Decía mi abuela que “no hay mal que por bien no venga si se aprovechan las circunstancias”. La frase, no por recurrente, puede estar describiendo una enorme realidad.
Sabemos que es imposible retomar la actividad de los Tribunales de la manera habitual, es decir con el desplazamiento de decenas de miles de personas con destino a ellos de lunes a viernes. El Covid-19 en implacable y, la sola movida en transporte público, sobre todo en subterráneos, de tamaña cantidad de personas pulverizaría sin más los planes de achatar la curva de contagio que pretende la autoridad sanitaria argentina tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el Conurbano bonaerense. El reciente fallecimiento del señor Walter Oscar Montillo, reconocido empleado de la mesa de entradas de la CSJN, es una mera prueba de la peligrosidad.
Las instituciones y/o funcionarios que sostienen que la actividad debe volver normalmente, en realidad hacen pirotecnia, haciendo “jueguito para su propia tribuna”, sea porque se les vienen “próximas elecciones” y/o por responder a los intereses de determinados lobbys.
Esta desgraciada circunstancia coloca a los abogados en un estado de indefensión casi absoluto por cuanto la gran mayoría no percibe un solo ingreso desde aproximadamente el 20 de marzo o tal vez antes, ante la imposibilidad de concurrir a sus estudios y/o, a tribunales. De hecho, hasta nuestro Colegio Público de Abogados de la Capital Federal ha solicitado para sí, los colegas y los estudios jurídicos la postergación de impuestos con vencimiento y para los dos primeros de cargas sociales. Sin perjuicio de ello, el Colegio está a la búsqueda de un crédito blando para afrontar el pago de trabajadores y proveedores de la Institución en los próximos meses ante la falta de todo ingreso
Sin perjuicio de todo ello, que es “público y notorio”, en los últimos días hemos escuchado que como algunos agoreros de la desinformación decían a quien los quisiera escuchar que se hace necesario que el PEN determine que el servicio de justicia es de carácter esencial, como si en vez de tratarse de uno de los poderes constituidos e independientes del Estado se tratara de un ente autárquico o una mera dirección administrativa. Cuando escuchamos el pedido, más de uno quisimos incinerar los tratados de Derecho Constitucional de los maestros Bidart Campos, Linares Quintana o Joaquín V. González.
Lo que sí reclamamos al PEN es que en casos acreditados se expida con carácter de urgente el certificado único para circular a los abogados que se encuentren ante esas circunstancias (presentación de amparos, audiencias penales, asistencia a detenidos, entre otras).
Aclarada esta cuestión, es menester recordar que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el asumir el rol de ser la locomotora del Poder Judicial y no, funcionar como el furgón de cola del ferrocarril Poder Ejecutivo Nacional.
En esta inteligencia hemos sugerido desde el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y “Gente de Derecho” una batería de medidas que tienden a colocar al Poder Judicial autóctono de una vez y para siempre dentro del avance tecnológico del siglo XXI.
De allí que solicitamos al Alto Tribunal que se ponga en pleno funcionamiento la digitalización total de los expedientes y de toda herramienta tecnológica o procedimental que permita la gestión remota del expediente, profundizando el uso de la ya existente con reconocimiento jurídico y validez como tal, en la medida de las posibilidades.
Así, entre varias medidas solicitamos al Alto Tribunal:
- Tratamiento y resolución de excepciones de pleno derecho.
- Autos de apertura a prueba, producción de prueba informativa y pericial, impugnaciones de pericias y de testigos.
- Presentación ante las Cámaras del recurso por apelación denegada.
- Recursos de revocatoria con o sin apelación en subsidio y aclaratorias.
- Dictado de declaratorias de herederos.
- Presentación de alegatos y revisión para autos a sentencia.
- Dictado de sentencias de primera instancia.
- Presentación de apelaciones, agravios y/o memoriales, y sus contestaciones.
- Dictado de las sentencias de Segunda Instancia.
- Presentación, contestación y resolución de recursos extraordinarios del art. 14 de la ley 48.
- Presentación ante la CSJN de recursos de hecho.
- Presentación de liquidaciones, traslado, impugnaciones.
- Libramiento de giros electrónicos por honorarios o por pago de indemnizaciones o acuerdos que presenten ambas partes, consentidos o no.
- Toda otra medida que tienda a la reanudación a distancia de la actividad judicial.
Afortunadamente, la Corte y las Cámaras del Trabajo y Civil respondieron favorablemente a la inquietud de las libranzas de giros electrónicos sobre las sumas que fueran dadas en pago a la gente y los honorarios de los abogados, en virtud de su carácter absolutamente alimentario.
Al mismo tiempo, es hora de que el PEN establezca regímenes informáticos en materia de procedimientos administrativos, los que también podrían llevarse adelante de manera remota, tanto en la Mediación Prejudicial, como en las Conciliaciones del SECLO, los reclamos por accidentes de tránsito a las Aseguradoras, la tramitación de expedientes de ANSES, los habituales procesos de Derecho Administrativo, los de Comisiones Médicas, entre muchos más.
No hay duda alguna de que todas ellas y muchas otras que pueden y deberían implementarse, ya pueden ser llevadas a cabo a partir del contenido que ya existe incorporado a los sistemas de gestión judicial y/o administrativa en Argentina, evitándose así la movilización de jueces, funcionarios, empleados, justiciables, agentes estatales y/o abogados.
Es el momento preciso de cambiar el paradigma de los arcaicos expedientes papel para adentrarnos en mundo de lo digital. La cuarentena no se sabe hasta cuándo podría continuar, de allí que sea el momento exacto para adecuar los sistemas a esta realidad a partir de ahora y para el futuro.
Por todo ello y por mucho más es que tenía razón mi abuelita cuando entre tantos dichos que me acompañan de desde niño repetía que “no hay mal que por bien no venga, si se aprovechan las circunstancias”.
El autor es abogado y periodista, cuatro veces presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal