Como nunca antes en nuestra historia, al peronismo le toca gobernar el país no solo con escasez (los precios de nuestros commodities están por el piso, venimos de una década de estancamiento y dos de recesión) sino con una pandemia a poco de asumir.
El coronavirus se asemeja a una guerra pero contra un enemigo desconocido. Hace estragos en la salud y en la vida de las personas (muchas veces causándole la muerte) y al mismo tiempo desmorona las economías. Por lo tanto, la solución a los desastres que provoca, requiere de una visión integral, de conjunto. Atacar el problema de la salud de manera correcta y en paralelo, en simultáneo cuidando que la economía no colapse.
No parecería ser al camino adoptado por el presidente Fernández, quien se congratula de haber preferido la salud a la economía como si las dos no estuvieran relacionadas.
En materia de salud el centro parecería ser la cuarentena y no mucho más por ahora. Es imperioso que se generalice el uso de los kits con reactivos para que rápidamente sepamos quienes están enfermos y quienes no y que deje de ser el Malbrán casi el único lugar que concentre los análisis. El Gobierno dice tener la cantidad suficiente de kits de testeo como para analizar el estado de salud de un porcentaje crítico mínimo de la población. Que lo haga de manera urgente entonces.
La cuarentena debe ser utilizada para aislar los posibles contagios (que no se propague el virus) y fortalecer la capacidad hospitalaria de terapia intensiva y extrema, pero no para lavarnos la cabeza de que los que se asoman a la puerta de sus casas son poco menos que asesinos biológicos, por más que sobre ellos tenga que caer todo el peso de la ley. Provoca rechazo que en los centros urbanos se paseen varias veces al día móviles policiales con altoparlantes que con ensordecedor volumen advierten de las virtudes de la cuarentena y de las consecuencias policiales de violarla. Mientras tanto, otros argentinos, en amplias franjas de los conurbanos hiperpoblados, no cumplen ninguna cuarentena, poniendo en riesgo sus vidas y degradando el efecto de la cuarentena. Todo un gran disparate que pone en duda la real preocupación del Gobierno por la salud en la emergencia.
En relación a esto, luce demencial, antidemocrática y hasta inconstitucional la actitud de algunos intendentes de cerrar los ingresos a los municipios cavando trincheras o haciendo montículos de tierra para supuestamente proteger a sus poblaciones del contagio del coronavirus. En el caso de algunas localidades ubicadas en zonas rurales donde se está levantando ahora la cosecha gruesa, luce como un tiro en el pie ¿De qué van a vivir esos pueblos si los burócratas no dejan que se venda el grano cosechado y el ganado listo para su faena?
¿Demandará la democratización en el uso de los kits, la capacitación del personal competente, etc. un gasto público millonario? Obviamente, pero justamente para estas emergencias es que debe existir el Estado, coordinando y proveyendo de los recursos necesarios para enfrentar la emergencia ¿Para qué pagamos la montaña de impuestos que mes a mes nos agobia si tampoco está el dinero para que el Estado aparezca en circunstancias como estas? Ahora sí, en una emergencia como una pandemia, se necesita el famoso “Estado presente”. La realidad es que estuvo tan presente antes y fue tan clientelar y corrupto que le cuesta y mucho estar presente en la pandemia, justo cuando más se lo necesita.
Al revés de lo que dice el Presidente, la economía requiere de tanta atención como la emergencia sanitaria. No somos EE.UU, uno de los países más ricos del mundo, que puede tolerar una caída de su economía sin demasiada convulsión social. Venimos de casi un siglo de decadencia, una década estancados, dos años de recesión, tenemos cerca de 40% de pobres, más de tres millones de ellos viviendo en villas miserias, droga rampante, inseguridad, etc.
El derrumbe que se avecina de la economía mundial pegará muy fuerte a la delicada economía argentina y no habría que descartar que vayamos a caídas como pocas veces en los últimos 20 años en nuestro país.
Dado que casi toda la población económicamente activa está encerrada en sus casas, las industrias producen 0, los comercios venden 0 y los monotributistas y autónomos facturan 0. Todo o casi todo es el 0 absoluto. Y la recaudación de impuestos no será la excepción. Se derrumbará. La cadena de pagos, está rota, totalmente quebrada.
¿Qué hacer entonces?
Por lo pronto el Gobierno tiene que dejar de decir (y de pensar) que prioriza la salud a la economía. No puede ser que su casi única estrategia contra la pandemia sea la cuarentena, los controles de precios y de alquileres, vituperar al sector privado por su deseo de ganar plata y hacer poco y nada de generalización de los test y poco y nada en materia económica, salvo los REPRO, subsidios para trabajadores en negro y adicionales a AUH y jubilados.
