En 2018 se registró la tasa más baja de natalidad de las últimas décadas y el tema no parece importarles a nuestros dirigentes

“Argentina se sigue despoblando”, dice la licenciada Mónica del Río, editora de Notivida, quien hace años se dedica al análisis de las estadísticas vitales del país suministradas regularmente por el Ministerio de Salud, algo que los políticos, más bien ocupados -o distraídos- en temas de coyuntura, no hacen.

El índice de natalidad más bajo se verificó en Capital, y el descenso más marcado, en Patagonia, que allá lejos y hace tiempo los estadistas querían poblar.

En 2018 -los datos oficiales se publican con un año de “delay”- hubo 685.394 nacimientos registrados en el país, lo que implica una caída de 2,7 por ciento respecto a 2017. Esto representa una tasa de natalidad (número de nacimientos por cada mil habitantes) de 15,4, que es, dice Del Río, “la más baja en las últimas décadas”.

“Ambos indicadores, número de nacimientos y tasa de natalidad, vienen bajando de modo sistemático en los últimos 5 años, desde 2014, cuando tuvimos una tasa de natalidad de 18,4 y 777.012 nacimientos”, agrega.

La cifra del 2018 nos retrotrae a las de la década del 80 y primeros años 90. Desde entonces, el número de nacimientos fue creciendo hasta el 2014, cuando se revirtió la tendencia.

Diez distritos tienen una tasa de natalidad inferior a la media nacional (15,4), siendo los de menor tasa la Ciudad de Buenos Aires, con 11,4, La Pampa -13,5- y San Luis -14,2-. Las otras provincias con tasas por debajo de la media son las de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, La Rioja, Río Negro, Santa Cruz y Santa Fe.

La tasa de natalidad más alta del país es la del Chaco, que registra 21; le sigue Misiones, con 20,2 y Formosa con 19,8.

Aunque la Ciudad de Buenos Aires ha sido históricamente el distrito con menor tasa de natalidad del país, lo que “impresionó” a Mónica del Río fue el porcentaje de caída: un 19 por ciento desde el 2014, cuando era de 14,3, a la actualidad, 11,4.

Pone como parámetro que “en Córdoba y Santa Fe la caída de la tasa de natalidad para el mismo período ronda el 14%, además de que esos dos distritos y la Capital habían tenido una tasa medianamente estable entre el 2000 y el 2014”.

Del Río cree que existe un vínculo entre este fenómeno y el auge de la aplicación del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En octubre del año pasado, la prensa reveló que en el primer semestre de 2019 se habían realizado 3.577 abortos en el marco del llamado “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”. Se señalaba además que, de mantenerse la tendencia en el resto del año, ello implicaría un 47 por ciento más de abortos “legales” que en 2018.

“Frente a esta noticia -cuenta Mónica del Río-, hice un pedido de informes al Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Ciudad de Buenos Aires, para ver los detalles y eventualmente las causas de este incremento, y me encontré con una reticencia llamativa y excusas pueriles como que no tenían aún las cifras de todo el año, cuando yo sólo pedía las del primer trimestre”.

Del Río tuvo que insistir ante el Ogdai (Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información) que intermedia en estos pedidos de información entre el solicitante y el área aludida, que en primera instancia le envió una información escueta que no permitía conocer detalles del aumento de esta práctica, aunque sí la confirmaba.

De 91 abortos “legales” en 2014 se había pasado a 4.858 en 2018. La respuesta no incluía las cifras de 2019 que, proyectando los más de 3500 en el primer semestre, debió haber superado los 7.000. Eso sí, “corregía” la palabra aborto: se debe decir ILE.

Finalmente, el Ogdai preservó el derecho a la información y le dio la razón a Del Río, mediante resolución con fecha 14 de enero de este año, aunque puso como fecha de entrega por parte del Programa de toda la estadística del año el 30 de abril próximo.

“Bueno, me llama la atención el plazo, pero esperaré a que me den toda la información. Lo que me sorprendió más todavía fue descubrir que Sandra Vázquez, directora ejecutiva de Casa Fusa, es asesora -ella misma se presenta como 'referente’- del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Ciudad”, dijo Del Río, en referencia a la ONG especializada en garantizar los “derechos sexuales y reproductivos” de “adolescentes y jóvenes” y que es una de las más activas promotoras del aborto.

De hecho, la polémica causada por la realización de un mural representando un niño en gestación en la Maternidad del Piñero reveló hasta qué punto los CeSAC, los Centros de Salud y Acción Comunitaria de la Ciudad -alrededor de 40 distribuidos en todos los barrios-, destinados a la atención primaria de la salud, son también promotores de esas prácticas. En ellos se realizan abortos -enmarcados en las laxas causales del Protocolo- en los primeros tiempos de la gestación o se derivan los casos a los hospitales cuando el embarazo está más avanzado. Recordemos que el Protocolo admite, además de la violación, la causal de riesgo, no para la vida, como dice el Código Penal, sino para la salud de la madre, entendida ésta de modo amplio, es decir, incluyendo la salud psicológica.

Desde los CeSac vino la reacción furibunda contra la pintura que halló respaldo tanto en los funcionarios del Gobierno de la Ciudad como en la justicia porteña para concretar la censura con desopilantes argumentos. El mural fue tapiado, literalmente.

Para los trabajadores del CeSac de la zona del Piñero -que hablaron en forma anónima- el mural era “un mensaje que busca desestimar la posibilidad de interrupción del embarazo, y que podría llegar a tener un impacto sobre las personas que vayan a atenderse por este tema”. Y agregaban: “Se decidió pintar una figura que hace alusión a un feto, y eso simbólicamente es violento (sic) para las personas que transitan el pabellón donde hay multiplicidad de situaciones”.

La última vez que un Gobierno reflexionó sobre el tema del poblamiento fue en 1973, durante la efímera tercera presidencia de Juan Domingo Perón. Desde entonces, no es tema que desvele a la dirigencia política argentina. Más aún, en el último tiempo, son cada vez más los que se suman a una absurda tendencia antinatalista en un país despoblado como la Argentina.

Un claro ejemplo es el informe presentado por el ministro de Salud, Ginés González García sobre el “costo” del embarazo adolescente. El trabajo fue realizado por la oficina local del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNPFA) y el Plan nacional de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia de Argentina (ENIA), pero en vez de ser recibido con distancia crítica por parte del Ejecutivo, fue bendecido y avalado por éste.

Además de ser esencialmente especulativo, ya que basa su cálculo de costos -32 mil millones de pesos anuales- mayormente (68%) en “oportunidades perdidas”, en lo educativo y laboral, llama la atención la terminología -"costo", “gasto”- por parte de quienes se dicen cultores de las políticas sociales. Es cierto que muchas adolescentes abandonan estudios o tienen problemas para insertarse en el mercado laboral en la Argentina actual, pero parece que la única causal es la maternidad temprana. O, en todo caso, la única causal que “molesta” al Gobierno.

El 32 por ciento restante del “costo” que, según el informe, implica para el Estado el embarazo antes de los 20 años, son los gastos directos en atención médica -es decir, los nacimientos- y los ingresos que deja de percibir como impuestos.

Son argumentos que rozan lo canallesco. Especialmente por parte de quienes se proponen subsidiar el aborto para todas, algo que evidentemente no entra en su "cálculo de costos” para el Estado.

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