El plan de Alberto Fernández por la deuda

En mi opinión, el móvil dominante que orienta las acciones de Alberto Fernández en la negociación de la deuda es la reelección. Por lo tanto, sus principales decisiones deben ser analizadas a la luz de la necesidad del Presidente por construir capital político propio, generar gobernabilidad y tapizar el camino para gobernar ocho años, y del peronismo por mantenerse en el poder.

Llama la atención que la mayoría de los analistas se centren exclusivamente en los aspectos financieros y macroeconómicos para interpretar la postura y las actitudes del gobierno en la negociación de la deuda del país. Y que las bitácoras de los acreedores y del FMI no hayan incorporado aún los vectores que mejor explican cómo Alberto Fernández y el peronismo al que pertenece toman las decisiones.

No niego la preocupación que supone en estos momentos la ausencia, por ejemplo, de una estrategia pública clara del gobierno frente a los acreedores y de un plan macroeconómico sustentable que la acompañe. Pero quedarse en ello limita el análisis y la capacidad de generar escenarios útiles.

Mi punto es otro: estos temas deben ser considerados a través de la matriz política e ideológica de Alberto Fernández y de la coalición peronista que lo acompaña en el gobierno, es decir, de cómo ellos perciben sus necesidades y restricciones para asegurar la gobernabilidad y favorecer su permanencia en el poder, reelección mediante. Veamos.

Por primera vez desde el advenimiento de la democracia un Presidente de la República carece de poder electoral. Su capacidad de gobernar depende del poder delegado por su vicepresidenta -que lo designó- y de las herramientas que la Constitución Nacional le otorga al Primer Mandatario.

Así, el éxito de la negociación con los acreedores resultará clave para reconstruir la capacidad de pago del país, pero tanto o más para ampliar la base de sustentabilidad política y electoral de Alberto Fernández.

En segundo lugar, en la visión del gobierno peronista la reelección presidencial y la negociación de la deuda están íntimamente relacionados. Alberto Fernández considera que para generar gobernabilidad y por ende reelegir en 2023 debe postergar los pagos a los acreedores para esa fecha.

Esto explica las previsiones que el Ministro de Economía, Martín Guzmán, expuso recientemente: no habrá ahorros suficientes para comenzar a pagar la deuda hasta el año 2023, es decir, casualmente, mientras dure este mandato presidencial.

Por lo tanto, la postergada fecha de pago no responde inicialmente a un modelo econométrico sino a la percepción de la política y de los tiempos electorales del gobierno. Así, lo relevante por considerar no es la presunta sincronía entre el crecimiento del PBI y la capacidad de pago de la deuda que argumenta el ministro Guzmán -y que hoy se debate como si fuera lo único importante-, sino que dicha fórmula coincide (se la hace coincidir) con la próxima elección presidencial, sobre la cual Alberto Fernández tiene sus aspiraciones.

No afirmo que el ministro Guzmán tenga como móvil principal el que orienta a Alberto Fernández, pero sí que ambos confluyen hacia el mismo horizonte.

Por si quedan dudas, Máximo Kirchner aseguró que “vamos a dar la única pelea que importa, que es terminar con la extorsión de los buitres, del Fondo y de los acreedores”. El mensaje es claro: en su opinión serán los acreedores y el FMI quienes financien la permanencia del peronismo en el poder, aceptando la postergación de los pagos de la deuda.

Este dato me parece relevante para el análisis. El gobierno considera que sus decisiones reproducen en parte una acción del gobierno anterior: Mientras que Macri subvencionó su plan reeleccionista -que finalmente fracasó- con el blanqueo y la explosión del endeudamiento público, Fernández busca ahora financiar el suyo a través de mayores impuestos a los sectores medios y medios altos de la población y la postergación de los pagos de la deuda, castigando a un amplio sector de los votantes opositores, a los acreedores y al FMI.

La aparición de estos días de Cristina Kirchner responde a lo mismo. El gobierno se ha ocupado de instalar en los medios de comunicación y en el mercado que los acreedores deberán aceptar la postergación de pagos que pregona el Presidente, o atenerse a las consecuencias del default, una opción peor que los funcionarios asocian con la Vicepresidenta.

En síntesis, si esta visión del gobierno se mantiene y se expresa en la negociación con los acreedores internacionales, es muy probable que los negociadores argentinos privilegien ampliar la postergación de los pagos antes que un fuerte recorte en los montos de la deuda, o una combinación de ambos (manteniendo siempre como objetivo principal los cuatro años de gracia), quizás incorporando un pago anticipado como muestra de “buena voluntad”.

En este contexto, se espera que la negociación de la deuda recorra un camino signado por la beligerancia, la confusión y la incertidumbre. Los acreedores y el FMI se preguntarán más de una vez si el gobierno preferirá ir al default si el reclamo de una fuerte postergación de los pagos no es aceptado.

Del lado del gobierno, basar la estrategia exclusivamente sobre la visión que acabamos de señalar también presentará dificultades y límites.

Por ejemplo, nada garantiza que el gobierno vaya a tener éxito en todo lo que busca, máxime si se tiene en cuenta que este año vencen algo más de 4 mil millones de dólares de deuda ley extranjera (sin contar multilaterales y Club de París). Muy poco para que el gobierno pueda sostener con éxito el fantasma del default. En este caso, es posible que los acreedores privados crean que el país honrará estos vencimientos, y prefieran alargar los tiempos de la negociación para obligar al gobierno que limite sus pretensiones y presente un plan macroeconómico y monetario creíble y sustentable que garantice los pagos de las deudas reperfiladas.

Además, la opción de “cuatro años de gracia, con quita, o default”, que responde a una lógica política, difícilmente logre convencer a los acreedores, cuyos incentivos son otros, y que basan la negociación en propuestas de pago creíbles y sostenibles.

Por último, la negociación con el FMI va a obligar al gobierno a reveer algunas decisiones que considera intocables, como el mantenimiento del súper cepo, y el congelamiento de tarifas y del precio del dólar oficial.

Resulta llamativo que con semejante panorama el gobierno insista con lograr un acuerdo por la deuda a fin de marzo próximo. Por el contrario, lo esperable es que haya que esperar un par de meses sólo para tener una primera idea de hacia dónde se orientan las negociaciones. Este es un primer capítulo de muchos, con final incierto.

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