Se cumplieron 12 años de la fatídica Resolución 125, una medida que hundió a la Argentina en un estado de profunda confrontación política y parálisis económica, a lo largo de varios meses. La decisión unilateral e inaceptable de implementar retenciones móviles a las exportaciones agroindustriales terminó poniendo en serio riesgo a uno de los bienes más preciados de la vida democrática, que es la paz social. Afortunadamente, el conflicto se pudo resolver por la vía democrática, tras una histórica votación del Senado que hizo caer la 125, en julio de 2008.
Duele percibir que el gobierno actual no haya aprendido las lecciones de 2008. Como en aquel entonces, el campo vuelve a ser destratado, convertido en una mera fuente de rápida recaudación. Como si producir, exportar, pagar cuantiosos impuestos, generar trabajo y superávit de divisas para nuestro país fuese un pecado que es necesario castigar. Tras desoír los reiterados llamados de los productores al diálogo, el gobierno de Alberto Fernández ha decidido un nuevo aumento de las retenciones, dejando al país al borde de otro innecesario conflicto con el sector agropecuario.
No solo que no han aprendido de lo que pasó hace 12 años, sino que tampoco parecen ser conscientes de cómo cambió la realidad del mundo, del país y del sector a lo largo de este tiempo.
Por aquel entonces el mundo crecía a tasas del 5% anual motorizado por los grandes consumidores de alimentos y productos del campo, la soja cotizaba a 500 dólares por tonelada, el maíz a 240 dólares y el trigo marcaba récords nunca antes vistos de 400 dólares por tonelada. El peso del gasto del Estado sobre el total de la economía rondaba el 30% y la presión tributaria estaba cerca del 28%. Y el dólar al que liquidaban las exportaciones los productores era equivalente a $80 con los niveles inflacionarios actuales.
Todo esto cambió, el mundo ya no es lo que era, China crece a la mitad de lo que crecía y desde el año pasado enfrenta dificultades que impactan en la demanda de productos del campo argentino. Todos los precios de los mercados internacionales han caído entre 30 y 50% mientras que en simultáneo el peso del Estado pasó del 30% al 42,5% en 2015. Para sostenerlo, todos los niveles de gobierno han venido recurriendo al aumento de impuestos: municipios, provincias y nación, tasas, ingresos brutos, inmobiliario y retenciones. Nada es suficiente para un Estado insaciable en manos de dirigentes irresponsables. Durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, el gasto primario de los tres niveles de gobierno bajó en casi 6 puntos del PBI, lo que permitió que las provincias comenzaran a reducir Ingreso Brutos y la Nación a bajar retenciones, ganancias y los impuestos a la generación de trabajo. Todo esto se tiró por la borda hace apenas tres meses. El Gobierno parece decidido una vez más a confrontar con el sector privado, con los que generan riqueza.
Concretamente, luego de vender la producción a menores precios que hace 12 años y de pagar más impuestos que hace 12 años, los productores de soja reciben hoy el equivalente a 107 dólares menos por tonelada de soja, 105 dólares menos por cada tonelada de trigo y 45 dólares menos por toneladas de maíz. Esos dólares a su vez compran menos insumos, bienes y servicios que en el 2008. Como si fuera poco, luego de pagar todos los costos de producción y los impuestos, si quedara algo de ganancia, no existen instrumentos para protegerlos de la inflación. Las tasas de interés para ahorrar en pesos están muy por debajo de la inflación y el acceso al mercado de dólares está cerrado.
Estamos frente a un muy mal comienzo del gobierno de Fernández, quien justamente puede ser considerado una “víctima” de aquel conflicto por la 125. Tras la derrota en la votación en el Senado, la entonces presidenta Cristina Kirchner removió a Fernández como jefe de Gabinete de la Nación. 12 años después, de nuevo en el poder, ninguno de los dos parece haber aprendido las lecciones de 2008. Sigue sin comprenderse la importancia fundamental para el país de cuidar y promover al sector agropecuario. Tampoco parece entenderse la necesidad de hacer política en base a la construcción de consensos, cuidando así la paz social y evitando confrontaciones innecesarias y costosas para los argentinos.
Hoy más que nunca, el campo es un socio primordial e irremplazable para cualquier proyecto de desarrollo y progreso de Argentina. Si es eso es lo que realmente quiere el presidente Fernández es necesario entonces no cortar con el diálogo, escuchar al sector y terminar con las agresiones. Argentina necesita del campo, como necesitamos en el sector, que le vaya bien al presidente por el bien de todos los argentinos.
El autor es senador nacional por Entre Ríos (Juntos por el cambio)