El Presidente tiene que convocar a todos los gobernadores e intendentes del país, a la Corte Suprema de Justicia, a los jefes de bancada de todos los partidos con representación parlamentaria, a los sindicatos, a las gremiales empresarias y decirles a todos ellos y a la población por cadena nacional que ahora sí, en serio, estamos frente a una emergencia económica y social por culpa de una pandemia.
Alberto Fernández no debe cometer el mismo error que Cambiemos de no decirle la verdad a la gente por temor a deprimirla o asustarla. La economía se derrumbará. Pero se derrumbará por la caída del sector privado. El coronavirus es un exocet en la línea de flotación de la capacidad de los privados de producir y generar ingresos. Muchas industrias, comercios, monotributistas, autónomos etc. van a generar 0 de ingresos por el simple hecho de que están encerrados cumpliendo la cuarentena.
La salida no es por el lado de más gasto público, salvo para más gasto en salud y seguridad. La emergencia la tiene el sector privado, al que hay que mantener vivo para que algún día pueda pagar impuestos para que algún día se pueda pagar un nivel (menor) de gasto público. Está bien lo que ha hecho el Gobierno con el ingreso de emergencia para los que están en negro y algunas categorías del monotributo.
El sector privado no podrá pagar impuestos. Poco y nada (más cerca de nada). No sirven planes de facilidades de pago ni nada por el estilo. Solo sirve algún jubileo generalizado de impuestos (nacionales, provinciales y municipales) y cargas patronales, durante un cierto tiempo y que el Estado se haga cargo de parte de la nómina salarial de algunas empresas del sector privado. El déficit fiscal se disparará y con él, la emisión monetaria y la inflación. Si el 50% de inflación anual que teníamos lo llamábamos “estabilidad” de precios, la perderemos…y por goleada.
Los políticos profesionales (ejecutivos, legislativos y judiciales) tienen que bajarse sus sueldos, que sus colaboradores cobren menos, que millones de empleados públicos innecesarios no cobren la totalidad de lo que cobran hoy, simplemente porque el Estado no podrá cobrar impuestos. Hay que minimizar el aumento del déficit fiscal. En todo caso, lo que cobre de impuestos que lo destine a la salud, AUH y a los jubilados en estos momentos de emergencia. Además, es inadmisible en general -pero más en la emergencia de una pandemia- que haya ciudadanos de primera y de segunda solo por el mero hecho de que unos viven del Estado y los otros son que lo solventan.
Los gobernadores de provincia recibieron una montaña de dinero desde fines de 2015 cuando el gobierno de Macri comenzó a acatar el fallo de la Corte Suprema que les restituía la coparticipación. Deberían haberla ahorrado toda porque si sus gobiernos funcionaban antes del fallo, no había motivo para gastarla después. Que no nos psicopateen con la emisión de cuasimonedas ante la caída que se les avecina de su recaudación. Que bajen el gasto público hasta que llegue al nivel de la recaudación más baja que tendrán.
Las leyes laborales argentinas, hasta aquí, han colaborado sólo para que los sindicalistas más conocidos sean verdaderos señores feudales, ricos y facinerosos mientras que de manera inadmisible más de 5.000.000 de trabajadores lo hacen en negro, sin vacaciones, ni aguinaldo, ni salud, ni jubilación alguna. O sea, sin ninguna justicia social como les gusta cacarear a nuestro sindicalismo.
Ahora bien, estas leyes laborales, en una emergencia económica como como en la que estamos, directamente son absurdas. Hay que suspenderlas (y algún día cambiarlas) y que se permita que trabajadores y empresarios pacten otras condiciones laborales distintas a las de tiempos “normales”. En muchos casos implicarán bajas nominales de salarios. Y sí. La gente, en situaciones económicas extremas como las que se vienen, preferirá trabajar por menos salario a que estar desempleada.
No hay que defaultear la deuda. La suba del déficit fiscal por la caída en la recaudación debido al derrumbe en la actividad económica por el coronavirus requiere que todas las fuentes de financiamiento estén abiertas. No podemos prescindir de ninguna. Con la ayuda del FMI y el uso de Reservas se puede evitar una cesación de pagos en 2020 y dejar la negociación de la deuda para más adelante.
Hay que evitar que el aparato productivo que estaba medianamente sano (veníamos de dos años de crisis financieras y recesión) antes de la pandemia, se funda o quiebre por el coronavirus. Para ello el Presidente tiene que dejar de pensar que la salud y la economía son dos monedas diferentes sino que son dos caras de la misma moneda. No hay una sin la otra, a la larga o a la corta.
Lo binario, lo blanco y negro, lo maniqueo es la antítesis de la ciencia económica y del sentido común y más en una pandemia. Se requiere de mucho equilibrio y ecuanimidad. No agreguemos al drama de la salud, un drama económico en una sociedad que ya viene muy, tal vez demasiado magullada, llagada y lastimada.