El Poder Judicial, ante el desafío del coronavirus

En un Estado de Derecho, la administración de justicia es una función estatal básica que sirve a la satisfacción de un derecho fundamental de todas las personas: el acceso a la jurisdicción con las debidas garantías. Se trata de asegurar la posibilidad de que cualquier conflicto –individual o colectivo– que se suscite entre el Estado y los habitantes, o que enfrente a los particulares entre sí, pueda encaminarse y alcanzar una resolución jurídicamente adecuada y eficaz. En suma: un poder consagrado a garantizar la tutela judicial efectiva de nuestros derechos.

Hace tiempo que la ciudadanía reclama un mejor servicio de justicia. Pese a algunos esfuerzos, la imagen general sigue siendo que el Poder Judicial está en deuda con la sociedad. Con este cuadro de base, la repentina aparición de la pandemia de Covid-19 plantea ahora un nuevo y delicado desafío.

El escenario que afrontamos es crítico: la pandemia ha impuesto importantes restricciones que han alterado gravemente el desarrollo de nuestras vidas cotidianas. A consecuencia de ello, ya han aflorado muchas preocupaciones y controversias, y otras tantas se avizoran en puerta. Asuntos laborales; disputas comerciales; reclamos de usuarios y consumidores; contiendas civiles y de familia; cuestiones penales y sancionatorias; violencia doméstica y de género; situaciones de personas menores, mayores o con discapacidad; planteos administrativos y constitucionales; etc. Todos estos temas, entre tantos otros, demandan un servicio de justicia plenamente activo para satisfacer las necesidades de la población.

De tal manera, es imprescindible que los órganos judiciales recuperen su plena capacidad de funcionamiento. Su reducción a guardias mínimas para atender solo algunos temas urgentes y la suspensión de la actividad de la mayoría de los tribunales federales y nacionales y demás dependencias del Poder Judicial no puede prorrogarse en el tiempo como si fuera la única respuesta posible ante la pandemia.

En momentos como estos, los magistrados judiciales están llamados a desempeñar una función tan esencial como la que desarrolla el personal de salud, de seguridad y tantos otros agentes que, día a día, bregan por cumplir con sus tareas frente a la adversidad. El funcionamiento del Poder Judicial debe ser garantizado no solo en situaciones normales, sino también –y con más razón– en situaciones de emergencia, para velar por el pleno ejercicio de los derechos fundamentales y controlar la actuación de las autoridades públicas. Así lo ha exigido recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su resolución titulada “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas” y todos los catedráticos de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UBA.

Siempre se ha planteado la necesidad de modernizar y transparentar la administración de justicia mediante la implementación de herramientas tecnológicas que permitan brindar más y mejores soluciones a los problemas de la gente. La pandemia del Covid-19 no admite más demoras. Como integrantes del Poder Judicial con responsabilidades de gestión –en mi caso, como representante de los abogados de la CABA en el Consejo de la Magistratura–, tenemos la obligación de propiciar la adopción de todas las medidas conducentes al efecto. En tal inteligencia, desde el lugar que hoy me toca ocupar, hemos impulsado las siguientes medidas para paliar los retos que nos plantea la pandemia, entre otras:

-que la Comisión de Administración y Financiera del Consejo de la Magistratura –que presido– continúe cumpliendo sus funciones ininterrumpidamente a distancia;

-que se implementen sesiones a distancia para la celebración de los Plenarios del Consejo de la Magistratura y la firma electrónica para la tramitación de las actuaciones;

-que se elabore un informe integral de todos los edificios e instalaciones del Poder Judicial a fin de determinar sus condiciones operativas y diseñar protocolos de funcionamiento de acuerdo a las pautas sanitarias y de seguridad;

-que se conforme una Mesa Multisectorial –con representantes de abogados, magistrados, funcionarios y empleados vinculados al servicio de justicia–, a fin de recibir propuestas y generar un diálogo constructivo para el diseño e implementación de medidas.

-que el Poder Ejecutivo Nacional conforme una Mesa de Coordinación Interpoderes a efectos de canalizar el diálogo, cooperación y asistencia institucional entre todos los poderes y órganos del Estado Nacional.

-que se incorpore una excepción al régimen de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” para permitir el desempeño de las labores de los abogados y la habilitación de los respectivos domicilios profesionales para cumplir actos procesales.

-que se asegure el funcionamiento del Poder Judicial con asiento en las jurisdicciones locales, coordinando las pautas fijadas por el Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

-que se implementen herramientas tecnológicas en la gestión judicial, las que hoy son utilizadas en diversos organismos públicos.

-que se restablezca y articule la actividad de los diversos organismos públicos cuyos servicios resultan esenciales para el adecuado funcionamiento del Poder Judicial y que puedan utilizarse sus dependencias e instalaciones de realizar determinados actos procesales.

-que se requiera apoyo técnico para el análisis e instrumentación de medidas en materia tecnológica e informática para la gestión judicial y se convoque a una Comisión de Expertos en la materia.

-que se expliciten los deberes y responsabilidades que pesan sobre los magistrados en el marco de la epidemia Covid-19 y las posibles sanciones que corresponderían para el caso de su incumplimiento.

-que se implemente un “protocolo de procedimiento” para la tramitación de los concursos públicos de oposición y antecedentes para cubrir las vacantes de magistrados judiciales.

-que se adopte un régimen voluntario de aporte solidario respecto de los salarios de consejeros, magistrados, funcionarios y empleados del Consejo de la Magistratura y el Poder Judicial de la Nación.

Tales medidas, y tantas otras en elaboración, están destinadas a garantizar que la administración de justicia recupere su capacidad de cumplir su función institucional y, a la vez, que se preserve la salud de todas las personas involucradas con miras a contener la propagación del Covid-19. Como tantas veces se ha dicho, situaciones excepcionales requieren remedios excepcionales. Es así que, ante la pandemia, todos debemos agudizar nuestro ingenio y redoblar esfuerzos para cumplir nuestras tareas con la mayor dedicación y eficacia posible. La pasividad o la insensibilidad de un poder del Estado nunca puede ser la respuesta para una crisis. Afianzar la justicia y promover el bienestar general; eso es lo que nos exige la Constitución.

El autor es vicerrector y profesor de la UBA y consejero de la Magistratura de la Nación en representación de los abogados de la CABA