La ley y la trampa

A Daniel Scioli se lo vio exultante. Sin un dejo de rubor se plantó en el centro del recinto e hizo la V de la victoria. Se ha vuelto nuevamente necesario. Después de meses de ostracismo y ninguneo hoy goza de una curiosa versatilidad funcional: es a la vez diputado y embajador. Todo luce confuso, pero él no aparece afectado por ningún conflicto de identidad. Un apto todo servicio. Lo suyo es el cargo fluido.

Su aporte pertenece al mundo de lo fungible. Sirve tanto para un roto como para un descosido.

Este jueves se autopercibió diputado de la Nación con la misma convicción y entrega que apenas días atrás se calzó el traje de embajador ante la República Federativa de Brasil.

Tan resuelto como siempre se sentó sin prurito ni remilgo alguno en su poltrona sumando al quórum y desató el primer revuelo de la temporada parlamentaria.

Incombustible aportó presencia y voto permitiendo llegar al número mágico y obtener a media sanción a la ley que modifica el régimen jubilatorio de jueces y funcionarios del Poder Judicial y diplomáticos del Servicio Exterior de la Nación.

El hombre navega en las tibias aguas de un limbo jurídico: ya presentó su renuncia como legislador sin que haya sido tratada y su condición de embajador designado ante la República Federativa de Brasil figuró hasta hace horas en la página oficial de la Cancillería. Hay capturas de pantalla que lo acreditan y que fueron hechas por la oposición en los segundos previos a que la novedad fuera bajada del sitio del ministerio que comanda Felipe Solá. En estos asuntos el que no corre, vuela.

En cualquier caso, la picardía política a la que le puso genio y figura el ex Gobernador reavivó un debate cuasi filosófico. No todo lo legal es necesariamente ético. Pero en los tiempos que corren el tema no parece importar a nadie.

Alberto Fernández ya había echado mano a esta cuestión cuando consultado acerca de las contrataciones de los hoteles de la familia Kirchner por parte del Estado para alojar a las tripulaciones de nuestra Aerolíneas de bandera, encuadró el caso en un posible “desliz ético”.

Sergio Massa enfrentó con hidalga ironía el pataleo de la oposición expresado a viva voz por el jefe de la bancada Mario Negri. “La renuncia no fue aún aceptada y el cargo como embajador no está todavía publicado en el Boletín Oficial", el argumento para validar la presencia del inefable ex candidato a la Presidencia de la Nación en el recinto. Si pasa, pasa.

Al Presidente de la Cámara de Diputados le sobró paño. Es demasiado incómodo para la oposición trabar el tratamiento de una ley que diluye privilegios con el argumento de que hay abortar a tiempo la estampida de los magistrados por la vía jubilatoria, un efecto colateral que seguramente se espera con celebraciones en las filas del oficialismo.

Los legisladores de Juntos por el Cambio apoyan en un 80% la ley que este jueves obtuvo la media sanción, pero aseguran que tal cual se aprobó producirá un vaciamiento de la Justicia abriendo paso, tras una consigna justa, a la concentración efectiva del Poder Judicial en manos del Gobierno en general y del kirchnerismo alineado tras la figura de la Vicepresidenta en particular. Desde este convencimiento presentan batalla.

Lejos de permanecer en sus juzgados ejerciendo su cargo, son cientos los jueces que están pensando en una rápida retirada en orden a preservar una vejez acondicionada dejando una codiciada vacancia en los cargos de la Justicia al gobierno del Frente si la ley se aprueba.

El acuerdo se trabó, justamente, cuando el oficialismo se negó a incluir una cláusula que de manera explícita, asegure que el nuevo régimen respete los derechos adquiridos por los 235 jueces que ya tienen el beneficio acordado y los otros 360 que empezaron el trámite para el retiro. Esto evitaría, siempre según la oposición liderada por Juntos por el Cambio, que los jueces dejen vacantes los juzgados y por lo tanto las causas en trámite, muchas de las cuales tienen relación con la corrupción política investigada en los años del kirchnerismo.

La posibilidad de salir a cubrir los espacios que dejen libres los magistrados supone una variable muy atractiva para el oficialismo. Esta sería la razón de fondo que se encuentra tras la embestida parlamentaria.

La ley en cuestión deroga también el artículo 16, que permite convocar a magistrados ya jubilados para cubrir subrogaciones en caso de necesidad. Un poco más de lo mismo.

Si bien los cambios que están en trámite de aprobación suponen una fuerte baja de los haberes en expectativa de los jueces, lejos está de llevarlos a los niveles de los millones de argentinos que enmarcados en el régimen general están topeados en una suma fija, pagan impuesto a las ganancias sobre lo recibido, tienen suspendida la cláusula indexatoria y están siendo sometidos a una proclamada política de achatamiento de la pirámide.

La ley que se trata sostiene para los jueces el 82% móvil sobre el cálculo del haber de los últimos diez años. Si bien les baja el promedio todavía los coloca muy por encima del común de los mortales.

Ya cerrando la sesión, el diputado nacional por Mendoza José Luis Ramón logró introducir una modificación que mantiene a prosecretarios y jefes de despacho dentro del régimen especial. Esto es 82% móvil sobre el último cargo para todos y todas. Julio Piumato está de festejo. Un logro celebrado con bombos y platillos y agradecimiento a Massa incluido.

A los judiciales no le pasan las balas. El argumento de la solidaridad esgrimido por Alberto Fernández les es ancho y ajeno.

Si lo de Scioli hace ruido, lo de Pino mete miedo. Es obvio que la permanencia en el espacio público político va minando conectividad neuronal de muchos de nuestros dirigentes abriendo paso a la negación lisa y llana cuando no al cinismo.

Una cosa es decir que se decide eliminar la cláusula de indexación de los haberes jubilatorios porque la plata no alcanza y otra muy distinta es la que sostiene nuestro designado embajador ante la UNESCO, quien justifica el pronunciado recorte que por decreto se impuso a los jubilados diciendo que el Gobierno les saca a los “pudientes”.

Aportando a la confusión general, Pino Solanas dice que hay jubilados que ganan varias veces más que un senador. Es obvio que no se refiere a los del régimen general topeados muy por debajo de un sueldo de legislador cualquiera sea los ingresos que hayan generado en la vida. Según Pino, “los que hacen las críticas no han leído bien la reforma para los jubilados (...) toman eso para confundir a la población y decir que a todos los jubilados se les baja la plata". Mentira.

Parece que nadie le explicó bien al otrora niño mimado de Lilita que los que apenas sobrepasan los $16.000 de jubilación entraron en la multiprocesadora de achatamiento que está llamada a licuar los ingresos de más de tres millones de jubilados. Un colectivo al que seguramente él no pertenece. Es obvio que, o está mirando mucha ficción o se toma al pie de la letra el relato. Le hace mal.