses, desde nuestra Asociación no cejamos en nuestra lucha contra el derrotero de la impunidad.

Usina de Justicia, en primer lugar, presentó una nota a la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires, expresando nuestro firme rechazo a la decisión de autorizar el libre uso de celulares y notebooks con internet a todos los miles de presos de la provincia, pidiendo que se la deje sin efecto ya que, además de estar prohibido, se podrían amenazar a las Víctimas y organizar motines. El presidente de la Cámara dio la orden de cumplir con la Ley de Víctimas, a sabiendas de que era una medida tardía porque el desacreditado juez Violini había resuelto sin notificar ni respetar a las víctimas y quitándole la posibilidad de ejercer sus derechos. ¿Cuáles fueron los efectos de ese disparate anticonstitucional? Unos 300 o 400 presos, celulares mediante, armaron la sublevación que se cobró la vida de más de uno de ellos, quienes no murieron por el coronavirus sino por la orden de un juez.

Una semana más tarde, Usina de Justicia apeló a la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires la decisión de la misma Cámara de Casación de otorgar masivamente prisiones domiciliarias, medida que se decidió sin la intervención de los jueces que llevan las causas de los presos, incumpliendo la ley de prisiones domiciliarias y violando la Ley de Víctimas, por la cual todas las personas víctimas de delitos deben ser escuchadas antes de que se decida una libertad, para que expresen su opinión y puedan oponerse. Está en trámite, sin resolver todavía. La modalidad de prisión domiciliaria sería con tobilleras electrónicas, otros con una consigna policial, a otros se les designará una persona garante o también habrá un control del Patronato de Liberados. El argumento (falaz) era de orden sanitario, pese a que el único preso fallecido hasta hoy por el COVID-19 se contagió de la enfermedad en las sesiones de diálisis adonde era llevado desde el penal. Dado que en una de esas sesiones se detectó su infección, quedó internado en la institución de salud donde, finalmente, falleció. ¿Cuáles fueron los efectos de ese disparate anticonstitucional? Con sólo 400 tobilleras, la mayoría de los convictos fueron a su domicilio con una persona garante que podría ser la misma pareja del condenado por violencia de género que regresó a su casa para asesinar a su mujer. Por su parte, el Patronato de Liberados ya había declarado públicamente que no asumiría esa responsabilidad.

A la semana siguiente, solicitamos formalmente al gobernador Axel Kicillof que rechazara el pedido de conmutación de penas impulsada por un grupo de Defensores Oficiales con el fin de liberar a miles de presos condenados, porque no se cumplía con la ley que regula esos pedidos, con la Ley de Víctimas, con la Constitución provincial ni con la Constitución Nacional. Más concretamente: la conmutación de penas implica dos notorias violaciones a la ley. Una es la ausencia del “requisito constitucional del informe previo de la Suprema Corte de Justicia sobre la oportunidad y conveniencia de la conmutación, con arreglo a la ley reglamentaria que determinará los casos y la forma en que pueda solicitarse y el conocimiento también previo que deberá tener la Asamblea Legislativa de las razones que hayan motivado, en cada caso, una hipotética conmutación de penas (art. 144, inc. 4to. de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).” Y otra es la violación a la Ley de Derechos y Garantías de Personas Víctimas de Delitos Nº 27.372 donde se consagra el derecho a “ser escuchadas” y a “expresar su opinión” antes de adoptarse una decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal. Además, en el orden de las razones, la supuesta medida de prevención del contagio no era tal, dado que los detenidos podrían perfectamente contagiarse en libertad (seguramente con más chances que estando en prisión). Si se conceden libertades masivas no se impedirán contagios. Peor aún, en todo caso, la situación empeorará, porque si las miles y miles de personas detenidas fueron condenadas por romper la ley, nada vaticina que cumplirán con una cuarentena obligatoria y lo más probable es que, muchos de ellos, vuelvan a cometer los delitos, como robos (más del 80% de los detenidos en la provincia de Buenos Aires, lo están por delitos contra la propiedad), homicidios, femicidios, violaciones, etc. No hacía falta hacer “futurología”. Una vez más, no obtuvimos respuesta. ¿Cuáles fueron los efectos de ese disparate anticonstitucional? Los invito a recorrer los portales de esta semana.

Finalmente, el jueves próximo pasado presentamos un Amparo Colectivo contra la Acordada 5/2020 de la Cámara de Casación Nacional, para que se declare su inaplicabilidad e inconstitucionalidad por violar la Ley de Víctimas y por dirigir directivas a los jueces indicándole el modo en que deberán proceder para “descomprimir las cárceles” y proceder a la liberación de detenidos. Recibimos una nota confirmando la recepción del Recurso de Amparo y, según el sorteo, quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 37. Ya obtuvimos una respuesta.

Este derrotero monocorde de, hasta el momento, una sola voz, es lo que se pudo hacer por las vías institucionales. El “cacerolazo” fue la manifestación del hastío popular. De ese pueblo al que todo sistema democrático debería responder.

La Justicia persiste desacreditada por más de un motivo. En primer lugar, las instituciones jurídicas se fueron construyendo en culturas organizadas por un sistema de castas, fuertemente verticalistas y sin movilidad social, muy distantes de la licuación social de las culturas de hoy y del flujo horizontal de las redes sociales. Y en segundo lugar, en la Argentina de la democracia, se gestó el movimiento abolicionista que invirtió el orden entre la víctima y el victimario. Ese desplazamiento falaz condujo a una invalidación de los principios jurídicos que, por su parte, deben ser reexaminados a la luz de los nuevos escenarios de hoy. Y en tercer lugar, porque dicho abolicionismo intentó bypassear el sentimiento de venganza, inherente a la condición humana: con el sistema de Justicia, el ciudadano cedió su poder de venganza privada al Estado, quien se hizo cargo de la vindicta pública. Pero el Estado renunció a ese papel. Y el ciudadano desengañado se dio cuenta de que ya no debe (ni puede) ejercer la venganza privada, pero tampoco goza de la protección de la Justicia. El ciudadano se quedó sin nada. Apenas con sus cacerolas, con su voz inquebrantable que reclama por su seguridad. Esa seguridad que le dio sentido al Estado. Ese Estado que hoy perdió ese sentido. Ese sentido originario.

Nosotros, los dolientes de Usina de Justicia, como los de tantas asociaciones hermanas, como las víctimas solitarias del Conurbano profundo, ya perdimos lo más importante. Pero esa pérdida resignificó nuestras vidas, consagradas al ancestral pero vigente versículo del Deuteronomio: “Justicia, Justicia perseguirás”.

Recibimos una nota confirmando la recepción del Recurso de Amparo y, según el sorteo, quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 37. Ya obtuvimos una respuesta.

La autora es presidenta de la Asociación Civil Usina de Justicia