Polémica por la importación residuos: circular valor, no basura

Hace unos días recibimos con alivio el anuncio del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, respecto de la próxima derogación del decreto 591/19 que permitía la importación de basura sin control, señalado como inconstitucional por parte de agrupaciones ambientalistas, referentes políticos y colectivos de la economía social.

El decreto, denominado de “Residuos Peligrosos”, había sido firmado por Mauricio Macri en agosto de 2019, dos semanas después de su primera derrota electoral en las PASO. Afortunadamente, pasará a la historia apenas como una desesperada muestra más de amor no correspondido del gobierno de Cambiemos hacia los mercados internacionales. En este caso, el destinatario fue el aún adolescente mercado de materias primas secundarias o, dicho en criollo, de basura potencialmente reciclable.

La redacción de decreto fue tan críptica que en algunos medios incluso se llegó a interpretar, tal vez no sin intencionalidad, como un endurecimiento de la legislación sobre residuos peligrosos. Por el contrario, se trataba de una flexibilización de la normativa que previamente prohibía la entrada al país de todo tipo de residuos foráneos, con el fin de permitir la importación de desechos considerados como reciclables y/o reutilizables sin necesidad de que el país de origen certifique su “inocuidad sanitaria y ambiental”. En cambio, el decreto 591/19 dispuso que los residuos reciclables pudiesen ingresar al país en tanto cumplieran con cuatro condiciones:

a) Que la sustancia u objeto se utilice para finalidades específicas;

b) Que exista un mercado o una demanda para dicha sustancia u objeto;

c) Que la sustancia u objeto satisfaga los requisitos técnicos para las finalidades específicas, y cumpla la legislación existente y las normas aplicables al producto; y

d) Que el uso de la sustancia u objeto no genere impactos adversos para el ambiente o la salud.

Estas son precisamente las cuatro condiciones que desde 2008 requiere la legislación europea (Directiva 2008/98/CE) para que un residuo deje de ser considerado como tal y, en consecuencia, pase a ser un bien susceptible de ser comerciado entre fronteras sin entrar en contradicción con el Convenio de Basilea, el acuerdo internacional que desde 1991 demarca los límites a los movimientos trasnacionales de desechos.

Cabe recordar que este evidente intento de adaptación de la normativa argentina a la de la Unión Europea se produjo no solo en el marco de la firma del controvertido tratado de libre comercio UE-Mercosur, sino también en un contexto en el cual la estrategia medioambiental europea se ha visto seriamente condicionada por la decisión unilateral de China de cerrar su frontera a la importación de basura a principios de 2018.

A lo largo de la última década, tanto la potencia asiática como la UE han estado dedicando crecientes esfuerzos (por ahora mayormente discursivos) en la reconversión productiva hacia una economía “circular”. Esto es, una economía de bajo impacto ecológico y en la que el valor de los recursos destinados a la producción se conserve por el mayor tiempo posible, en contraste al modelo “lineal” predominante basado en la extracción, consumo y desecho.

En su versión más fuerte, la economía circular promueve la disminución absoluta del consumo de recursos y la generación de residuos, a través de prácticas diversas que van desde las consideradas más circulares (consumir menos productos suntuarios o innecesarios, compartir los bienes durables que se usan poco, o diseñar las cosas para que duren más, sean más fáciles de reparar y/o actualizar) a otras menos reñidas con la economía lineal (como la obtención de energía a través de la combustión de residuos, o la recuperación y reciclaje de materiales).

Precisamente las estrategias de transición hacia la economía circular de las principales potencias se encuentran centradas, por el momento, en estos últimos eslabones vinculados a la sostenibilidad “débil”, los cuales implican conservar una menor proporción del valor original de los recursos.

La UE recicla anualmente más de 400 millones de toneladas de desechos, a la vez que cuenta con varios de los países con mayores tasas de reciclaje a nivel mundial, las cuales se proyecta que sigan en aumento en los próximos años. Sin embargo, solo el 11% de los materiales utilizados en la producción en las economías europeas proviene del reciclaje y la recuperación. De esta forma, la estrategia de sustentabilidad centrada en la recuperación de materiales choca con la propia incapacidad de la matriz productiva europea para absorber los residuos potencialmente valorizables.

La necesidad de apertura de nuevos mercados de importación de este tipo de desechos en América Latina, sumados a los ya usuales en África y Asia, no son más que una muestra del fracaso que, de momento, están teniendo las principales potencias económicas para liderar un cambio substancial en el insostenible paradigma productivo imperante. Las consecuencias, como de costumbre, es que paguen los países de la periferia, en este caso a través de la promoción de un nuevo mercado de sobras.

En consecuencia, resulta claro que la derogación del decreto 591/19 anunciada por el ministro Cabandié es un paso en la dirección correcta. Argentina debe concentrarse ante todo en resolver los numerosos problemas de gestión de los residuos propios, para lo cual resulta vital no solo la inversión en la mejora de las capacidades de reciclaje, que es un objetivo de mínima, sino también el desarrollo de una estrategia decidida de disminución de la generación de desechos y de emisión y uso de substancias contaminantes por parte de los hogares y, sobre todo, de las empresas.

En este sentido, los lineamientos de la economía circular pueden resultar de gran utilidad para trazar una hoja de ruta moderna y responsable. De ningún modo se trata de ofrecerse inocentemente como basural de las potencias de turno, como pretendía el decreto sobre residuos peligrosos firmado por el gobierno de Cambiemos en las postrimerías de su mandato.

Una inserción global positiva en materia medioambiental y ecológica implica reconocer y adaptar las mejores prácticas internacionales a la realidad local, y cooperar para contribuir al acervo de conocimiento global a partir de las propias capacidades de investigación y desarrollo nacionales.

El autor es Economista, Investigador doctorando en la Universidad de Santiago de Compostela (miembro del Grupo ICEDE) y del Depto de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación